Estado fallido

¿Qué se requiere para pasar de una situación de vida precaria a la indigencia?

¿Qué hace falta para que la salud se deteriore de un momento a otro por desatención de un síntoma menor?

¿Por qué empresas exitosas entran en un ciclo acelerado de decadencia y quiebran?

Son preguntas complejas que podemos trasladar al comportamiento de las naciones. Para Colombia son pertinentes. Nuestro país fue considerado durante gran parte de los noventa como un estado fallido.

A muchos les resulta una discusión impertinente, pesimista e irreal. Varias premisas propician la mansa convicción de que la coyuntura actual no es peor que la vivida en gobiernos anteriores y que las ineficiencias, corruptelas e improvisaciones del actual gobierno son como las anteriores.

Unos alegan que la presencia guerrillera y de organizaciones narcotraficantes en gran parte del territorio ha existido siempre, que la falta de justicia es endémica, que la pobreza y la desigualdad siempre ha sido muy alta y que a pesar de todo ello el país se mantiene andando.

Otros, curtidos en las artes de la intriga y la navegación, alegan que el país ha vivido siempre en crisis y que la institucionalidad existente es capaz de mantener vigente el estado de derecho, así su vigencia en el territorio sea marginal.

Finalmente, los leales al nuevo gobierno, promueven la especie de que la oligarquía, la burguesía y los enemigos de clase son los que se resisten al cambio y crean el caos que se apodera del país.

Lo complejo es que la pendiente de la decadencia es constante, resbalosa y leve. Es riesgosa por ser imperceptible.

En el proceso de negociación con el ELN los partícipes van a pactar un nuevo modelo económico de espaldas al país. Este hecho, ya admitido por los negociadores del gobierno, no solo es antidemocrático, sino que profundiza la incertidumbre en los agentes económicos nacionales e internacionales.

Grandes organizaciones mafiosas se enfrentan al gobierno alegando precisos compromisos de impunidad, abusan del cese de operaciones unilateral de la fuerza pública, siembran más coca y le apuestan a un estatus político con control territorial.

Esas mafias controlan combos urbanos que no limitan su accionar al microtráfico, sino que se expanden a la extorsión y micro extorsión y reclutan miles de juveniles en las barriadas de las capitales.

La prensa, los grupos económicos, la academia, los centros de pensamiento y el congreso parecen haber aceptado, en contra de la regla fiscal, que Colombia no debe urgentemente recuperar el grado de inversión mediante la moderación del gasto y del endeudamiento público. El ministro de hacienda logró hacerle el quite al marco fiscal de mediano plazo, elevando los costos del crédito público y sembrando las bases para una nueva reforma tributaria en 2024. Predomina la premisa de que el presupuesto nacional debe seguir creciendo sin límite.

La única reforma a la justicia que se plantea reduce o elimina las penas en delitos de amplio impacto y plantea una ley de sometimiento escandalosa. Nada se hace para fortalecer el sistema carcelario, el sistema acusatorio o el pie de fuerza, ignorando la angustia grande de la población que sufre el azote de la criminalidad.

Las Farc ven en la debilidad del gobierno la oportunidad de oro de reabrir las negociaciones de la Habana, no solo rescatar a quienes los incumplieron, humillando a toda Colombia, sino para quienes, con o sin beneplácito de los firmantes, no han cesado el terrorismo y el narcotráfico.

La extracción ilegal del oro se amplifica con daños ambientales, destruyendo a la minería legal y financiando a las organizaciones armadas ilegales, mientras la reforma tributaria dio un puntillazo mortal a la industria del petróleo y el carbón y el ministerio del ramo está comprometido con ahuyentar toda nueva inversión en el sector.

La venta y construcción de vivienda ha perdido su estelar dinámica debido al saboteo específico del ministerio del ramo a “Mi casa ya”, con efectos graves en el empleo y en la estabilidad de la banca.

La ministra de salud sigue propiciando la quiebra de las EPS dilatando el pago de los ajustes de presupuestos máximos y colocando al sistema en una crisis sistémica.

La inflación no cede, ni cederá, mientras se mantenga el chorro de subsidios no condicionados que alimenta el consumo y la inacción institucional en estimular la oferta de alimentos local.

Hay que actuar políticamente ahora. Marchando en las futuras convocatorias, escribiendo a los congresistas para que no aprueben malas reformas, denunciando la criminalidad que nos afecta, apoyando a la fuerza pública, haciéndose militante de un partido y apoyándolo.

No podemos permanecer inermes. No podemos esperar a que las guerrillas nos encierren en las ciudades, que nos descertifiquen como narco democracia o que llegue otra ruinosa devaluación. ¡Nuestro futuro requiere acciones ya!