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JUAN MANUEL CHARRY

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Financiar subversión o chantaje social

Nada, ni la anhelada paz, justifica la financiación de la violencia ni la intimidación por porte ilícito de armas.

Redacción Semana
16 de noviembre de 2023

Las negociaciones con los grupos insurgentes y un gobierno con esa misma procedencia, el secuestro del padre de un conocido futbolista, y las declaraciones del ministro del Interior en el sentido que se debería dar financiación a esos grupos (coincidiendo con jefe del ELN), como en el pasado a manifestantes vándalos, muestran las inconsistencias del gobierno del cambio.

La Constitución permite, mediante ley de mayorías calificadas, se concedan amnistías e indultos a quienes cometen delitos políticos, en forma similar a la constitución anterior. Por distintas razones, estos beneficios se extendieron a delitos conexos, que después se han ido limitando, por ejemplo, con la exclusión del secuestro.

De otra parte, la misma Constitución garantiza y protege los derechos y libertades a todas las personas, en igualdad de condiciones. Como también establece que la autoridad debe perseguir y hacer comparecer ante los jueces a los infractores de la ley penal.

Lamentablemente, los rebeldes han acudido en múltiples ocasiones al secuestro como una de las formas más repudiables de extender el conflicto a la población civil y violar el Derecho Internacional Humanitario.

Han sido muchas las amnistías e indultos concedidos a lo largo de la historia republicana, sin que se haya logrado alcanzar la paz de manera permanente y consistente. Se ha abusado del diálogo y del perdón, se ha hecho política improductiva de coyuntura, y se han obtenido beneficios económicos y sociales de esas situaciones. Hasta se ha intentado negociar con la Constitución, las políticas públicas, los planes y programas, y los presupuestos, en equivocada forma de cogobierno, convirtiendo la violencia en atajo político.

El Estado, por definición, tiene el monopolio de la fuerza y de las armas. Nada, ni la anhelada paz, justifica la financiación de la violencia ni la intimidación por porte ilícito de armas. En otros términos, nadie está obligado a financiar a sus potenciales agresores.

El Estado de Derecho se caracteriza por el cumplimiento de las reglas, del ejercicio de la ciudadanía como respeto del derecho de los demás, por el control a la autoridad, de ahí surge la convivencia pacífica y la paz, sin calificativos. La sociedad está cansada de los eufemismos burocráticos y políticos, del espectáculo y la propaganda oficial.

Es cierto que hay inequidad, mala distribución de la riqueza y de las oportunidades, pero la solución no es suplir ni compensar el producto del delito. Los expertos en derecho penal nos dirán si proponer estas flacas soluciones son más bien formas de apología del delito.

En fin, proponer financiar a los grupos armados ilegales con la ingenuidad de que cesarán su conducta ilícita, no solo desconoce el orden constitucional y legal, sino que constituye una forma de chantaje a la sociedad, si no me das te lo quito.

Los hechos han demostrado que el camino de la transacción con el delito no lo evita, en cambio, genera incentivos perversos y afecta la legitimidad de las instituciones.

El cambio no es seguir negociando con insurgentes, como se ha hecho históricamente, es generar condiciones de seguridad, bienestar, unidad y progreso. Una Colombia potencia de vida no es posible bajo el chantaje de la muerte y el secuestro.

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