JEP y dignidad

El gran problema con la justicia que cojea y no llega no solo es la impunidad y el desgaste sicológico y emocional, personal o colectivo que acarrea, sino la indignidad que conlleva. Es una bofetada más sobe la víctima, pero en cámara muy lenta, que se prolonga por años y juzgados, por entre cortes, tinterillos y esos malditos recovecos de los que son capaces muchos abogados. Para las víctimas la impunidad es siempre su condena. Por eso, oír a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz acusar formalmente de secuestro a ocho miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP y afirmar que esta imputación es por crímenes de guerra y lesa humanidad, escucharlos en vivo y en directo le da un respiro a este país siempre sofocado por la impunidad. Seguramente los más feroces detractores de la JEP alegarán que no se necesitaban las 322 páginas con la imputación y sustento, ni tampoco revisar nueve mil hechos, 2456 casos o recoger los miles de folios que recogen las atrocidades cometidas por la guerrilla de las Farc entre 1993 y 2012, para llegar a esa acusación, confundiendo un proceso de justicia transicional con un juicio político. Tal vez por eso la otra justicia, la que no tiene nada de especial, con tanta frecuencia combina política y justicia, aplicando primero el código de intereses personales y no lo que dicta la ley. Pero esos argumentos perderán terreno a medida que la JEP siga mostrando resultados y evidencie que es posible hacer justicia con eficiencia, como en este Caso 001, el cual presentó la primera acusación formal y de alcance nacional –el Secretariado como organismo rector de las Farc-EP- y ahora pasará a fijar las responsabilidades por cada frente de guerra, para identificar y acusar a los responsables con mando regional o mando medio que fueron determinantes a la hora de cumplir con “patrones de criminalidad, que se repiten no de manera casual, sino que obedecen a políticas sistemáticas”, como lo señaló con contundencia el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes. El camino que tomen estas acusaciones no va a dejar totalmente satisfecho a nadie, pero la JEP habrá ayudado a la sanación de este país al aportar verdad y hacer justicia, dentro de los parámetros previstos por este mecanismo transicional. Si avanza con igual determinación y claridad a la hora de acusar a los responsables de los falsos positivos, a los miembros de la fuerza pública y a los agentes del Estado que actuaron como criminales, la razón de ser de la JEP quedará blindada ante el país, en especial para las víctimas directas de la guerra, y perderá fuerza la insistente presión de muchos para modificarla a su acomodo o derogarla alegando que es un tribunal politizado. El ladrón juzga por su condición. Esta semana se vio que no hay tal politización en las acusaciones y que los magistrados de la JEP no solo hacen avanzar los casos, sino que les dicen a las cosas por su nombre. Al hacerlo, mientras muchos colombianos repasábamos a toda velocidad esas imágenes de Ingrid Betancur agotada en medio de la selva, las de los soldados encarcelados como animales, y volvíamos a escuchar la voz de Clara Rojas relatando su infernal parto, o la de cientos de familiares de secuestrados que procuraban enviarles ánimo y noticias de la vida tarde en la noche, la JEP nos recordó que sí es posible que se haga justicia y, de paso, nos devolvió algo de dignidad.