La dictadura del poder popular

Para entender lo que sucedió en Colombia el 8 de febrero de 2024, nos debemos remontar a los tiempos cuando el hoy presidente de “todos” los colombianos era el alcalde de la ciudad de Bogotá, entre los años 2012 y 2015. La propuesta de Gustavo Petro Urrego ofreció en ese entonces una muy amplia y ambiciosa propuesta social, la cual al final no se cumplió, pues se dedicó más a confrontar y a enfrentar a las fuerzas sociales y políticas que a administrar una ciudad que día tras día se degradaba en todos sus indicadores. Es importante a la luz de los acontecimientos de este 8 de febrero, que durante su período como alcalde, en el año 2013, la Procuraduría General de la Republica lo destituye de su cargo y lo inhabilita por un período de 15 años, por encontrar serias irregularidades en un contrato para el manejo de las basuras de la capital.

Gustavo Francisco Petro Urrego a partir de su destitución esgrime una serie de mecanismos para defenderse y restablecer sus derechos políticos y civiles, siendo la más efectiva la convocatoria de lo que él ha llamado el “poder popular” a la movilización. Para el efecto, acude a sus seguidores, la mayoría de las clases más vulnerables de la ciudad capital, con un importante refuerzo de representantes de las comunidades indígenas, los cuales marchan y se instalan por días en la emblemática plaza de Bolívar. Desde el balcón del Palacio Liévano, el destituido alcalde alentaba al respaldo popular en defensa de su cargo, lo que logra finalmente gracias al apoyo dado por la CIDH y el beneplácito del entonces presidente Juan Manuel Santos, en un acuerdo de “yo te restituyo y tú me apoyas para la reelección”.

Gustavo Petro termina su período como alcalde con una aprobación del 32 %, pero pese a ello se lanza a la carrera por la Presidencia de Colombia 2018-2022, usando las estrategias heredadas de la Bogotá Humana. Al finalizar la contienda Petro es derrotado por el candidato Iván Duque, pero lograba una curul en el Senado de la Republica gracias al recién aprobado estatuto de la oposición. Antes de posesionarse como tal, sentenció que regresaría a esa corporación pública no “a hacer lo mismo de hace cuatro años”, sino “a dirigir un pueblo que debe ser movilizado”. “Volvemos al Senado no a ver cómo se negocian los articulitos, sino para recorrer las plazas públicas”.

En efecto durante su tiempo como senador, fueron muchas las manifestaciones en contra del establecimiento, de los políticos de los partidos tradicionales y en contra de las “clases privilegiadas”, destacando entre sus pronunciamientos su férreo ataque a la institucionalidad, resaltando su condición de víctima y de perseguido por sus criticados.

Para este escrito, es válido resaltar la total y trascendental participación de la Colombia Humana y del Pacto Histórico de Petro, en todas las manifestaciones pacíficas y las violentas, dadas en virtud de la protesta social desarrollada entre los meses de abril de 2021 y que físicamente terminaron en junio del mismo año, pero que dio la apertura a un proceso extendido en el tiempo, de lo que ellos llamaron “pedagogía política” en las ciudades más afectadas, con lo que al final lograron llevar al nuevo Congreso a casi una decena de miembros de esa organización política y abrir las posibilidades de Petro, presidente 2022-2026. Muchos de los instigadores y promotores del llamado “estallido social” están hoy sentados en Cámara y Senado, y lo acompañan en la bancada de gobierno.

Visto lo anterior se resume que el alimentar el descontento, fomentar el odio de clases y el desprecio hacia las instituciones, y el aprovechamiento de la movilización popular, han sido tradicionalmente herramientas muy útiles para el logro de los propósitos políticos de la izquierda y específicamente dentro de las intenciones de Gustavo Petro, especialmente cuando cuenta con el apoyo permanente en lo físico y económico de sindicatos, organizaciones indígenas y grupos sociales que se arropan con las banderas de progresistas y de minorías “despreciadas” y esto marcará mucho lo que veremos en adelante.

Ya en el período Petro presidente 2022-2026, los escándalos de todo orden han estado empañando la gestión que se pudiera haber hecho durante estos casi 18 meses de gobierno, algunos de ellos con connotaciones penales, administrativas y disciplinarias. Se destacan los procesos en los cuales están comprometidos tanto familiares del mandatario, como miembros de su campaña y los cuales la Fiscalía viene adelantando, dentro de un tenso ambiente de relaciones, escritos y pronunciamientos entre el fiscal general y el presidente, por lo que este último aduce no observar garantías en dichos procesos.

La coyuntura que lleva a los hechos vistos este 8 de febrero se materializa en momentos en que el fiscal general de la Nación finaliza el período para el cual ha sido nombrado, este 12 de febrero y pese a que la casa de Nariño hace unos meses envió la terna para elegir a su sucesora, la Corte Suprema de Justicia en una primera jornada de votación, el pasado 25 de enero, los magistrados en Sala Plena no lograron un consenso para elegirla y ninguna de las ternadas logró los 16 votos que se requerían para su elección. Por ello, la segunda jornada de votación se fijó para esta fecha.

La no elección del fiscal, sumada a la suspensión por tres meses del canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría General de la Nación, por razones asociadas a las irregularidades en el proceso de los pasaportes, es interpretado convenientemente por Gustavo Petro, dentro de su permanente papel de “víctima”, como una “ruptura institucional” en un intento por materializar lo que él ha llamado un “golpe blando”, como forma de sacarlo del poder y no dejarlo terminar su período de gobierno. El mandatario de los colombianos, en un abierto desafío a la Corte, convoca a una movilización nacional, según él, para defender la democracia, y en los términos de “Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular”, invita a que el pueblo se manifieste, precisamente el día en que la Corte sesionará para votar nuevamente.

La respuesta no se hizo esperar y sindicatos, organizaciones indígenas, educadores y algunos estudiantes salieron acompañados por senadores y congresistas afines al mandatario, para exigirle a la Corte elija a la nueva fiscal y con ello poder impedir que la fiscal Martha Mancera quede en encargo de manera interina. Algunas de las protestas se salieron de control y especialmente el amplio grupo de ciudadanos, que sitió el Palacio de Justicia, bloqueó sus salidas, ante la incapacidad de ingresar a la sede, después de tratarlo varias veces, por lo que la Policía tuvo que intervenir para desalojar el perímetro de la sede judicial.

Esta actitud del mandatario y la respuesta de sus seguidores ha sido rechazada por las fuerzas sociales de la nación y especialmente por parte de las Cortes, pues evidentemente esta presión y asedio, hacia la Corte Suprema de Justicia, constituye una amenaza seria al orden constitucional, a la separación de poderes que sustenta la democracia en Colombia y deja ver un panorama de preocupación sobre lo que puede ocurrir en los próximos dos años en el poder, ante una eventual mala gestión e irregularidades de los funcionarios del Gobierno Petro, sobre los procesos que se adelantan en la actualidad contra Nicolás Petro (su hijo), Armando Benedetti (al que le tiraron el salvavidas enviándolo a una embajada que hace 21 años estaba clausurada), contra Álvaro Leyva y Laura Sarabia, y hasta contra el mismo mandatario.

Más que lo anterior, preocupa enormemente, frente a los indicios de las intenciones reeleccionistas de Gustavo Petro, que la herramienta para hacerlo sea la manipulación de la protesta social, que él define como la aplicación del poder popular, para lograr un rompimiento institucional, como lo denuncia hoy, reformar la Constitución nacional para eliminar algunas instituciones implementadas por la del año 91, entre ellas Contraloría y Procuraduría, y revivir la figura de la reelección, la cual fue hundida por la misma izquierda colombiana, por ser inconveniente para nuestra democracia. Movilizar al pueblo le ha dado buen resultado y lo seguirá aplicando. Observemos que este mecanismo de someter al pueblo no alineado a la ideología del mandatario y las instituciones es parte del modelo empleado desde la Revolución cubana y que ha hecho tránsito por las dictaduras de Venezuela y Nicaragua.

Cuando el presidente de los colombianos insta por la organización popular, por la activación de los comités municipales y barriales, inmediatamente vienen a mi cabeza los comités de defensa de la Revolución en Cuba y los círculos bolivarianos venezolanos, que tienen como propósito la defensa de la “revolución”, controlando a sus vecinos, para señalar a quienes se desvían de lo que señala el Gobierno. ¿Será que vamos para allá?