La madre de todas las lavanderías

La guerra del Golfo fue un conflicto bélico contra Irak en respuesta a la invasión a Kuwait. Esta guerra también fue llamada por el líder iraquí Sadam Husein como “La madre de todas las guerras”. Como sabe todo el mundo, el amigo Sadam terminó sus días ahorcado, pero su metáfora sobre la maternidad vivirá para siempre.

De no ser por la oportuna intervención del Fiscal Néstor Humberto Martínez, en Colombia estaríamos – y probablemente seguimos - en procesos de dar inicio a lo que, sin tapujos, se podría llamar “La madre de todas las lavanderías”. Y se podría llamar de esta forma porque miles de inmuebles urbanos, de inmuebles rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas, establecimientos de comercio que la Fiscalía tiene identificados (y que es lo que les va a permitir iniciar un proceso de extinción de dominio masivo) estuvieron y están al borde de legalizarse de haberse implementado el decreto 903, donde se establece que con ese inventario de bienes se va a constituir un fondo fiduciario que será administrado por el Gobierno pero conjuntamente con la comisión de la CICIP.

Para el Fiscal Martínez, “eso implicaría que las Farc tendrían capacidad de administrar sus propios bienes. Si la Constitución dice que se tiene que extinguir el dominio de los bienes ilegales, pues necesariamente las Farc no pueden mantener ningún tipo de participación en la propiedad de esos activos porque entonces están lavando los activos por medio de un fondo fiduciario que va a terminar administrando de las Farc”.

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El diario El Tiempo, tan afecto al Gobierno y por lo tanto a complacer a las Farc, se resiste a aceptar que lo que se estaba cocinando era “La madre de todas las lavanderías”. “El normal devenir de las cosas” afirma el melindroso editorial  “se altera cuando, con importante despliegue, la Fiscalía irrumpe en el debate público con cifras no definitivas que dan una idea inicial del tamaño de la fortuna de las Farc. Revelación que va acompañada de opiniones del jefe de la entidad, Néstor Humberto Martínez, sobre el destino de dicho patrimonio, sin antes haber recurrido a los funcionarios del Ejecutivo a cargo del asunto para tener una visión más completa. Martínez planteó que un decreto con fuerza de ley en relación con esta cuestión, el 903, podría facilitar el lavado de activos. Lo sensible del tema y el potencial de cualquier declaración del Fiscal General de la Nación harían deseable tal consulta…fue necesario que el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, aclarara que el uso que se le dará a la plata de las Farc dependerá de lo que decida la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y que, en cualquier caso, la reparación de las víctimas –como, por supuesto, debe ser– será prioritaria sobre otros ítems tales como el ingreso a la política de esta organización. Y, sobre todo, que las Farc, aunque podrán opinar, no tendrán la facultad de disponer de esos recursos a su antojo.”

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El Fiscal respondió de manera enérgica el resbaladizo editorial de El Tiempo: “La reciente intervención pública resulta de la legítima preocupación que le asiste a la Fiscalía en la defensa del orden jurídico que le compete, justamente ante el riesgo de que, al amparo de la jurisprudencia sobre los recursos de guerra, parte del patrimonio ilícito de las Farc proveniente del secuestro, el narcotráfico y la extorsión, pueda llegar no a las víctimas, sino a los victimarios, a través del artilugio de un patrimonio autónomo…Lo que quiere decir que para decidir la disposición de los recursos del fondo no basta la simple voluntad del Gobierno”. Y agrega que esto “significa una profunda merma de soberanía presupuestal del Estado, tal y como se desarrolla en nuestra carta, dado que los bienes que son objeto de extinción de dominio forman parte del patrimonio de la Nación”. La carta también reitera la necesidad de que el Estado mantenga a salvo la aplicación de la extinción de dominio.

Por más argumentos babosos que saque el Gobierno y los medios afectos a su causa, la realidad es que lo que se estaba cocinando, y posiblemente se sigue cocinando en el Decreto 903, repetimos que es nada menos que “La Madre de todas la lavanderías”. Cuando el Estado enajena bienes mal habidos, ¿a quién se le pasa que los bandidos puedan tener opinión sobre el destino de estos fondos? Todo parece indicar que el Gobierno, por medio de una cooperativa furtiva de nombre Ecomún, sí aspira a que los integrantes de las Farc manejen los fondos ilícitos. De ser este el caso, es el mismo gobierno el que estaría gestionando “La madre de todas las lavanderías”. ¡Qué asco!

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