Una frecuente estrategia de los Estados es la de presentar sus descalabros militares como sonadas victorias. Así lo estamos viendo en la guerra en Ucrania. Algo parecido sucede con algunos episodios diplomáticos.
Al menos desde 1913, Nicaragua pretendió el archipiélago de San Andrés. Con los buenos oficios de Estados Unidos en 1928 firmó con Colombia de mala gana un tratado en el que reconoció la soberanía de nuestro país sobre el archipiélago.
No obstante, las pretensiones siguieron. Durante su dictadura, el general Somoza proclamó la soberanía de Nicaragua sobre los cayos y abrió discretamente la puerta para reclamar el archipiélago. Poco después del triunfo de los sandinistas, a los que Colombia apoyó políticamente, encabezados por Daniel Ortega y la “junta de reconstrucción nacional”, incluyendo a su presidenta nominal Violeta Chamorro, proclamaron que el archipiélago de San Andrés y todos los cayos pertenecían a Nicaragua. Además, que el tratado de 1928 era nulo e inválido, porque se había concertado por presión de Estados Unidos.
El archipiélago ante todos los medios jurídicos del mundo se volvió litigioso. La “recuperación” del archipiélago se constituyó en Nicaragua en una causa nacional. El Gobierno no dudó en agitar esa bandera cada vez que afrontaba dificultades internas.
En 2001 anunció Nicaragua que demandaría a Colombia ante la Corte. Antes de hacerlo, tuvo dudas sobre si la demanda la haría solo sobre la delimitación marítima y los cayos, o si cubriría la soberanía sobre todo el archipiélago. Como en esta última opción era posible que la Corte se pronunciara a favor de Colombia, el Gobierno perdería su bandera.
Tanto más cuanto que a los nicaragüenses no les importaba si existía o no un límite marítimo con Colombia. A la gran mayoría, incluso de los más ilustrados, no les importaba la delimitación y confundían un meridiano con un paralelo. Creían que la totalidad del archipiélago y de los cayos les pertenecía; nada más.
El Gobierno nicaragüense optó por reclamar la totalidad del archipiélago. El fallo de 2007 fue malo para él, ya que afirmó que el archipiélago pertenecía a Colombia y que el tratado de 1928 era válido. Ortega minimizó el hecho, no obstante que a la gran mayoría de su pueblo se le había enseñado desde la escuela primaria que el archipiélago era nicaragüense. Dio la vuelta a las cosas y proclamó que había obtenido un triunfo, porque la Corte no había aceptado la posición colombiana de que el meridiano 82° era un límite marítimo, cosa que Colombia sabía muy bien desde hacía muchos años.
Después vino el fallo de 2012, en el que la Corte reconoció que los siete cayos en disputa eran colombianos, incluyendo el de Quitasueño, al que Nicaragua ni siquiera consideró como una isla, posición compartida por Estados Unidos y Reino Unido.
Además, no solamente reconoció una importante jurisdicción marítima al archipiélago, sino que rechazó el límite que Nicaragua había solicitado. Ortega, sin embargo, lo presentó otra vez como un gran triunfo. En el fallo del pasado 21 de abril Nicaragua ha pregonado otra vez que ganó.
En Colombia se ha dicho que el embajador de Nicaragua en La Haya, con más de veinticinco años de permanencia en el cargo, a punta de almuerzos, capuchinos con galleticas y regalos a los jueces, había logrado el milagro. ¡Qué ofensa para ellos! ¿Por qué entonces Nicaragua perdió el 70 % del pleito? Además, si Colombia hubiera mantenido por el mismo tiempo a un embajador en La Haya, el presidente hubiera tenido que renunciar.
De todas maneras, cualquiera que sea el resultado del futuro fallo sobre el límite de la plataforma continental extendida, Nicaragua dirá que ganó. El nuevo gobierno de Colombia deberá estar preparado para eso.
*Decano de la facultad de estudios internacionales, políticos y urbanos de la Universidad del Rosario.