Colombia está viendo algo mucho más grave que una ola de atentados. Lo que ocurre en el suroccidente del país tiene un trasfondo político que el Gobierno intenta esconder detrás de discursos confusos, enemigos imaginarios y una narrativa diseñada para preparar el terreno rumbo a las elecciones de 2026.
Las explosiones en Cauca y Valle del Cauca, los carros bomba, los ataques sobre la vía Panamericana y el terror que ha paralizado durante días a varias poblaciones dejaron al descubierto una realidad aterradora. Hoy los narcoterroristas de las Farc se mueven con una confianza que revela hasta qué punto el país perdió control sobre regiones enteras, mientras desde la Casa de Nariño se impulsaba una estrategia que terminó favoreciendo a quienes viven de la violencia y el narcotráfico.
Todo esto ocurre bajo el gobierno de Gustavo Petro. Durante casi cuatro años se habló de paz total al mismo tiempo que las estructuras criminales se fortalecían. Recibieron oxígeno político, margen territorial y tiempo para reorganizarse. El resultado es evidente. Las disidencias de alias Iván Mordisco dominan corredores estratégicos, controlan economías ilegales multimillonarias y desafían al Estado con una capacidad operativa que hace pocos años habría parecido imposible.
Pero lo más inquietante ya no es solamente el crecimiento de estas estructuras armadas. Lo verdaderamente peligroso es cómo el caos empieza a convertirse en herramienta política.
El petrismo sabe que enfrenta un escenario electoral complejo. El desgaste del Gobierno es inocultable. La inseguridad, la corrupción, el deterioro económico y la radicalización del discurso han erosionado buena parte de su respaldo. También saben que su apuesta para 2026 no logró despertar el entusiasmo que esperaban.
El nombre de Iván Cepeda aparece como la carta de continuidad del petrismo, pero las cifras no despegan. Hay señales claras de estancamiento, como lo ha demostrado la última encuesta de AtlasIntel para Revista Semana, que ya refleja una tendencia muy marcada. Y en la Casa de Nariño entienden algo que los inquieta profundamente: si la elección llega a una segunda vuelta, la derrota es inminente.
Por eso el discurso empezó a cambiar.
Desde sectores cercanos al Gobierno se insiste ahora en hablar de supuestas amenazas contra las garantías electorales. Empiezan a sembrar dudas sobre el proceso democrático antes de que arranque oficialmente la primera vuelta. Intentan instalar la idea de un país encaminado hacia unas elecciones inviables bajo condiciones normales. ¿A quién beneficia realmente este clima de miedo?
Mientras el país enfrenta una escalada terrorista impulsada por organizaciones armadas de origen marxista y de extrema izquierda, Petro intenta desviar la atención culpando a la derecha, hablando de conspiraciones y fabricando enemigos políticos útiles para profundizar la polarización.
La historia de esas estructuras armadas es conocida. Las Farc no nacieron desde sectores conservadores. Durante décadas justificaron secuestros, asesinatos y narcotráfico bajo una doctrina revolucionaria de extrema izquierda. Esa es la historia que hoy intentan distorsionar.
Por eso resulta tan grave lo que está ocurriendo. El país empieza a entrar en una dinámica en la que el terror termina siendo funcional políticamente.
Claramente, para ellos un país asustado es más fácil de manipular.
Cuando las bombas estallan y desde el Gobierno se repite que no existen garantías suficientes, se crea el ambiente perfecto para sembrar desconfianza sobre el resultado electoral, mantener cohesionada una base radicalizada y alimentar la idea de una amenaza permanente contra el proyecto oficialista. Colombia ya conoce las consecuencias de mezclar violencia armada con ambiciones ideológicas.
Cada vez que el miedo se convierte en instrumento político, las instituciones empiezan a deteriorarse. Y eso es exactamente lo que hoy está ocurriendo. Los hechos muestran señales demasiado graves para ignorarlas. Bajo la lógica de la paz total, el Estado redujo presión militar en regiones estratégicas justo cuando las disidencias expandían control territorial y fortalecían sus estructuras criminales. Al mismo tiempo, se les otorgó reconocimiento político y espacios de interlocución. Ahora, en medio de la peor ofensiva terrorista de los últimos años, el discurso oficial parece más concentrado en señalar enemigos internos y advertir sobre supuestas amenazas electorales que en destruir a los responsables de la violencia.
Esa coincidencia entre debilitamiento institucional, fortalecimiento narcoterrorista y utilización política del miedo empieza a revelar algo profundamente alarmante: una convergencia de intereses entre sectores del Estado y organizaciones armadas que históricamente han intentado tomarse Colombia a través del terror.
Y si el país no despierta a tiempo frente a lo que está ocurriendo, 2026 no será solamente una elección. Puede convertirse en el año en que Colombia termine de caer en una espiral en que el miedo, el terrorismo y la manipulación política destruyan las últimas barreras de la democracia y arrastren al país hacia un punto de quiebre del que quizá ya no haya retorno.