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Julio Londoño Paredes
Julio Londoño Paredes, excanciller de Colombia y especialista en temas de fronteras y límites de Colombia, posa el martes 26 de enero de 2016, en Bogotá. Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA - Foto: Carlos Julio Martínez

El síndrome de la solución obligatoria de controversias

Nuestro país fue uno de los primeros en formular la declaración de aceptación de la jurisdicción de la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional, en 1932 y en ratificar el Pacto de Bogotá en 1968.


Por: Julio Londoño Paredes

Ayer la Corte Internacional de Justicia emitió el fallo sobre la demanda presentada por Nicaragua sobre violaciones por Colombia a sus derechos sobre su zona económica exclusiva. Igualmente, sobre la contrademanda colombiana, por el trazado de líneas de base recta con las que Nicaragua, pretendía extender su jurisdicción marítima hacia el Este, así como los derechos tradicionales de pesca de los raizales.

La Corte le dio la razón a Nicaragua en que Colombia había incurrido en violaciones a su zona económica exclusiva. Sin embargo, señaló que las líneas estaban en contra del derecho internacional.

Aceptó que Colombia tenía derecho a establecer una zona contigua de 12 millas alrededor de las islas y cayos del archipiélago. No obstante, señaló que la zona había fijado Colombia tampoco se ajustaban a las normas internacionales.

Colombia ha proclamado que se siente muy satisfecha con el fallo y Nicaragua ha dicho que obtuvo un triunfo contundente. Qué maravilla para la Corte, que para ella es el mejor escenario.

En el fallo de 2012 sucedió otra cosa. Aunque la Corte consideró que había dado en buena parte la razón a Colombia, el gobierno Santos en plena campaña electoral dijo lo contrario y Nicaragua, perdedora en buena parte, pero teniendo que Ortega el control de los medios, dijo lo mismo: que había salido triunfadora. La pregunta objetiva es: ¿porqué Colombia fue a la Corte?

Hay países que tienen tendencias generales en su política internacional, y no se desvían de ellas significativamente, no importa el gobierno que puedan tener. En América Latina hay varios ejemplos, entre ellos el de Brasil, en donde la línea marcada por la Cancillería ha prevalecido desde hace décadas con regímenes militares, socialistas o derechistas.

Colombia, en términos generales, ha seguido esa línea en la política internacional. Una de ellas fue la de, erróneamente, constituirse en el adalid de la solución obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, convencida que con eso generaba ante la comunidad internacional la impresión de una sólida democracia.

No obstante, solo la tercera parte de los Estados de las Naciones Unidas habían aceptado la jurisdicción obligatoria y ninguno de ellos era de las cinco potencias, miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Nuestro país fue uno de los primeros en formular la declaración de aceptación de la jurisdicción de la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional, en 1932 y en ratificar el Pacto de Bogotá en 1968.

La aceptación de la competencia de la Corte en 1932 y 1937 se derivó del interés en que un distinguido jurista bogotano pudiera ser designado como juez de la Corte, para lo cual en ese entonces era necesario que Colombia hubiera aceptado la jurisdicción del alto tribunal.

Igualmente, la ratificación del Pacto de Bogotá, que establece la obligación de acudir a la Corte Internacional de Justicia, se debió a la insistencia de un distinguido jurista muy vinculado a los círculos políticos nacionales.

Se le olvidó al Gobierno colombiano que, sin necesidad de aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, podía en cualquier momento de mutuo acuerdo con otro Estado presentar un caso ante el alto tribunal. Colombia misma lo había hecho de mutuo acuerdo con el Perú en 1949, en el caso del asilo del político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre.

Con el síndrome de ser campeones de la jurisdicción obligatoria de la Corte no nos fue bien.