¿Qué significa tener una procuradora a cargo?

Nombraron el día de ayer a Margarita Cabello Blanco como procuradora general de la nación. Es la primera mujer en ocupar este cargo en Colombia y la tercera en liderar un órgano de control de los creados por la Constitución de 1991. Viviane Morales fue fiscal general de la nación entre 2011 y 2012.

Aunque Morales fue la gestora de la ley de cuotas para mujeres aprobada en el año 2000, la Ley 581 de 2000, en su paso por la Fiscalía no se destaca una preocupación especial por los derechos de las mujeres o por tomar las banderas del género.

Sí adoptó con valentía unas banderas que tampoco tienen dueño: enfrentarse a los grandes grupos de poder y defender a las generaciones futuras (ver la descripción en la página institucional de la Fiscalía). Morales es reconocida por la página institucional de la Fiscalía por haber presentado el proyecto de reforma de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), por haber iniciado las investigaciones por las interceptaciones ilegales del DAS y por haber iniciado las investigaciones sobre el caso de Agro Ingreso Seguro. Esta misma fuente resalta que creó la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Renunció ante la Corte Suprema de Justicia después de que el Consejo de Estado identificara problemas con el proceso de su elección.

Sandra Morelli, por su parte, fue contralora general de la república entre 2010 y 2014. No fue prioridad en su agenda el tema de género ni abordó la cuestión de los derechos de las mujeres. Sus batallas fueron también enormes: se enfrentó a los grandes intereses creados en el tema de la salud, a los magistrados de las Altas Cortes y a su antecesor por tener una nómina paralela (así resume La Silla Vacía la biografía de Morelli). Actualmente está siendo investigada por cuestiones relacionadas con la venta y arriendo de inmuebles para la sede de la Contraloría.

Margarita Cabello es diferente de Morales y Morelli en muchos sentidos. Uno de ellos es el trabajo que ha hecho en materia de género. La doctora Cabello fue miembro de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial  y fue su presidenta entre 2017 y 2018. Según su hoja de vida pública, fue miembro de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana durante el periodo comprendió entre 2014 al 2016.

Este compromiso se tradujo en una serie de fallos de tutela en los que la entonces Magistrada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia usó la perspectiva de género para proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia. En una tutela resuelta el 4 de abril de 2018, por ejemplo, la sentencia de la magistrada ordenó a todos los jueces promiscuos municipales del país dar noticia de sus vacancias para que el Consejo Superior de la Judicatura procediera a reubicar en 30 días a una escribiente que fue víctima de una agresión sexual en la sede del juzgado donde trabajaba. La solicitud al Consejo Superior de la Judicatura llevaba más de un año sin resolver, a pesar de existir certificado médico de la afectación grave de la salud mental de la demandante.

En otra tutela resuelta ese año, en febrero 21 de 2018, la sentencia redactada por la magistrada Cabello resaltó que no puede el juez de familia interpretar que una demora de la víctima en solicitar medidas de protección contra su agresor es suficiente prueba de que la violencia era recíproca. En cuanto a la perspectiva de género señaló: “Juzgar con «perspectiva de género» es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad”.

Así que, por primera vez, tenemos a la cabeza de un órgano de control a una mujer que se ha preocupado por estudiar y entender el tema de género. ¿Qué puede hacer diferente? Los procuradores Maya, Ordóñez y Carrillo no fueron indolentes frente al tema de género. Bajo su mandato se elaboraron lineamientos para la vigilancia preventiva con perspectiva de género, se trabajó en capacitar funcionarios para que tuvieran una perspectiva de género en su trabajo de investigación disciplinaria y se recogieron datos sobre la vulneración de derechos de las mujeres.

Se investigaron las actuaciones de las Comisarías de Familia, así como las del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aunque la agenda de Ordóñez estaba orientada por una idea de “derechos de las mujeres” y no por la perspectiva de género, su procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia trabajó enfáticamente por promover el enfoque de derechos y diferencial. Los resultados de estos esfuerzos de sensibilización, capacitación y documentación todavía están por verse.

La Procuraduría tiene en la acción disciplinaria y la vigilancia preventiva un arma muy importante para erradicar la discriminación y violencia que padecen las mujeres que buscan ayuda del aparato administrativo y judicial. Propongo al menos cuatro frentes en los que podría trabajar la Procuraduría para avanzar en la igualdad de las mujeres. Primero, puede poner presión sobre el sistema de salud para que deje de discriminar a las mujeres.

Como lo han mostrado los estudios de la Mesa por la Vida de las Mujeres, las mujeres enfrentan múltiples violencias por parte de prestadores de servicios de salud. Sin embargo, sus intentos por enfrentar estas violencias terminan desatendidos y relegados entre los miles de reclamos más que existen. Priorizar estos reclamos es posible si se pone presión sobre las instancias encargadas de vigilar el sistema: la Superintendencia de Salud y las secretarías de salud locales. La vigilancia preventiva y la acción disciplinaria serían maneras de ejercer esa presión. Segundo, puede reorientar la acción de las Comisarías de Familia para que aumente su eficacia en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

En efecto, las autoridades administrativas encargadas de atender y proteger a las mujeres víctimas de violencia siguen cumpliendo pobremente su trabajo y la vigilancia de su tarea se posterga entre laberintos de competencias que van de la Rama Judicial al Ministerio de Justicia a las autoridades locales, volviendo nuevamente a los jueces por la vía de la tutela. Intervenir estructuralmente el sistema de protección contra la violencia es algo en lo que puede incidir la Procuraduría si se tiene la “voluntad política”. Tercero, la Procuraduría también puede liderar los consensos en torno al acoso sexual y su erradicación, incluyendo a la Rama Judicial, desarrollando líneas jurisprudenciales en materia disciplinaria que aclaren el concepto y materialicen la perspectiva de género. Finalmente, la Procuraduría tendría en sus manos la posibilidad de confirmar que las oportunidades que las leyes de cuotas y políticas de equidad de género han abierto para las mujeres no terminen siendo cargos de clientela. Podría investigar que los órganos de género de las entidades públicas realicen las tareas que les han sido encargadas y lo hagan dentro de los parámetros estrictos de la legalidad.

El nombramiento de Margarita Cabello no ha estado exento de críticas. Nada en esas críticas, sin embargo, podría hacernos pensar que estará menos comprometida con la equidad de género de lo que lo ha estado en el pasado. Confío en que algunas de estas ideas calen y la doctora Cabello nos siga mostrando que, como Morales y Morelli, es capaz de dar grandes batallas; la de la justicia de género es una que definitivamente ha estado postergada por mucho tiempo.