La debacle ambiental y social de Playa Blanca

La historia de Playa Blanca, ese apacible destino de turismo de contemplación y comunión con la naturaleza, cambió para siempre el 11 de abril de 2014 cuando se convirtió en un turismo de basuras, prostitución infantil, invasiones, riñas, tráfico de estupefacientes y constantes excesos.

Este lugar está ubicado a 30 kilómetros del centro de Cartagena y hasta hace pocos años el traslado de sus visitantes se hacía casi exclusivamente por vía marítima, salvo unos pocos que llegaban en sus vehículos, sobre el ferry que atravesaba el Canal del Dique.

Pero con la inauguración del puente ‘Campo Elías Terán’ se dio paso a la llegada masiva de personas. Esto sin que la alcaldía del distrito de Cartagena tomara las medidas preventivas de control y vigilancia que evitaran la afectación ambiental y los desórdenes sociales que se presentan hoy en el lugar y que impactan gravemente el ecosistema que sustenta la supervivencia y calidad de vida de cientos de  familias asentadas en sus inmediaciones.

El capitán de Corbeta Carlos Andrés Martínez Ledesma, quien ha sido uno de sus pocos dolientes y hasta hace pocas semanas el director del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, asegura que “la capacidad de carga de Playa Blanca debería ser de 3.124 personas por día. Sin embargo, según un estudio que adelantamos, tal y como se encuentra en este momento la zona, sólo podría soportar la carga de 125 personas al día. Esta cifra contrasta con los más de 10.000 visitantes que recibe Playa Blanca diariamente”.

 El desgobierno del Distrito de Cartagena

Durante el año 2016 a la playa ingresaron 30.233 vehículos, 4.198 buses y 7.730 motos. Un poco más de 42.000 vehículos que en un año transportaron cerca de 312.000 personas.

La procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios del departamento de Bolívar, Ana Catalina Noguera, responsabiliza directamente a la alcaldía y a su anterior administración, en cabeza del exalcalde Dionisio Vélez, por la delicada situación y el caos reinante en la zona afectada.

“La problemática obedece en gran parte a la indolencia del distrito, que no ha ejercido su soberanía en el sector, ha permitido la ocupación de una zona de playa que bajo ninguna circunstancia debe ser ocupada. Es tal la cantidad de establecimientos comerciales que operan sin control que hay una contaminación absoluta. Se debería declarar la alerta porque no es una zona que en este momento reúna condiciones sanitarias para que la gente disfrute de esta playa”, afirma la representante del Ministerio Público.

Cada fin de semana otras instituciones han tenido que intervenir en el sector de Playa Blanca, con la esperanza de que sus esfuerzos independientes logren frenar, al menos en alguna medida, las afectaciones ambientales que podrían ser irreversibles para el ecosistema y los organismos que habitan en él.

El puente (‘Campo Elías Terán’) no solo facilitó el incremento exponencial de turistas, sino que también acrecentó la invasión del lugar que se aceleró desde el 2014 precisamente por la facilidad de arribo a esa playa. “Esto hizo que la mayoría de los espacios fueran invadidos por hostales y restaurantes piratas. Muchos de esos establecimientos comerciales ilegales son propiedad de gente foránea, incluso de algunos extranjeros que utilizan a los nativos como fachada para no ser desalojados”, asegura el capitán Martínez Ledesma.

La procuradora Noguera afirma que “lo más grave de este desgobierno es que todo esto se habría podido evitar si la administración distrital pasada (Dionisio Vélez) hubiera puesto ‘la casa en orden’. Pero no tomó las medidas pertinentes dejando a las demás instituciones respondiendo por las afectaciones que hoy se presentan en el lugar”.

Como parte de la solución, la actual Alcaldía expidió el decreto 0885 del 27 de julio de 2016 que regula los horarios de las playas y el ingreso de comidas y bebidas a Playa Blanca. Esta medida contribuye en la reducción de las potenciales afectaciones ambientales, sin embargo, con la escasa y casi inexistente presencia policial en el lugar, el decreto no opera como se esperaba, pues no hay quién haga cumplir la ley.

Afectaciones ambientales

Las afectaciones son superiores a lo que cualquier observador pudiera detectar a simple vista. La capacidad de carga se excede en más de 7.000 personas diarias y el ecosistema no puede soportar el abuso en el aprovechamiento de sus recursos y su capacidad de recuperación se ve disminuida drásticamente.

Lugares que desde hace miles de años servían como zonas de anidación de distintas especies de tortugas marinas en peligro de extinción como en el caso de las tortugas carey (Eretmochelys imbricata), verdes (Chelonia mydas) y la tortuga caguama (Caretta caretta), hoy son invadidos por el abarrotamiento de miles de turistas y construcciones ilegales. Estos establecimientos fueron construidos sin la infraestructura adecuada y con maderas vedadas y extraídas de forma ilícita, como aquella proveniente de la tala ilegal de mangles en la zona.

“Donde antes podían llegar las tortugas marinas a desovar tranquilamente, ahora encuentran luces, ruido y miles de personas compactando la arena. La afectación también es grave para cientos de especies de aves, reptiles, moluscos, peces y mamíferos terrestres y marinos, presentes en el parque nacional natural”, acentúa el exdirector del área protegida.

A todo esto se suma el cambio de coloración de las marismas o lagunas adyacentes a la playa, que constituyen un ecosistema determinante para la salud de una porción del Parque Natural. Estos cuerpos de agua son utilizados como cloacas por los ‘comerciantes piratas’ que descargan todas las aguas servidas tanto de los baños como de las cocinas de los restaurantes y hostales informales.

Gabriel Echavarría, director de la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, denuncia que recientemente los mismos comerciantes informales “rompieron la playa por la mitad para descargar toda el agua sucia con la que contaminaron la ciénaga y el agua del mar”.

El propósito es que las aguas de las letrinas y sanitarios se mezclen y diluyan sin ser tratadas en la misma agua en la que nadan los turistas. No son conscientes de las graves afectaciones, no sólo ambientales, sino de salud pública.

“Al carecer de infraestructura sanitaria en esta playa y como resultado de los vertimientos de miles de litros de lixiviados y desperdicios orgánicos sanitarios de los más de 10.000 turistas diarios, se producen cambios fisicoquímicos e hidrobiológicos en el agua que sustenta la vida de millones de organismos que hacen parte de la cadena trófica”, afirma Martínez Ledesma.

La batalla jurídica

En la Isla de Barú está constituido el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del corregimiento de Santa Ana, distante apenas ocho kilómetros de Playa Blanca. Esta comunidad deriva su sustento del turismo y sus actividades asociadas. Sin embargo, una ciudadana española reunió a un grupo de comerciantes, muchos de ellos provenientes del interior del país, para que conformaran el Consejo Comunitario de la Playa e interpusieron una acción de tutela ante la Corte Constitucional con el fin de evitar cualquier tipo de desalojo por parte de la alcaldía de Cartagena.

La Corte falló de fondo en favor del reconocimiento al nuevo Consejo Comunitario a pesar de que el fallo de primera instancia fue impugnado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La impugnación se presentó ante el primer fallo de la Corte aduciendo que “un grupo de comerciantes que no viven propiamente en la playa y que viven en Santa Ana, en donde ya existe un Consejo Comunitario, no pueden constituir otro en el lugar en donde no existen más que hostales y restaurantes ilegales que invaden las playas y donde muchos foráneos se camuflan entre los nativos para sacar provecho de la confusión agudizando la problemática”, según lo explicó la procuradora delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de Bolívar.

Por su parte, la directora de la Agencia Jurídica del Estado, Adriana Guillén, afirmó que “este fallo marca un grave precedente para todas las playas de Colombia. Un grupo de comerciantes que tiene derecho al trabajo, pero que no se quiere someter a las reglas, simplemente se autoproclama como comunidad étnica para adquirir una serie de derechos que por otra vía no tendrían”.