JORGE HUMBERTO BOTERO

OPINIÓN

Milagro a medias

Despejar el futuro de Hidroituango es un gran logro; la forma de hacerlo es funesta para el futuro.

14 de diciembre de 2021

En abril de 2018 la construcción de esta gran obra avanzaba bien a pesar de las contingencias que son normales en proyectos de su magnitud. Entonces se produjo el colapso del túnel construido para desviar el cauce del río mientras se adelantaba la construcción de la presa. Un evento gravísimo que podría haberla derrumbado, provocando una avalancha de proporciones gigantescas; para evitarla se tomaron dos decisiones: dejar correr el flujo por la casa de máquinas y acelerar la construcción del muro de contención. Ocurrido el siniestro, EPM avisó su materialización a Mapfre, el asegurador de todos los riesgos constructivos, naturales o humanos, salvo los que provengan de culpa grave. Poco después esa compañía aceptó su responsabilidad y comenzó a pagar en la medida en que fue recibiendo la información sobre la cuantía de los daños.

Que una compañía de seguros decida pagar sumas enormes supone un estudio riguroso que hace inexplicable la postura de la Contraloría, la cual asumió que el daño fue causado por culpa o negligencia grave de constructores, diseñadores y algunos funcionarios públicos; es decir, por una causa excluida de cobertura en el correspondiente contrato. Ante esta actuación, imprudente y prematura, Mapfre bien pudo haber dicho que encontraba correcta la posición de la Contraloría, y que no solo se abstendría de continuar pagando, sino que pediría el reembolso de las sumas ya entregadas. Estuvimos, pues, al borde de un detrimento patrimonial enorme ocasionado por el ente de control.

En el fallo definitivo, la Contraloría ratificó las sanciones contenidas en la decisión inicial y condenó, además, a Mapfre como asegurador de los supuestos causantes del daño al patrimonio público (contratistas y funcionarios estatales) a pesar de que esa cobertura estaba expresamente excluida, y violando, para esa compañía, el principio de la doble instancia. Una vez más ha sucedido que la Contraloría desconoce el alcance de los contratos de seguros, los cuales definen, con precisión, las cuantías máximas, los riesgos cubiertos y la duración de los amparos. Esa recurrente arbitrariedad es uno de los factores que dificultan el aseguramiento de las obras de infraestructura que necesitamos con urgencia.

El otro es la presunción por ese organismo de que cualquier evento dañino que suceda es producto de corrupción o de grave negligencia; para esa entidad el concepto de caso fortuito, en la práctica, no existe. Esa postura no sorprende: carece de rentabilidad en términos mediáticos. El asunto Hidroituango simplemente escala la magnitud de enormes problemas. Para demostrarlo basta señalar que los riesgos que estarán corriendo hasta cuando el proyecto entre en plena operación están descubiertos, o, lo que es lo mismo, están autoasegurados por EPM. No hay asegurador serio en el mundo que otorgue esos amparos. Ni otros semejantes en este país en las actuales circunstancias.

Producida la decisión de segunda instancia el panorama era aterrador: la parálisis inminente del proyecto, la probable remoción de los contratistas, y, en consecuencia, la posibilidad de demandas de responsabilidad civil contra el Estado derivados de los daños causados a particulares por unas decisiones cuyos fundamentos jurídicos son deleznables. En estas circunstancias el Gobierno aparece con una carta inesperada: facilitar un acuerdo para que Mapfre, y, en una cifra remanente, Sura y otras compañías, acepten pagar un detrimento patrimonial muy discutible: la generalidad de los expertos, comenzando por el asegurador, consideran el daño como de naturaleza accidental.

La fórmula es ganadora. El contralor puede proclamar, así no sea verdad, que recuperó para los colombianos unos dineros que personas negligentes habían dilapidado; ya no quedará expuesto a que la Justicia le revoque su decisión, o a tener que responder al Estado por los perjuicios que este eventualmente fuere condenado a pagar. El alcalde de Medellín posa de héroe civil a pesar de que, entre otras cosas, es causante de que el BID haya retirado el financiamiento del proyecto. Mapfre termina pagando lo que de todos modos tenía previsto. Sura y las otras aseguradores soportan una condena que, con buenas razones, consideran injusta, pero aprenden la lección: ciertos negocios, tales como asegurar bebedores habituales que conducen automóviles, es mejor no hacerlos. Los contratistas reciben un respiro para finalizar las obras y pueden borrar unos pasivos contingentes que podrían haberlos llevado a la quiebra. El único que pierde es el país, no de inmediato, pero sí en el futuro como consecuencia de la rampante inseguridad jurídica.

El contralor es un funcionario político elegido por el Congreso para periodos de cuatro años. Es normal que sus actuaciones estén politizadas. Hace lobby para que lo nombren y, luego, sus patrones parlamentarios obtienen empleos en ese organismo. Además, goza de poderes omnímodos; todos los funcionarios que de él dependen son de libre nombramiento y remoción. Por eso, en primer lugar, es menester que tenga restricciones sustanciales para aspirar, durante un periodo prolongado, a cargos de elección popular, promesa que Duque hizo en campaña y no ha cumplido. En segundo, es necesario reformar la Contraloría para que se limite a acusar a los responsables del erario ante un tribunal de cuentas independiente, tal como sucede en España. Su función pasaría a ser semejante a la del fiscal general, que acusa, pero no decide; esa es tarea del poder judicial.

Como se encuentra al final de su periodo, el Gobierno actual ya no tiene un patrimonio político que cuidar; podría promover estas iniciativas fundamentales que son impopulares. Los aspirantes a la Presidencia harían bien en pellizcarse. Bueno sería saber si EPM, una empresa que afronta cuantiosas incertidumbres financieras, está sometida a vigilancia especial de la Superintendencia Financiera en su condición de emisor en el mercado público de valores.

Briznas poéticas. Escribe Juan Rulfo a Clara, la adolescente de la que se ha enamorado: Desde que te conozco, hay un eco en cada rama que repite tu nombre, en las ramas altas, lejanas; en las ramas que están junto a nosotros, se oye. Se oye como si despertáramos de un sueño en el alba. Se respira en la hojas, se mueve como se mueven las gotas de agua.

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