La lucha contra el latifundio

En su libro sobre la Revolución Mexicana, Silva Herzog comenta que Porfirio Díaz realizó un proceso de adjudicación de tierras baldías que hizo que 27.500.000 hectáreas, algo más del 13 por ciento de la superficie de la Nación, quedara en manos de unas cuantas compañías, formadas por 29 personas. Así, una persona en Chihuahua poseía 7 millones de hectáreas; otra, en Oaxaca, 2 millones; dos personas en Durango otras 2 millones; y cuatro propietarios en Baja California 11 millones y medio.

El mismo Silva Herzog cuenta que la situación era de una dimensión tal que cuando en esa época se preguntaba si un general Terrazas era de Chihuahua se respondía que no, que Chihuahua era del general Terrazas.

Un proceso similar de concentración de la tierra en pocas manos se ha presentado en los demás países de América Latina. Pero tanta riqueza genera inmensa pobreza, abusos y humillaciones, y constituye un caldo de cultivo para todo tipo de conflictos y de revoluciones. ¿Qué mejor ejemplo que la revolución mexicana, que produjo más de un millón de muertos?

Por eso, la lucha contra el latifundio y por la reforma agraria siempre ha sido un tema pendiente en la región. Que los gobiernos no lo hayan afrontado explica buena parte del triunfo de las revoluciones mexicana (1917), boliviana (1952), cubana (1958) y nicaragüense (1979), todas las cuales se comprometieron con profundas reformas agrarias. La vigencia del tema se constata al observar constituciones actuales como la boliviana y la ecuatoriana, que prohíben el latifundio y la concentración de la tierra. Y si bien algunos han aducido que las reformas agrarias son ineficientes económicamente, estudios como los de Albert Berry han demostrado que las pequeñas propiedades pueden ser más productivas – en términos económicos y sociales – si se reúnen las condiciones necesarias.

En Colombia hemos hablado de reforma agraria por lo menos desde los años 30 del siglo pasado, cuando se expidió la Ley 200 de 1936. Después, en los años 60, en el marco de la Alianza para el Progreso, se expidió la Ley 135 de 1961 y se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), grupo de presión que habría de impulsar el proceso de reforma agraria.

Sin embargo, los resultados fueron muy magros. La ley perdió sus dientes a través de distintas reformas y la ANUC desapareció en medio de la violencia y las divisiones. Y lo peor de todo: se calcula que en este alud de violencia que nos golpea desde hace décadas los campesinos desplazados han perdido entre 4 y 6 millones de hectáreas, con lo cual se ha producido un impresionante proceso de contrarreforma agraria.

La inacción del Estado en esta materia ha tenido altísimos costos para la paz. Campesinos sin tierra y sin esperanzas terminan siendo los soldados de los distintos ejércitos que se disputan el control territorial. Esos grupos armados les ofrecen los ingresos y las oportunidades que el Estado les ha negado.

Lo anterior evidencia la necesidad de que el Estado, además de asegurar la restitución de las tierras objeto del despojo, desarrolle una política de asignación de tierras a los campesinos, de lucha contra el latifundio y de transformación del campo. Lamentablemente, no es eso lo que se ha visto.

Para la muestra están las denuncias sobre los casos de Carimagua y La Macarena, donde en vez de asignar tierras a los campesinos pobres se propuso entregarlas a grandes empresas agroindustriales, con lo cual se reconfirma el favorecimiento gubernamental a los grandes propietarios. También está el caso de la adjudicación de miles de hectáreas en el Vichada a un senador y sus allegados, un caso tan aberrante que incluso se ordenó la revocatoria de la adjudicación y se adelantan investigaciones penales y disciplinarias por ese hecho. Y, finalmente, no deja de intrigar que el tema de la tierra sea en el que menos avances se han logrado en materia de atención a los desplazados.

No tengo duda de que, lamentablemente, el Estado tiene que armarse para responder a los desafíos que le plantean los grupos armados ilegales. Sin embargo, tampoco dudo que la guerra que padecemos se va a prolongar más y más hasta que se entienda la necesidad de dotar de tierras a los campesinos y de transformar radicalmente sus condiciones de vida. Y, por cierto, es lo mínimo que les debemos después de tantos años de abandono y de tanto martirio por causa de la guerra.

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*Juan Fernando Jaramillo es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro fundador de DeJuSticia. El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia-(www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos."