Colombia atraviesa un momento en el que el silencio empresarial se puede leer como retirada. El empresariado que durante los últimos años ha demostrado, con hechos y no solo con discursos, que es posible generar rentabilidad e impacto social al tiempo, tiene hoy la responsabilidad de decirlo en voz alta: reiterar que ese compromiso se mantiene, que los avances sociales que ha impulsado ya son una realidad tangible en los territorios y que la disposición a seguir construyendo país sigue intacta. No es un gesto de PR; es un statement necesario en un momento en que Colombia necesita oírlo con fuerza.
Durante décadas, hablar del aporte empresarial al desarrollo de un país se redujo a una cifra: cuánto empleo genera, cuántos impuestos paga, cuánto exporta. Es una fotografía real, pero incompleta. Hoy, cuando la confianza en las instituciones es frágil y la desigualdad territorial sigue siendo la gran deuda de Colombia, urge ampliar esa conversación: no basta con que las empresas hagan cosas buenas de forma adicional a su negocio; el reto es que su negocio mismo sea la solución.
Ese es el giro que ha vivido la responsabilidad corporativa en los últimos veinte años. Pasamos de la filantropía a la responsabilidad social empresarial, que empezó a mirar riesgos ambientales y laborales dentro de la operación. Hoy estamos en una tercera etapa, la de los negocios de impacto: compañías que desde su propósito fundacional buscan generar valor económico, social y ambiental simultáneamente, y que miden ese valor con el mismo rigor con el que miden su rentabilidad. No es una moda semántica. Es una respuesta a un mercado, un talento y a una comunidad que ya no aceptan las buenas intenciones sin evidencia.
Colombia no es ajena a esta transformación, y las cifras lo confirman. El movimiento de empresas B ha crecido de forma sostenida en el país. Según cifras recientes de sistema B, las empresas certificadas en Colombia representan cerca del 1 % del PIB nacional y generan más de 30.000 empleos directos y otros 150.000 indirectos. Ese dato es clave, porque el verdadero desafío del desarrollo colombiano no está solo en crear empresas, sino en que su crecimiento se traduzca en bienestar en las regiones donde operan.
Y hoy hay muchos colombianos que sienten miedo de que esa realidad en la que las empresas los miran a los ojos, los sientan en sus mesas, los escuchan y los ven realmente, desaparezca.
Por eso es clave reiterarlo con firmeza, pero sobre todo seguir haciendo y construyendo empresa desde las regiones. Si pensamos en renglones clave para las regiones, vemos que una de las palancas económicas que se puede potenciar exponencialmente es el turismo.
El turismo comunitario bien entendido no es un gesto de responsabilidad social periférico: es un modelo de negocio que articula directamente la operación de una empresa con las capacidades, los saberes y la economía de una comunidad. Colombia tiene un potencial enorme.
El turismo receptor generó 54,7 billones de pesos en el último año, con un crecimiento cercano al 8 % frente al período anterior, y ciudades como Medellín ya están construyendo hojas de ruta formales: solo en 2025, más de 400 actores comunitarios recibieron formación en calidad de servicio, diseño de experiencias turísticas y narrativa territorial. Casos como el de Siloé, en Cali, el de San Luis de Palenque en Casanare, el de Amazonas, u otros más incipientes como Dibulla, muestran que cuando una comunidad se apropia de su territorio como producto turístico, y una empresa acompaña ese proceso con inversión, capacitación y canales de comercialización, el resultado no es solo un ingreso adicional: es dignidad económica y arraigo.
Para empresas con operaciones regionales —energía, agroindustria, infraestructura, minería, turismo mismo— el turismo comunitario puede ser mucho más que un programa de relacionamiento con grupos de interés. Es una vía concreta para generar capacidades locales, diversificar la economía de territorios que dependen de una sola actividad extractiva o agrícola, y construir la licencia social que ninguna estrategia de comunicaciones puede comprar.
Por eso este es el momento de una declaración en voz alta, no de un silencio prudente. El empresariado que ya demostró de qué es capaz tiene que decirlo con la misma claridad con la que lo ha ejecutado: seguimos aquí, seguimos comprometidos, y seguimos dispuestos a escuchar.
Porque hay una Colombia que se siente atrás, que necesita ser oída, y esa no está en los comunicados de prensa ni en los paneles de sostenibilidad: está en los territorios, en las comunidades que llevan años construyendo sus propias capacidades y que hoy le piden al sector privado que mantengan una alianza a la altura de lo que ya han demostrado que son capaces de hacer.
Reivindicar el rol empresarial no es un ejercicio de vanidad; es reconocer, con datos sobre la mesa, que buena parte del futuro económico y social de las regiones colombianas depende de que sigamos construyendo negocios que entiendan el impacto no como un anexo, sino como el corazón mismo de su estrategia.
María Carolina Cortes Arce
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia con Maestría en Estudios Multidisciplinarios del Desarrollo y Especialización en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Se desempeñó como vicepresidente de Reputación y Comunicaciones Corporativas de Avianca por casi una década. Fue Socia de Dattis y consultora en LLYC en gestión del relacionamiento institucional y el posicionamiento de organizaciones públicas y privadas en Colombia y América Latina. Inicio su carrera en el Departamento Nacional de Planeación en la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas.