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Jorge Enrique Vélez, columnista invitado
Jorge Enrique Vélez, columnista invitado - Foto: SEMANA

La tierra sin seguridad jurídica

El que tiene la obligación de proteger jurídicamente la propiedad de los colombianos de las invasiones que se están dando hoy y de administrar el Rupta, como director de la Unidad de Restitución de Tierras, es la misma persona que hace parte fundamental del Cric, organización que ha liderado las invasiones de las tierras en el Cauca.

Por: Jorge Enrique Vélez

Seguramente lo primero que se preguntarán ustedes, queridos lectores, es la razón por la cual el presente artículo tiene este título, y no es otra distinta a que dos organizaciones que históricamente han estado, a su manera, relacionadas con las invasiones de tierras en el territorio colombiano, argumentando derechos ancestrales o presuntos casos del robo de tierras a indígenas y campesinos, hoy tienen incidencia directa con las entidades del orden nacional que más están involucradas en los escándalos de tierras en el país. Hagamos un recuento:

El Cric, organización en la cual uno de sus máximos líderes es el señor Giovani Yule, actual director de la Unidad de Restitución de Tierras, es el Consejo Regional Indígena que agrupa la mayoría de los pueblos indígenas del departamento del Cauca y es una de las organizaciones que están liderando las invasiones de tierras en ese departamento, argumentando que no invaden, sino que están recuperando sus tierras, desconociendo que esas tierras, que sí están invadiendo, están protegidas de títulos de propiedad garantizados por el Estado con sus respectivas matrículas inmobiliarias.

El señor Yule fue nombrado por el Gobierno en la entidad encargada de administrar la política de restituir las tierras a víctimas de despojo o desplazamiento forzado a causa de la violencia.

Es importante anotar esto, pues con lo que está ocurriendo hoy en Colombia por el aumento del fenómeno de invasión de tierras, hecho que afectó a los campesinos en décadas pasadas y que por las políticas de Estado se ha logrado la recuperación de muchas de esas tierras, nuevamente tiende a repetirse contra propietarios legítimos que son en su mayoría empresarios del campo.

Seguramente la mayoría de ustedes no conocen que la entidad encargada de administrar y darle seguridad a los propietarios es la Unidad de Restitución de Tierras, que mediante la figura del Rupta protege jurídicamente esos predios abandonados o invadidos.

El Rupta (que es el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados) establece una base de datos cuya finalidad es salvaguardar los derechos de las víctimas por el desplazamiento que sufren sobre sus inmuebles para que no sean objeto de transacciones sobre su propiedad o procedimientos de tipo jurídico que puedan llegar a afectar su titularidad.

Ese mecanismo se tiene para que el Estado brinde las garantías para la protección de las propiedades que se deben abandonar por situaciones de invasión, despojo, etc., es administrado por la Unidad de Restitución, quien previo procedimiento, que entre otras cosas es absolutamente demorado, y mediante un acto administrativo, informa a la Superintendencia de Notariado y Registro para que ese bien quede protegido en la matrícula inmobiliaria y solo se levante cuando la víctima o un juez se lo solicite a la Unidad de Restitución.

Es decir, el que tiene la obligación de proteger jurídicamente la propiedad de los colombianos de las invasiones que se están dando hoy y de administrar el Rupta, como director de la Unidad de Restitución de Tierras, es la misma persona que hace parte fundamental del Cric, organización que ha liderado las invasiones de las tierras en el Cauca.

Por esta razón, y siguiendo lo establecido por la Ley 1437 de 2011 en su art. 11 (conflicto de interés y causales de impedimentos y recusación), está claro que el funcionario Giovani Yule se debe declarar impedido para administrar el Rupta y el Gobierno nacional debe nombrar un director ad hoc para el efecto y tener una intervención especial en ese aspecto por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Por otra parte, la fundación Forjando Futuros, la cual se ha dedicado a asesorar y representar judicialmente a las víctimas en los procesos de reclamación por motivos del conflicto armado, especialmente en la región del Urabá, siempre ha estado liderada y dirigida por la persona que hace unas semanas fue nombrado por el actual Gobierno como director de la Agencia Nacional de Tierras, el señor Gerardo Vega Medina.

Esta persona, que ha sido líder de restitución de tierras en Forjando Futuros, es un controvertido exmiembro de EPL; sin embargo, irónicamente, cuando pertenecía a la organización guerrillera, fue uno de los líderes de la invasión de tierras en el país.

El señor Vega debe hacer públicos esos casos de los cuales tuvo conocimiento como abogado y como directivo de Forjando Futuros y declararse impedido para con su labor misional, ya que, desde esta fundación, siempre tuvo interés en que se legalizaran las tierras que fueron invadidas y apropiadas de forma ilegal; si esto no sucede, se pondría en riesgo la seguridad de la propiedad privada en Colombia.

En declaraciones que ha dado en los últimos días, el abogado Vega manifestó con relación a las invasiones que se están dando en más de seis departamentos del país que “hay que sentarse a hablar con ellos (los invasores) y se pueden hacer acuerdos”. No, señor Vega, el derecho a la propiedad no se negocia con ningún diálogo, su responsabilidad como funcionario público que lidera la política de tierras en el país es velar por la propiedad rural privada y pública en su caso y recurrir a los mecanismos del Estado (como la intervención de la Policía y los órganos de control) para recuperar la propiedad de las personas y del Estado que se vean afectadas por las invasiones.

No olvide que usted ya no es director de la fundación y si no cumple sus funciones podría estar incurriendo en delitos y cualquiera de esos propietarios o cualquier ciudadano que se vea afectado por su indebida actuación, o su negligencia, podrían denunciarlo.

Lo que sí puede iniciar es un diálogo con quienes pretenden invadir, para que no recurran a vías de hecho y usted les dé las garantías de adjudicarles tierras de las muchas baldías del Estado y que usted administra, siempre y cuando llenen los requisitos para ello; de esa manera les pueda solucionar sus justas necesidades, eso sí, siempre en derecho.

Igualmente, señor Yunes, debe usted entender que hoy ya no hace parte activa del Cric y debe velar por darle garantía a todos los ciudadanos que sean víctimas de invasiones y obligados a abandonar sus tierras; con prontitud debe protegerlas, asesorar los propietarios en ese sentido y darles todas las garantías para la protección de su propiedad, independiente si pertenecen a negritudes, pueblos indígenas, son campesinos o empresarios.

Estos dos señores, Vegas y Yunes, no solo deben declararse impedidos inmediatamente de los asuntos que fueron parte en sus actividades anteriores, ya que hoy ellos son parte de entidades como la Unidad de Restitución de Tierras y la agencia nacional de tierras, sino que tienen el deber de garantizar y velar por la propiedad privada y pública a través de las entidades que dirigen, y con la ayuda de la Policía y los entes de control, si es necesario, y utilizar el diálogo como medida de prevención en los casos que corresponda, como el mencionado en este artículo y dentro de sus actividades misionales.