Coca, cocal, cocalero. Del narcotráfico y sus vicios

El narcotráfico nos esta matando. En términos absolutos, el tráfico ilícito de narcóticos ha sido el mayor generador de violencia y causa subyacente de muertes en los últimos 50 años en Colombia. Su presencia ha sido el principal catalizador de tensiones sociales/políticas y económicas, por ello, en cuanto no se logré su erradicación o disminución efectiva, no habrá paz posible.

Los números son un desastre. Los actuales registros sobre narcóticos en general, y a la cocaína en particular, son ciertamente alarmantes. El reporte del SIMCI (UNODC-2022) señala un crecimiento del 43 % entre los años 2020-2021 (presidente Duque) hasta las 204.000 ha, nunca antes se habían tenido tantas hectáreas sembradas, incluso en la época de los grandes carteles, o del auge militar de las Farc-EP, AUC o cualquier otro grupo armado ilegal. Como agravante, el 86 % de la siembra está localizada en enclaves donde ha consolidado su persistencia en por lo menos los últimos 10 años, conllevando a que se pasará de un potencial de producción de clorhidrato de cocaína de 368 a 1.400 toneladas (3.8 veces más) entre otras, ayudado por las favorables condiciones climáticas del país, la transformación genética de la planta y el uso de agroquímicos. Así mismo, conocemos que el ritmo de construcción de laboratorios de coca ilegales es superior a la capacidad de las autoridades para destruirlos.

Mas coca, más violencia. La sucesión ordenada de los hechos indica que más coca, igual a más plata; igual a mayor rivalidad y competencia, más armas; más ejércitos ilegales, igual a nuevas estructuras delictivas, nuevos mandos o cabecillas; igual a reciclaje de la violencia. Han sido identificado tres grupos armados organizados (GAO) con predominio (UNODC-2022) y cerca de 60 organizaciones de crimen organizado, con diferentes tamaños y capacidades (Indepaz, 2021). Es decir, no importa cuantos procesos de paz se adelanten, al final tendremos GAO (nuevos, antiguos o disidentes) que entraran a rivalizar por una mejor posición en un negocio consolidado, lucrativo y en constante crecimiento.

La estrategia fracasó. Es claro que la estrategia de la última década fracasó y que la política antidrogas está presentando los más pobres resultados posibles, si bien, se han esgrimido argumentos sobre los impactos del covid-19; la crisis económica; el vacío de poder de las Farc-EP y el debate jurídico/ambiental con el Glifosato, lo cierto es que, entre 2010-2022, los resultados fueron desastrosos.

Ahora bien, lo venidero no se ve prometedor, si bien el presidente Duque promovió una erradicación histórica en 2022, los registros del 2023 indican que la disminución ha sido estrepitosa (Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional) así mismo, hay disminución en la incautación de toneladas de cocaína, del 0,3 % (InSightCrime, 2023), con uno de los índices más bajos entre los países productores y de tránsito en la Sur América. En adición, la información confusa de los diferentes niveles del alto gobierno y la intervención del Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU crearon un ambiente de zozobra y especulación sobre la apuesta y real voluntad de promover una disminución efectiva en el tráfico de estupefacientes. Es evidente que se requiere un cambio y actualización en la estrategia interna y externa de lucha contra el narcotráfico, sin embargo, el actual gobierno plantea más una discusión desde lo político/ideológico que desde lo técnico y la salud pública.

La sobresimplificación del problema. Según ha sido mencionado por el presidente Petro, el problema del narcotráfico es principalmente social, en la medida que el sembrador está subordinado como eslabón en el ciclo del narcotráfico (producción, tráfico y comercialización) por lo cual se plantea la política en torno del otorgamiento de garantías al campesino. Sin embargo, desde nuestra perspectiva el problema es primordialmente económico, ya que todo se soporta desde la alta demanda, que incentiva mejores precios en dólares los que a su vez, financian a ejércitos privados ilegales, los cuales promueven y facilitan la plantación extensiva, soportados en medios de coerción armada sobre comunidades y personas desprovistas de oportunidades, principalmente en zonas de frontera económica, donde es factible encontrar gente dispuesta a mercadear sus vidas y servicios al mejor postor. Por lo cual, siempre que exista altos precios se darán las condiciones para el crecimiento de los cultivos, todo bajo un contexto de coerción armada y de promoción de la violencia (consultar caso mexicano). De manera que, la sobresimplificación del problema, particularmente en el debate político, y la promoción de un discurso descontextualizado y desconectado a la luz de las cifras, conllevarán a un crecimiento de los GAO, mayor influencia armada ilegal en los territorios y una disminución efectiva de la acción del Estado.

Hay instituciones. Contrario a lo que se repite con mucha frecuencia, el Estado colombiano ha crecido positivamente en muchos frentes en los últimos 70 años, y las instituciones son más presentes y fuertes que en el pretérito anterior. Hoy tenemos varias entidades que han logrado documentar las posibilidades y dificultades de la acción social en zonas de cultivo, iniciativas imperfectas, pero existentes como, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); Acceso a tierras para el Desarrollo Rural Integral; Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); iniciativas de Desarrollo Alternativo, entre otras, que no han sido eficaces pero que pueden ser componentes de un plan estructural.

Más coca, sin carteles. El condicionante económico que describimos previamente conduce a que los actores ilegales estén actuando en todas las direcciones, la ausencia de un control completamente hegemónico en el negocio ha llevado a que existan diversas estructuras ilegales que van desde Clan del Golfo (sucesor de las AUC) a las mal llamadas disidencias de las Farc-EP y el ELN, que tienen control de todos los eslabones de la cadena; hasta organizaciones más pequeñas que han consolidado control, regional y/o urbano; ni que decir de la relación con los nuevos grandes carteles mexicanos que han incrementado su presencia en Colombia. Así entonces, aunque no existan estructuras que dominen por completo el mercado, siempre habrá violencia armada, asesinatos, sicariatos, disputas y en general violencia por el dominio del negocio lo que facilita un reciclaje permanente, incluso a nuevas formas de comercialización urbanas, bajo dinámica de pequeños gánsteres que promocionan nuevas variedades como “The Pink Cocaine” con inusitado éxito en Medellín y con alta demanda de los carteles estadounidenses y europeos (VICE, 2022).

Componente educativo y modelo social. Los ríos de dinero que entran a la economía por medios formales e informales, han ayudado a la consolidación de una cultura traqueta, aunado a la nefasta reproducción en la TV nacional y de plataformas de streaming (Netflix) sobre el estereotipo del narco-éxito, en el cual, se ha promovido de forma directa e indirecta una crisis de los valores y del código moral, que, aunado a la ausencia de oportunidades económicas, proveen mano de obra ansiosa de participar en el negocio ilegal. Al final, estos nuevos actores, se componen de personas que actúan bajo pragmatismo económico, en el que siempre que existan grandes extensiones cocaleras y excedentes económicos habrá uno o más grupos dispuestos a hacerse con su control.

Se requiere de un componente educativo fuerte en los centros de formación, de todos los niveles, que prepare a la juventud a resistir al dilema del dinero mal habido, particularmente en zonas de conflicto. También acción decidida en el ministerio de cultura sobre la apología al narcotráfico y otros modelos de persuasión subconsciente. El país merece que se reduzca la formación basada en la memorización y se fortalezca el conocimiento en valores y de la vida en sociedad.

Revolucionarios o narcotraficantes. El análisis del conflicto armado ya ha alcanzado la madurez suficiente para que no se siga repitiendo argumentos, que si bien tuvieron sentido contextual e histórico hace unas décadas hoy están completamente revaluados, nos referimos a la tesis que sostiene que la acción y existencia de los grupos armados ilegales es producto de una revolución social que propugna la toma del poder y el cambio del modelo económico/social. Dicho esto, existe consenso sobre el involucramiento de organizaciones como el ELN, grupos armados residuales y estructuras herederas de las AUC que participan en uno o más componentes de la cadena del narcotráfico y que sin eufemismo podemos llamar narcotraficantes.

Pese a lo anterior, las inmensas complejidades contextuales dificultan la configuración de un régimen jurídico para una eventual negociación, como se está intentando con la Ley 2272 de 2022 que define la política de paz del Estado y los posteriores decretos, tengan serios dilemas prácticos para determinar contra que organización actuar y contra cual no, lo que involucra a la fuerza pública en un debate operacional/jurídico que supera el marco de la realidad operacional. Como resultado, se promueve más la inacción que las operaciones, hay demasiada inseguridad e incertidumbre jurídica para los uniformados. Vale la pena ahondar si ¿ha sido la coca el verdadero factor de persistencia del conflicto colombiano? Al final en todo Latinoamérica las guerrillas socialistas desaparecieron, pero en aquí la fuente infinita de recursos ha permitido el escalamiento y continuidad.

La diplomacia de la coca. Quizá, porque queremos nuestro país y sabemos que es un lugar hermoso y único, no podemos dimensionar la mal ganada fama internacional; en 2018, The Reputation Institute en el Reino Unido identifico que Colombia era el 11avo país con peor reputación en el mundo, principalmente por ser el principal productor de cocaína. Si bien esto es en muchos sentidos carece de sentido (en que lógica los consumidores son las víctimas y los productores los victimarios), lo cierto es que el Estado ha tenido un pésimo manejo de la imagen internacional del país, todos sabemos que buena reputación se traduce en negocios, turismo, inversión y demás. Esto debería ser un punto fundamental en la política internacional del país.

Así mismo, es acertado que Colombia lidere una conversación global entorno a la ineficacia relativa de la actual política antidrogas, en un mundo hiperconectado. Sin embargo, esto no debe ser bajo condicionamientos políticos/ideológicos, o buscando protagonismos personalistas, sino bajo un criterio de conveniencia. El país no está para hacer cruzadas en pro de ideologías o de movimientos políticos, sino que debe dar un salto en pro de una solución efectiva de este problema. ¿Cuándo intensificaremos el debate en el fracaso de salud pública, control de fronteras, educación, desestimulo de la demanda y de los carteles al interior de los países consumidores?

La coca significa afectación ambiental. El cultivo extensivo de la coca implica tres cosas fundamentales: uso indiscriminado de químicos, contaminación de fuentes hídricas y deforestación, mucha deforestación. El CODS y el CESED de Uniandes analizan la relación compleja entre crecimiento de cultivos ilícitos y la tala de selva amazónica, que se hace extensible a varias otras regiones del país, Pacifico nariñense y zonas de frontera. Los cultivos de coca tienen una gran relación con la perdida de cerca de 1.5 millones de hectáreas de bosques (2005-2015) registrada por el Ideam, ya que más allá del cultivo, también se requieren pistas de aterrizaje, carreteras y ganado (lavado de activos). Es importante enfatizar que el problema del uso ancestral de la coca no es el eje del problema, ya que su uso es minúsculo frente a la vasta producción. Toda política ambiental es contraria a una política de no control del cultivo de coca.

¿Y si nada ha funcionado, que se puede hacer? Por supuesto, la mejor estrategia es una política integral, que actúe de forma compleja sobre un problema complejo evitando la simplificación o la exclusión de componentes. Sobra decir que el Gobierno debe resignar el enfoque político/ideológico y concentrarse en acciones técnicas. El problema ha escalado de forma tal que es difícil e inconveniente rechazar la participación de cualquier componente, ya fuese la de la oferta social (bancaria, financiación, educación y asistencia institucional, carcelaria) y la militar (erradicación, operaciones militares, interdicción aérea, coordinación internacional…) así mismo, no se puede descartar el Glifosato o su sustituto químico (con evidencia científica de no afectación a la salud). Todo en conjunto permitirá una solución efectiva, ya que la acción militar por sí sola no configura una solución estructural, del mismo modo, se ha comprobado que la disuasión de la oferta social no es lo suficientemente atractiva o persuasiva para promover la sustitución a gran escala. El Gobierno y el Ministerio de Defensa deben ser más asertivo frente a las órdenes de la fuerza pública, ya que el tono, la inseguridad jurídica y la ausencia de una política estratégica integral, actúan en favor de los narcotraficantes.

De manera que, podemos recaer sobre lo evidente, la coca es y ha sido el elemento dinamizador macrocriminal más importante en la historia reciente del país, más coca significa más hombres en armas y mas muertes. El Gobierno actual tiene serios retos ante una situación que esta ostensiblemente degradada, urge una postura y una política técnica.

Pendiente queda por discutir los efectos y dependencia real del narcotráfico en la economía nacional, la cual ha sido valorada preliminarmente en 5-6 billones de pesos. ¿Qué efectos económicos tendrá su eventual ausencia?