¿Hasta el segundo centenario?

A los campesinos colonos de las alejadas zonas del país en donde existen cultivos ilícitos no se les avisa ni el día ni la hora en las que las unidades de erradicación de la Policía Antinarcóticos llegarán a arrasar por completo con su medio de subsistencia. Llegan y se devuelven en sus sofisticados helicópteros y modernas avionetas de aspersión sin cruzar muchas palabras con los productores de hoja de coca, y los dejan inmersos en una profunda incertidumbre por no saber de qué van a comer al siguiente día.

Según los cálculos confiables de la Policía Antinarcóticos, el año pasado se erradicaron en Colombia cerca de 137.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, de los cuales tan solo el 2 por ciento fue por medio de la erradicación manual. Así mismo, en el último comunicado de la oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (Unodc), acerca del monitoreo satelital a los cultivos ilícitos, se señaló que sólo hubo una reducción del 7 por ciento en las áreas sembradas de coca, al pasar de 86.000 hectáreas en 2003 a 80.000 en 2004.

Si realizamos una pequeña regla de tres, bajo estas circunstancias, la Policía necesitará fumigar cerca de dos millones de hectáreas de coca para erradicarla totalmente del país, si se tiene en cuenta el ritmo con que crecen en nuevas regiones como lo son el departamento de Nariño y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Tan solo con el uso del sentido común, se puede evidenciar que la guerra de los cultivos ilícitos en Colombia necesita ser replanteada. Es obvio que las fumigaciones aéreas no solamente dejan tristes y desamparados a los campesinos, sino que son apenas una pequeña herramienta de corto plazo para acabar con la imagen de coqueros que tenemos frente al mundo y con una importante fuente de ingresos de la guerrilla y de las, presuntamente desmovilizadas, autodefensas.

Pensar en fumigar dos millones de hectáreas llevará a los colombianos a esperar 14 años, con los recursos que tenemos hoy día, para ver por lo menos nuestros parques naturales sin la amenaza del glifosato, con las respectivas pérdidas de vida, dinero y de bienestar para los campesinos. Coincidentemente, este lapso es el mismo que el presidente Uribe propuso para alcanzar sus ambiciosas metas en su famoso documento Visión Colombia II Centenario: 2019. Parecería que su equipo de asesores hubiera realizado este mismo cálculo para no celebrar el segundo centenario en 2010.

¿Hacia donde se deben enfocar los esfuerzos entonces, si no queremos esperar hasta 2019? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para detener el crecimiento de los cultivos ilícitos sin que los campesinos víctimas de las fumigaciones vuelvan a sembrar? Son interrogantes no muy fáciles de aclarar, y responderlos nos lleva a considerar varios aspectos. Primero, es muy difícil que los campesinos colombianos pongan sus ojos sobre el cultivo de plantaciones lícitas, frente a las grandes ganancias que les ofrece la coca o la amapola. La excusa o el pretexto típico de un productor común es que "el gobierno sólo ofrece yuca y plátano y eso no deja nada" y por lo tanto una de las políticas debería ser el garantizarles a los campesinos una rentabilidad igual o mayor con la producción lícita.

Segundo, se debe dotar las regiones de una infraestructura mínima para que los productos puedan ser comercializados con facilidad y menores costos. Si se pretende que los sembradores de coca de Putumayo abandonen esta actividad y se dediquen a los palmitos o el caucho, lo mínimo que debe acompañar este proceso es una carretera digna que permita sacar la producción a otros mercados, si se tiene en cuenta que la carretera de Pasto a Puerto Asís presenta tramos aún sin pavimentar en pleno siglo XXI.

Y tercero, que las políticas de erradicación de cultivos ilícitos tengan una plena coherencia con las políticas macroeconómicas del país. No se puede pretender, por un lado, que los campesinos que sustituyen los cultivos ilícitos se dediquen a criar ganado o a la agricultura, mientras que por el otro se firma un TLC que vaya lanza en ristre contra los la producción agrícola nacional. Es así como se llega a la única fórmula para no esperar 14 años de derramamiento de sangre y veneno contra la coca.

En pocas palabras, lo que el país necesita es la erradicación manual y voluntaria de los cultivos ilícitos con alternativas legales sostenibles para los campesinos. La solución de ninguna manera se encuentra en las fumigaciones, con las cuales se oprime al campesino gastando varios 'Planes Colombia' sin salida alguna definitiva y con las que se logra provocar un empeoramiento en los impactos ambientales que originan los cultivos y sus respectivas aspersiones con productos químicos.

Los sembradores de coca, raspachines y demás actores alrededor de la actividad productiva ilícita no son aquellos fenómenos de las peores pesadillas que las autoridades han mostrado, sino personas totalmente racionales, como cualquiera del común, que buscan el negocio que más dinero les genere. Sin duda alguna hoy la coca es un negocio más rentable que sembrar palmitos, y si no se garantiza un mejor margen de ganancias para la producción lícita, es muy probable que el Presidente se vea en la obligación de aplazar sus metas más allá de 2019.

Es muy probable que el principal patrocinador de la lucha antidrogas, Estados Unidos, no sea muy partidario de cambiar las aeronaves fumigadoras con glifosato que ellos mismos producen y venden a Colombia con su propio dinero, por la erradicación manual de los cultivos de coca. Para ellos resulta un negocio contratar sus propias empresas de seguridad y asesoría en vez de entregarles directamente el dinero a los campesinos oprimidos de las hermosas regiones rurales de Colombia. Pero tenemos que decidir de una vez por todas si queremos 14 años de cooperación y buenas relaciones con Estados Unidos, o una salida radical y definitiva al problema de los cultivos ilícitos en nuestras selvas y parques naturales.

* Magíster en Economía. Pontificia Universidad Javeriana
villajuanmiguel@yahoo.com