LOS PARTIDOS Y EL RESULTADO ELECTORAL

Al escribir estas notas ignoro, por supuesto, el resultado de las elecciones presidenciales. Anhelo la victoria del candidato de mi partido y de las diversas zonas de la opinión que han integrado el Movimiento Nacional. Si Belisario Betancur obtiene el respaldo de las mayorías ciudadanas habremos triunfado quienes lo acompañamos en su empeño. Si el vencedor es Alfonso López Michelsen estaremos entre los derrotados. De una u otra manera seguiremos pensando que la nación debe cambiar de rumbo e iniciar una nueva etapa en el desarrollo de su vida política, económica y social, inspirada por un criterio y una norma moral distintos de los que han predominado hasta ahora.
Ese nuevo rumbo, así como el criterio y la norma moral diferentes, tendrán que señalarse y ponerse en práctica partiendo de las diversas realidades políticas, económicas y sociales, naturalmente con el propósito de modificarlas. Los colombianos, y los partidos que han protagonizado el debate electoral, tendremos que situarnos en medio de esas realidades, ocupando los lugares que nos corresponden, sea cual fuere la conducta que cada cual escoja y asuma desde ahora. Una de esas realidades, en la vida política, está determinada por la estructura del orden constitucional y por el significado de las cláusulas que lo han conformado. Una de ellas, la que pudiéramos calificar ahora mismo como "la más tozuda y concreta", aún cuando no sea la más importante, es la que está contenida en el muy célebre, discutido persistente y "vigoroso" parágrafó del artículo 120, el que establece la "participación adecuada y equitativa" de los partidos en el gobierno.
¿Qué significa esa "realidad política"? Que el Presidente electo deberá invitar al partido mayoritario distinto del suyo, es decir a aquel al cual pertenezca el candidato vencido que más votos haya obtenido siendo diferente del del triunfador, a fórmar parte del gabinete ministerial y del gobierno. El partido invitado podrá aceptar el llamamiento y respaldar a los funcionarios que lo representen, --aún cuando decida preservar su autonomía y ejercer la función política y patriótica de la oposición--o declinarla, como todos sabemos. Y podrá también, a su arbitrio, proponer la derogatoria o la sustitución del parágrafo del artículo 120, o acompañar al gobierno en su propósito de mantenerlo, o de reformarlo, u oponerse a una cualquiera de las dos posibilidades, sabiendo que en todos los casos su decisión y su conducta van a resultar decisivas, por cuanto la composición del Congreso,--si los parlamentarios observan la disciplina partidista--obligará a los partidos a ponerse de acuerdo para reformar la Constitución, condenando al que intente la reforma sin previo convenio, a la impotencia y a la frustración.
Si los partidos acordaren la reforma de la Constitución, como nosotros queremos que suceda, y convinieren vertiginosamente los términos y los objetivos de la transformación del orden jurídico, el trámite se adelantaría en el curso de dos legislaturas ordinarias.
¿Podrían comenzar en ésta, la que se inaugurará el 20 de julio de este año? Si, probablemente. Para hacerlo, uno cualquiera de los partidos, el vencedor o el derrotado, el que quisiera tomar la iniciativa, tendrá que resolverse él mismo cuanto antes, elaborando su propósito, definiendolo y presentándolo a la consideración del otro, o de los demás, y también al examen de la opinión pública. Si la propuesta fuere aceptada, y se debatiera la reforma y se aprobara con agilidad y con presteza, los partidos deberán actuar, --a lo menos en este preciso terreno--durante dos años del período presidencial que se iniciará el 7 de agosto, de consuno, en permanente estado de mutua consulta y "democrática convivencia". Y todo esto aún el caso de que el vencido resuelva ocupar su sitio bajo el sol, dentro de la nueva realidad, asumiendo el grato, duro, digno, respetable y necesario papel de la oposición, con criterio patriótico, en beneficio de la claridad democrática y para crear, de una vez, la nueva alternativa, frente al poder.
Pero hay más: los colombianos de todas las denominaciones seguramente coincidimos ahora,--a despecho de las ideologías, las aficiones y los intereses partidistas que tengamos- en el profundo y vehemente anhelo de la paz. La paz pública, la paz social, la paz política. Restablecerla, garantizarla, mantenerla y hacerla viva y rica en germinaciones, alumbramientos y frutos democráticos, económicos y sociales, para buscar inmediatamente la renovación, el orden, el progreso y la justicia, ha de ser el primer empeño nacional. Los triunfadores y los perdedores, los pacíficos y los que han sido violentos, todos hemos de procurar la paz, pues es condición ineludible de toda nueva ruta que quiera transitarse.
Y ella no podrá buscarse, ni tramitarse, ni alcanzarse, sin la solidaridad activa e inteligente, --naturalmente patriótica--, de los ciudadanos y de sus partidos, así como de quienes representen o expresen a los "factores del poder real", que operan dentro de la presente realidad nacional. Luego para esta empresa, también, es necesario el acuerdo y la acción conjunta de los partidos, los triunfadores y los derrotados. Aun si los primeros quisieran crear las condiciones que les permitan ejercer sólos las funciones del gobierno, y los segundos quisieran asumir con presteza los derechos y los deberes de la oposición.
Y así podríamos seguir razonando, al examinar la novísima situación, recién creada, a la luz de la serena, objetiva y recta interpretación de la realidad. Por lo que podremos decir que todavía durante un tiempo, al socaire de los resultados del debate presidencial, o a despecho suyo, los partidos han de seguir actuando, en ciertos niveles, de consuno, en acuerdo permanente, con buenos modales, dentro de un clima de cordialidad. Aún si es para acordar que uno asumirá sólo la función del gobierno, y el otro o los otros, las tareas de la oposición...