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Opinión

  • | 2018/08/04 19:02

    Entre la rubia y la morena

    Por ejemplo, el caso Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Nixon, muy posiblemente no hubiera logrado ese desenlace si los periodistas no hubieran publicado las evidencias que la justicia se demoraba en ver.

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Tengo dos amigas a las que respeto y quiero mucho. Las dos son periodistas y las dos ejercen con brillo su profesión. Casi siempre estoy de acuerdo con ellas en los asuntos fundamentales de nuestro oficio, aunque a veces estamos en las antípodas políticas. Las últimas semanas hemos tenido edificantes discusiones, por separado, a raíz de la publicación de una serie de seis columnas en las que he mostrado una parte –por cierto mínima– de las evidencias que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a citar a indagatoria al señor expresidente Álvaro Uribe por los eventuales delitos de soborno y fraude procesal.

Las dos piensan que estoy equivocado por motivos diferentes.

Una de ellas cree que estuvo mal buscar, contextualizar y publicar las pruebas. Siente que esas columnas puede afectar el desarrollo de la investigación judicial y permitir que este caso se convierta en otro de los muchos contra el senador Uribe o sus allegados que ha quedado en la total impunidad.

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La otra amiga y colega también está en desacuerdo conmigo, pero por razones bien distintas. Ella piensa que un gobierno que empieza necesita una pausa y que la labor del periodista consiste, en buena medida, en respaldar la democracia. Cree firmemente que esta investigación judicial debe desarrollarse lejos del reflector público y que resulta especialmente inconveniente que sea precisamente yo quien haya publicado esas pruebas.

Nunca será fácil para un periodista resolver dilemas como estos.

Mis amigas tienen argumentos válidos para la discusión. Sin embargo, discrepo de las dos porque pienso que la misión social del periodismo es buscar las verdades que los poderosos quieren ocultar y ponerlas a la vista de los ciudadanos. Y también porque creo que el periodismo no puede buscar adaptarse a los tiempos de la política o de la administración de justicia.

Por ejemplo, el caso Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Nixon, muy posiblemente no hubiera logrado ese desenlace si los periodistas no hubieran publicado las evidencias que la justicia se demoraba en ver.

Vamos por partes. La función del periodista no es la aplicación de justicia, sino la difusión y el análisis de los hechos de interés público. En procesos judiciales no es posible que la investigación periodística tenga que esperar a la decisión de un juez, o de la Corte Suprema, antes de informar.

Así como el periodista no tiene el poder o la discrecionalidad de enviar a alguien a la cárcel, los jueces no pueden determinar qué es lo que tienen derecho a saber los ciudadanos. La reserva del sumario obliga a los sujetos procesales, pero no puede limitar el ejercicio periodístico. Lo contrario sería un golpe letal a las libertades de expresión, de prensa y de opinión.

Por ejemplo, el caso Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon, muy posiblemente no hubiera logrado ese desenlace si los periodistas no hubieran publicado las evidencias que la justicia se demoraba en ver.

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El periodismo no puede ser una rama auxiliar de la justicia. Su papel en la sociedad es más modesto, quizás, que el de la administración judicial, pero debe garantizar el derecho de la gente a conocer. La justicia en su sabiduría dicta sentencias, pero los ciudadanos no renuncian a tener su propio concepto sobre lo que pasa.

Ahora bien, es cierto que sin democracia no hay ni justicia independiente, ni periodismo libre. Por eso mi otra amiga cree que los periodistas debemos ser institucionalistas.

Aquí viene una claridad importante. El periodismo para defender la democracia debe ser un contrapeso del poder, de todos los poderes: del Ejecutivo, del Legislativo, incluso del Judicial. También del poder empresarial, del eclesiástico, pasando por el poder de los medios que en algún momento piensan que tienen la autoridad de decidir lo que la gente puede saber o no.

Una de las obligaciones esenciales que tenemos como ciudadanos y como periodistas es defender el imperio de la ley, que significa que nadie por importante, popular, influyente o poderoso que sea esté por encima de la Constitución y de las leyes.

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Volviendo al Watergate, una de las lecciones más importantes de institucionalidad que trajo fue que ni el presidente del país más poderoso del mundo estaba exento de responder por sus acciones.

La popularidad o el respaldo mayoritario no pueden convertirse en un burladero frente al escrutinio público y a la administración de justicia.

El tema podría seguir, pero todo esto es solo para decirles a mis dos amigas y a ustedes que seguiré investigando el caso y publicando todo aquello que considere verificado, relevante y de interés público.

P.D.: El próximo martes el nuevo presidente de la república, Iván Duque, tomará posesión diciendo “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”.

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