El papel del derecho en reducir la violencia contra niños, niñas y adolescentes

Esta semana, tanto periódicos como revistas, han divulgado la aprobación de una ley que prohíbe toda forma de castigo físico dirigida contra niños, niñas y adolescentes. Parecería una reforma que llega demasiado tarde, si bien todavía algunos congresistas rehusaron apoyarla por considerar que representaría una intromisión del Estado en la familia. Lo cierto es que los ponentes parecían canalizar un clamor popular dirigido a reducir la violencia que padecen niños, niñas y adolescentes cotidianamente. Cuando indagué un poco, descubrí que la ley fue aprobada en junio del año pasado y que su alcance es bastante moderado. De hecho, me pareció que está redactada de manera tan poco técnica que será realmente difícil pensar que pueda contribuir en el propósito para el que fue formulada.En efecto, la ley que prohíbe el castigo físico y los tratos crueles y humillantes a niños, niñas y adolescentes, incluye tres medidas. La primera, es una definición de la violencia, el castigo físico y los tratos crueles y humillantes. La segunda, es un cambio en el artículo 262 del Código Civil relativo a la facultad de los padres de corregir a sus hijos. La tercera, es un mandato al ICBF, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Nuevas Tecnologías de crear una Estrategia de Prevención del Maltrato. No sabe uno si llorar o reír ante la ingenuidad de un Congreso que cree o bien que esto no se le había ocurrido a nadie antes, o bien que esto podría servir para que se logren cambios culturales significativos. Lo más grave, en mi concepto, es que reinscribe la idea de que el Congreso debe dedicarse a reformas “simbólicas” y que debe repetir lo que ha dicho la Corte Constitucional en su jurisprudencia para que se considere obligatorio.Empecemos por la Constitución de 1991. En su artículo 44, expresamente consagró el derecho de los niños a la vida y la integridad física, al cuidado y al amor y a una vida libre de violencia física o moral. La Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, por su parte, incluye en su artículo 18 lo siguiente: “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.” El mismo artículo continúa definiendo el maltrato infantil como: “toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona”.Se ha mencionado en los medios que la reforma importante es la que se hizo del artículo 262 del Código Civil. Este artículo está incluido en un capítulo sobre derechos y obligaciones de los padres. En la versión que incluía el Código aprobado en 1887, señalaba que los hijos debían obediencia al padre y que este podía solicitar su arresto hasta por un mes en un establecimiento correccional. Fue modificado en 1974, cuando el decreto legislativo 2820 sobre Igualdad de Sexos, eliminó la atribución exclusiva del padre y la facultad de someter al hijo a arresto.La Corte Constitucional se había pronunciado específicamente sobre la parte del artículo que señalaba que los padres podrían sancionar moderadamente a los hijos indicando que era exequible en el entendido que: “de las sanciones que apliquen los padres y las personas encargadas del cuidado personal de los hijos estará excluida toda forma de violencia física o moral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 42 y 44 de la Constitución Política” (Sentencia C-374 de 1994, MP. José Gregorio Hernández). La nueva redacción es casi igual, pero técnicamente equívoca: “Las familias, los progenitores, las personas encargadas del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes o quienes tengan su representación legal, tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos excluyendo cualquier forma de violencia. Queda prohibido el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o disciplina.” Se repite lo concerniente a que no están permitidos los castigos físicos ni tratos crueles, pero se agrega que la facultad de vigilar a los niños es de “las familias” y no solamente de los padres. No es un cambio irrelevante en un país en el que se registran altas tasas de violencia por parte de familiares que no son padres o que siendo padres no tienen la representación legal o el cuidado personal de los niños. Al menos la versión anterior limitaba la facultad de vigilancia y corrección a quienes tenían a los niños legalmente a su cargo.Otras normas completamente irrelevantes, por lo repetitivas, son las relativas a la prevención del maltrato infantil. No solamente es todo el Código de Infancia y Adolescencia, en sí mismo, una estrategia para proteger a los niños, y una que cuenta con autoridades y procedimientos propios, sino que el ICBF lleva más de cincuenta años dedicado a diseñar y desarrollar estrategias para prevenir la vulneración de derechos de los niños. Repetirle a una autoridad que siga haciendo lo que ya hace, sin entregarle recursos nuevos, sin cambiar su estructura, sin cambiar los mecanismos de los que dispone para intervenir, es casi insultante de lo inocuo. No es verdad que el maltrato infantil no pueda resolverse.Existen países en los que el maltrato infantil no es la normalidad que se vive en los hogares. Las normas jurídicas relacionadas con la distribución de los bienes al interior del hogar, con el divorcio y con las cuotas alimentarias tienen mucho más que ver con la angustia que viven los niños y niñas a diario que la prohibición o autorización de castigar. También son importantes las normas relacionadas con los reportes de violencia y las medidas que pueden adoptarse para resolverlas. En mi trabajo he encontrado, por ejemplo, que los profesores y profesoras pueden ser mucho más eficaces en proteger a los niños y niñas de entornos violentos que sus mismos familiares. No obstante, las normas jurídicas no reconocen este papel y los excluyen del proceso de protección. Valdría la pena que nuestros congresistas trabajaran menos por hacerse visibles a través del escándalo y trabajaran más con las comunidades para entender cómo es que la norma puede proteger eficazmente los derechos.