¿Quiénes pierden?

En la nueva ronda que impone el Gobierno para lograr ‘alguna’ reforma a la salud, las EPS que se sientan con el Gobierno aceptan entregar la plata a cambio de su supervivencia. El Gobierno se traga el sapo al mantenerlas vivas -cambiándoles el nombre- y todos quedan felices. Pareciese el penúltimo capítulo de la última temporada de una serie que llega a los dos años: Desafortunadamente, para todos los colombianos no será el último.

Todavía quedan por escribirse algunas líneas sobre quiénes serán los mayores perdedores de toda esta historia. Algo alcanzó a percibirse cuando el Ministerio de Salud insinuó y publicó su fallido tarifario de salud. Le correspondió retirarlo afanosamente ante la justificada reacción de los agentes del sistema de salud. El grave problema con el modelo de las EPS como gestoras es que se le entrega de tajo los recursos de la salud al Gobierno, pero también le traspasa el riesgo financiero con dimensiones -aún no calculadas-, pero que intuitivamente sabemos todos que será supremamente alto.

La dificultad radica en que al desconectar la gestión del riesgo en salud -prevenir y administrar la enfermedad-; de la gestión del riesgo financiero -manejar UPC o la cuota que el Gobierno reconoce por cada persona- se desata el nudo gordiano que hoy contiene el gasto desbordado en salud.

¿Cómo es eso? Simple, durante 30 años las EPS aprendieron a conocer los costos reales de cada uno de los 10 mil hospitales públicos y privados de Colombia: Sus condiciones de calidad, eficiencia y pudieron generar negociaciones con mecanismos de pago que revertían, en la mayor eficiencia posible, en la producción de servicios y su entrega a pacientes. Sin tener que cuidar la plata, las EPS mirarán para el otro lado, a papa Gobierno.

Por esa razón, hoy no existe mayor tiempo de espera para realizar exámenes de laboratorio, ni procedimientos médicos en Colombia. Sin lugar a duda, nuestro sistema de salud es uno de los más eficientes del mundo en la entrega de servicios. No obstante, no existe un ranking mundial que compare los sistemas en materia de tiempos de espera para los procedimientos médicos, solo hay estudios individuales, por países.

Esta semana llegó a mis manos el análisis de tiempos de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social, entidad que frecuentemente es presentada por el ministerio de salud colombiano como el gran ejemplo a seguir, con los resultados de un informe oficial entregado a la Defensoría de los habitantes de ese país. Para ilustración, expreso aquí algunos datos: El tiempo promedio de espera para una cirugía general es de 548 días; para una cirugía cardiovascular es de 553 días; una cirugía ortopédica 717 días; una consulta especializada de cardiología 352 días; medicina familiar 131 días, mamografía 128 días, tomografía 69 días. Esta situación no es nada diferente de la que actualmente se evidencia en sistemas de gestión financiera pública como Canadá, Inglaterra o España.

Volviendo a nuestro sistema, la presión de la tutela y el diseño colombiano posibilitaron que se generaran protocolos de servicio que permitieron, por ejemplo, utilizar los equipos de radioterapia para el tratamiento del cáncer las 24 horas. Bajo esta premisa se adelantaron hasta 150 sesiones de radioterapia por equipo -en centros especializados- y esto no se ha logrado en ningún otro país de América.

Cuando el Gobierno actual asuma la gestión del riesgo financiero de los pacientes, tendrá un problema: Inmediatamente, se rompa la represa que contiene el gasto, a través del poder de contratación y pago que hoy tienen las EPS, los incentivos llevarán hacia el incremento de precios. Eso lo entendió “rápidamente” el Ministerio y por eso surgió la expedición del manual tarifario como único mecanismo posible para contener el incremento de los precios.

Al entregarse las EPS sin mayor resistencia, ahora el nuevo enemigo a vencer serán las IPS, especialmente, los hospitales privados que han mantenido la mayor parte de la atención de la salud de los colombianos. Más explícita no podía ser esta nueva narrativa del Ministerio cuando esta misma semana manifestó que “el negocio está en los hospitales”. Complejo panorama tienen ellos, con una agenda tarifaria a la baja, que no reconoce la calidad e incluso plantea absurdos como que “en caso de fallecimiento del paciente durante la realización del procedimiento intervencionista con tarifa integral, debe facturarse el 70% del valor total del procedimiento”. Este es el más rampante y bajo ejemplo de monetizar la vida de las personas que jamás se haya visto en décadas de regulación del sistema de salud.

Los médicos tomarán el papel de ángeles de la muerte, teniendo que discriminar quién tiene o no posibilidades de sobrevivir. Pero también para ellos el mundo cambiará con tarifas ajustadas por lo bajo y nuevos mecanismos como pagos diferenciados –léase menores- hacia quienes hagan parte de los procedimientos como “especialidad secundaria”. Quienes sueñen con la práctica privada que despierten, en Colombia no hay tantos que puedan pagar precios de medicina privada. Otros que perderán, como los demás profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales a quienes el tarifario también afectará.

Y seguimos teniendo el mismo final: Pierden los pacientes quienes son el deber ser, el centro del sistema de salud, si la reforma “negociada” con las EPS sigue adelante. Irónicamente, los pacientes hacia quienes supuestamente se dirige la reforma, siguen siendo los convidados de piedra en todo este malogrado proceso.