La ley que legalizó la desinformación

En Colombia, el Estado agrandó la ventana de la desinformación. Con el apoyo de las senadoras Angélica Lozano, Paloma Valencia y Clara López, el Congreso de la República aprobó hace algunos meses la Ley de Encuestas que pretendía proteger al ciudadano contra la manipulación y la desinformación electoral. No obstante, la norma terminó facilitando todo lo contrario: un ecosistema de falsas encuestas disfrazadas de sondeos reales, ruido digital y lecturas políticas que nadie puede verificar ni responder por su veracidad. ¿Quién se aprovecha de estos escenarios?

La saturación de ‘encuestas’ tuiteras, algunas de apariencia clandestina, se ha proliferado gracias a esta ley que, paradójicamente, unió al Centro Democrático, el Verde y el Pacto Histórico. Debido a ello, hoy los medios y las encuestadoras guardan silencio por obligación legal mientras el ruido de las estadísticas acomodadas se propaga sin control. Sin haberles consultado realmente a quienes producen estos estudios, se aprobó la prohibición de encuestas oficiales hasta tres meses antes del inicio de inscripción de candidatos, es decir, hasta el 31 de octubre en el caso de las presidenciales del 2026. Hoy, las mismas encuestadoras advierten que la medida atenta contra el proceso democrático y contra la libertad de información.

Algunos han sacado provecho de este caos. En este periodo de campaña a ciegas se han tomado como encuestas ‘creíbles’ simples mediciones de crecimiento en redes sociales o incluso a los mercados de apuesta que, según La Silla Vacía, han inflado a candidatos como Abelardo de la Espriella. Absurdo.

Por tanto, en un país donde las cifras oficiales sobre la favorabilidad de quien podría llegar a la Presidencia están bajo llave, la capacidad económica se convierte en una herramienta para manipular la percepción. ¿Límites? No los hay. Solo es cuestión de vender el humo a su conveniencia.

Ahora bien, ciertos candidatos no son los únicos que han alimentado el panorama de desinformación. El periodista colombiano, Melquisedec Torres, le confirmó a La Silla Vacía que los datos que él publicaba en X, simulando encuestas reales, eran una simple ridiculización de la Ley de Encuestas por las consecuencias que esta traía. Lo que no sé si Torres calculó es que, con su mofa, generó una grave alteración a la realidad, distorsionando la percepción y afectando la credibilidad de varios actores políticos. ¿Burla inocente o ironía interesada?

En ese sentido, mientras la prohibición rija, la favorabilidad política se medirá en likes, retuits, tendencias o falsos datos de periodistas creativos, y no con cifras respaldadas por fichas técnicas y metodologías serias. La prohibición de encuestas no está protegiendo la democracia, la está debilitando. Al eliminar los referentes estadísticos confiables se favorece la manipulación digital sobre el debate público, a pesar de la supuesta buena intención.

Lastimosamente, las elecciones del 2026 ya fueron manchadas por las consecuencias de esta ley. Hasta el 31 de octubre sabremos, verdaderamente, cómo va el termómetro electoral para las presidenciables. Pero el daño ya está hecho. Y lo peor es que el problema no desaparece, solo se vuelve más fácil de esconder. No coman cuento.