Siguen saliendo reparos contra la propuesta de reforma a la política criminal presentada en las últimas horas al Congreso por el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático alertó que el artículo octavo abriría la puerta a que se suspenda la ejecución de la pena privativa de la libertad de pequeños agricultores, cuando se encuentren en situación de pobreza, en modelos de transición o que subsistan de los cultivos ilícitos, y que eso podría llevar a que los narcotraficantes los instrumentalicen.
“Se suspende la pena para procesados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de pequeños agricultores. Incentivo perverso para que los narcos instrumentalicen campesinos”, aseguró la congresista.
La senadora uribista también se pronunció sobre otros puntos de la iniciativa que generarán un profundo debate en el Congreso. Por ejemplo, menciona que en varios casos podría darles beneficios a los delincuentes mientras que los ciudadanos se podrían ver afectados.
“Los miembros de la primera línea no podrán ser procesados por concierto para delinquir. Esto implica reducir las penas e incluso su excarcelación”, aseguró la congresista. En ese caso, se contempla que en el artículo 21 se establece un parágrafo que propone que cuando las conductas se desarrollen en el marco de la “protesta social” o manifestaciones, no se configurará ese delito.
En ese sentido, Valencia alerta que los miembros de la primera línea tampoco podrían ser procesados por terrorismo, ya que ese delito también se eliminará cuando se presente en medio de las protestas. Según la congresista, este sería otro argumento con el que el Gobierno podría liberarlos.
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Por otro lado, Valencia asegura que las iglesias y la fe también estarían en riesgo por el artículo 14 que habla de que se deroguen los delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos.
La senadora dice que la reforma también abre la puerta para que muchos delincuentes puedan quedar en libertad, ya que la propuesta menciona que en algunos casos la medida de aseguramiento será sustituida por penas no privativas de la libertad.
Valencia tampoco está de acuerdo con que se abra la posibilidad para que los detenidos puedan cumplir labores que deriven en reducción de sus condenas. “Ahora los presos podrían salir por 72 horas si tienen cumplido el 25 % de la pena. Hoy la ley establece que se debe cumplir el 33 %. Más beneficios para la criminalidad”, dijo.
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Además, alerta que el proyecto propone que en algunos casos salgan a trabajar. “Presos entre semana, libres fin de semana. Se disminuye el tiempo para acceder al permiso de salida por fines de semana del 80 % al 40 % del tiempo de la pena cumplida”, señaló.
En ese sentido, la congresista cuestionó si los centros penitenciarios tendrán mayores beneficios para los criminales. “Nuevas definiciones de cárcel. ¿Las cárceles se convierten en hoteles? ¿Qué significa la reclusión semiabierta y abierta? ¿Los presos salen de día y retornan a la cárcel de noche?”, cuestionó la senadora uribista.
También alertó que se eliminaría un artículo que establece una agravación del homicidio cuando se trata de menores de edad, lo que llevaría a que las penas contra los victimarios puedan disminuir.
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“La creación de nuevos cupos en cárceles estará condicionada. ¿Tendremos más hacinamiento?”, preguntó la congresista. Reclama que en algunos casos la libertad condicional sería una ventana para no figurar en los certificados, con el argumento de no discriminación.
El ministro Osuna presentó el proyecto al Congreso y será discutido próximamente en las sesiones extraordinarias, sin embargo, desde que se conoció el borrador de la iniciativa han salido distintos reparos sobre la iniciativa.