OPINIÓN
Parar las guerras es acabar las minas
Nada justifica y siempre debe rechazarse el uso de las minas antipersonal.
La Comisión de la Verdad promueve el cumplimiento de una idea repetidamente expresada por su líder y presidente Francisco de Roux: “Las víctimas de los conflictos armados son la razón de ser de la justicia transicional, que se deja afectar por el dolor de la tragedia humana para buscar soluciones de convivencia y reconciliación”.
Con ese espíritu el día de ayer 5 de octubre, se presentó el reporte Hacia una vida digna y un territorio libre de minas antipersonal.
El mismo fue presentado por la Campaña Colombiana Contra Minas que ha repetido como letanía, durante 20 años de existencia que el problema son las minas antipersonal y no quienes las usan. Lo hizo acompañado de sus aliados internacionales la Universidad NorthWestern de Chicago y la Campaña Internacional de Prohibición de las Minas Antipersonal ICBL.
El informe lo recibió el comisionado Saúl Franco y es descrito por sus autores como insumo para que al mismo sumen su voz actores armados estatales y no estatales, organizaciones de sociedad civil, comunidades afectadas y autoridades institucionales de tal forma que se permita construir una versión que acerque al país a la verdad, nos conmueva a la reconciliación, a la no repetición y se convierta en ejemplo para los ciudadanos del futuro sobre lo que no debe hacerse ni aceptar que se haga por parte de nadie en Colombia y en el planeta mismo. Nada justifica y siempre debe rechazarse el uso de las minas antipersonal. Esta frase debe ser repetida tantas veces como sea necesario.
Surgen de este proceso de memoria algunas recomendaciones que debemos dejar consignadas:
Habida cuenta de que el uso de esta arma no ha llegado a a su fin en Colombia el número de ciudadanos mutilados y muertos sigue incrementándose, la primera recomendación por tanto es que debe persistirse en la construcción de escenarios que pongan fin a los diversos conflictos en el país.
A pesar de que muchos sectores aún no lo comprenden, el fin de las minas antipersonal y de su uso, solo es posible con el fin de los conflictos armados, por tanto, la primera recomendación es simple: hay que parar las guerras.
Hasta tanto ello es realidad, es recomendable y de alto valor humanitario, adelantar acuerdos públicos o confidenciales sobre Minas Antipersonal, Acuerdos que sin entregar ventajas políticas o militares a los actores confrontados, alivien la situación de las comunidades que habitan las regiones en las que se viven los distintos conflictos.
La segunda recomendación es igualmente concreta: desde las instituciones de Gobierno y de Estado, se debe garantizar una implementación cierta e integral de la atención a las víctimas teniendo presente la particularidad de cada grupo poblacional, las etnicidades presentes en el territorio nacional y garantizando un enfoque diferencial a todo momento.
Es claro que sin tener un Estado con presencia integral en cada rincón del país, los derechos serán una quimera y sus beneficios para muchos solo representarán un catálogo de buena voluntad escrito en el papel.
El tercer elemento recomendado es una repetición del clamor nacional e internacional: la utilización de población civil en tareas de erradicación forzada de cultivos ilícitos en diferentes regiones del país, ha devenido en accidentes que significaron la muerte o mutilación de campesinos contratados por el Gobierno nacional. Esta decisión ha sido cuestionada además de por la campaña colombiana contra minas antipersonal por la comunidad internacional, sin que el Gobierno atienda de manera efectiva estos llamados y es violatoria de la convención de prohibición de las minas que como Estado estamos obligados a cumplir.
A esas tres recomendaciones se agregan tres afirmaciones finales:
Debe reconocerse el rol y la circunstancia de las mujeres en torno a las guerras vividas y a las presentes. Se llama a darle mayor visibilidad a su padecimiento, a su papel como cuidadoras que es poco observado, igualmente es necesario llamar la atención sobre la revictimización que viven a diario las mujeres en sus diferentes roles. Su situación en relación con las minas antipersonal y otras armas explosivas exige un cuidado especial por parte de la sociedad y una mención especial en el informe que elabora esta comisión.
Se resalta que la existencia de la comisión representa una oportunidad para que Colombia pueda conocer de manera cierta cuántas minas antipersonal se produjeron en las plantas de la Industria Militar Colombiana durante los años que estuvo activa su planta de producción de estas armas. De la misma manera, cuántas minas se importaron o recibieron desde los Estados Unidos y otros países para que se utilizaran por parte de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de la Defensa.
El conocimiento de estos datos dará más luces sobre la historia de las minas en el país.
Por último se hizo un llamado para que comprenda que las víctimas de las minas antipersonal no son solo sus afectados directos en los accidentes hoy referidos en número de 11.919 personas por la institucionalidad pública nacional-. Debe incluirse en está condición a sus familias y a las comunidades donde ocurren los accidentes. Entender el universo de las víctimas de minas de manera integral, permite una reflexión mayor sobre la dimensión del drama humanitario que esta arma ha generado por décadas en el país y que continua generando hoy en múltiples espacios de la geografía nacional.
Valorar y reconocer este hecho por parte de la Comisión de la Verdad ayudaría a que cerca de un millón de ciudadanos, campesinos afectados en su humanidad, contexto y seguridad por las minas antipersonal encuentren en el informe de la Comisión de la Verdad, una voz que los haga visibles, y que permita a los colombianos coadyuvar en el propósito de construir una vida digna y una Colombia libre de minas y de armas explosivas. ¡Hay tarea!
