¿Por qué el poderío del Clan?

“El mensaje es uno solo: no vamos a ceder jamás ante el Clan del Golfo y ninguna estructura del narcotráfico”. No son palabras de Iván Duque del 7 de agosto de 2018, sino del 9 de mayo de 2022 (Twitter), aunque desde 2013 la Policía aseveró que era “la única banda criminal que hoy tiene connotación de carácter nacional” (Indepaz, 2015).

El tardío discurso, a días de dejar la presidencia, denota una problemática actitud frente al avance de ese grupo criminal. En abril de 2019, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) estaban en 222 municipios (‘Gran atlas del conflicto’, El Espectador), pero en 2020 se les atribuían 3.260 hombres y ya en 261 municipios había “intensidad alta de grupos narcoparamilitares” (El Tiempo, Indepaz, 2020).

El portal Verdad Abierta concluyó que en 2019 las AGC eran “gestores de riesgo” en 213 municipios y en 2022 en 253. Comparó la alerta temprana 035-19 de Riesgo Electoral, emitida por la Defensoría del Pueblo, que identificaba en 2019 a 402 con distintos niveles de riesgo, con la 004-2022, que los fijó en 521 para el año actual y 79 en el máximo. Las AGC son factor de alteración en Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre, Nariño, Córdoba, Atlántico, Cauca y Norte de Santander.

Duque falta a la verdad cuando dice que se ha capturado a más de 2.800 miembros “en casi 4 años” (Twitter, 9/5/22). Los Informes de Gestión de la Fiscalía en 2019-2020-2021 registran 1.440 detenciones de todos los grupos del crimen organizado, incluidos “ELN, Pelusos, disidentes de las Farc, Clan del Golfo y Caparros”. (ver informes).

Al contrario, el alcalde de Frontino estima en 1.000 los hombres armados de las AGC en 19 pueblos del occidente antioqueño, lleva dos años sin salir del casco urbano, dice que la fuerza pública y la Fiscalía tienen muy baja presencia y cuestiona a Iván Duque por “minimizar” el paro armado (Blu Radio, 9/5/2022). En carta dirigida a la alta comisionada de Derechos Humanos, los alcaldes de esa región alegan que “nos sentimos vulnerables y en riesgo inminente, sin libertad y garantías plenas sin ejercer nuestras funciones constitucionales”.

El obispo de Quibdó, Juan C. Barreto, en abril de 2017, denunció que las AGC, “hace poco menos de dos años”, “avanzan sin mayor freno estatal”. La Defensoría del Pueblo anotó que “la fuerza pública presente (…) tiene relaciones de connivencia, colaboración y coordinación con las AGC”. Sus intereses fueron “los territorios que estuvieron bajo el dominio de las Farc” (Verdad Abierta, 27/4/ 2017).

Igual en Urabá: Mutatá, Murindó, Dabeiba y Vigía del Fuerte, antes de influencia de las ex-Farc, están bajo las AGC, robustecidas en su casa matriz. En septiembre de 2021, organizaciones sociales y la Iglesia católica expusieron “la degradación en las condiciones de seguridad” allí por la guerra entre las AGC y el ELN.

En Córdoba, en el Nudo de Paramillo, son amos de “una república independiente” (Nueva Prensa, 20/9/2022) e influyen en Montería, en barrios del sur donde “el que habla, se muere”, y en playas como Moñitos o Puerto Escondido. Una línea, desde Urabá hacia el interior, traza un corredor del mar a zonas de coca. Indepaz advirtió en 2015 que en el Bajo Cauca antioqueño las AGC “son el eslabón actual de una larga cadena” de “intereses económicos y geoestratégicos” en Cáceres, Tarazá, El Bagre, Nechí y Zaragoza, con los mayores índices nacionales de homicidios en 2018 (‘Gran atlas del conflicto’, El Espectador).

Las AGC captan 60 por ciento del PIB del narcotráfico, que es de 19 billones de pesos (S. Montenegro, Cede, 2019), y tienen a cargo narcomenudeo, minas, contrabando de combustibles y mercancías, despojo de tierras, contratación pública y ciertos proyectos agrícolas y pecuarios (Indepaz, 2015). Por la autoridad que ejercen, “ante la ausencia del Estado”, mangonean sobre los “coyotes” que mueven migrantes por el Darién (Juan A. Gómez).

En Urabá y Córdoba volcaron dinero hacia el comercio, la construcción y hoteles, al ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’ y a la provisión de víveres. El boom de edificaciones es tal que, mientras en Montería los metros cuadrados nuevos edificados, comparado 2021 con 2019, crecieron 28,5 por ciento, en todas las 14 áreas metropolitanas solo alzaron 1,3 (Dane, Ceed, 4T, 2021).

El clan con la jefatura de Úsuga tuvo “poder y control territorial sobre vastas extensiones de la costa colombiana”, según acusación del fiscal del distrito este de Nueva York (InSight Crime), además en territorios de las ex-Farc. Es primer cartel de drogas, permea la economía y corrompe funcionarios y políticos, como se declaró ante la JEP. El paro, con 309 actos violentos, fuera de rechazar esa extradición, confirmó el poder que detenta frente al Estado, cuya floja reacción refleja una impropia conducta asumida durante el cuatrienio Duque, otra en el cúmulo de equivocaciones.