Corrupción y politiquería contaminan corporaciones autónomas regionales

Cuando fueron creadas las Corporaciones Autónomas Regionales, se pensó en ellas como unas entidades técnicas que contribuirían en grande a un desarrollo social y ambientalmente sostenibles en las diversas regiones del país. Hoy, sin embargo, no sería exagerado decir que algunas se han convertido en cuevas de rolando.  El homicido de un consejero de la CRA en Barranquilla, y las amenazas de muerte y destitución del director de la CVC en Cali son la punta del iceberg de lo que allí está sucediendo. 
 
Se creyó que la representación que en las Corporaciones tienen las organizaciones ambientalistas, los gremios y el propio gobierno nacional, velarían por que se mantuvieran transparentes y eficaces, y nunca les entrara la roya de la politiquería. Por eso la ley las dotó de ingresos considerables. En 2007 éstas ejecutaron un presupuesto de 947 mil millones de pesos, según los datos de la Contraloría General.

Y esto se ha mantenido así en la mayoría de las regiones colombianas durante un largo período, con muy pocas excepciones. Sin embargo, en los últimos años, son muchos los escándalos que han tocado a algunas de estas corporaciones, precisamente porque sus ricos presupuestos son ahora un botín que se pelean la politiquería y la corrupción. En los últimos días son la Corporación Regional Autónoma del Atlántico (CRA) y la otrora prestigiosísima Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca (CVC) las que están dando qué hablar por sus escándalos.

Quizás esto es fruto del creciente poder regional de políticos aliados con grupos armados ilegales o mafias y el gobierno nacional ha cedido a la presión clientelista en algunas regiones, en aras de mantener sus necesitadas mayorías en el Congreso.

Homicidio en la CRA

El asesinato, el sábado 24 de enero, del consejero de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Cesar Otero Otero, poluciona más el ambiente ya deteriorado por presuntos manejos de clientelismo y corrupción al que ha estado sometida ésta institución en los últimos años.

El ambiente político y laboral en la CRA llegó a su máximo grado de tensión el sábado, cuando sicarios que se movilizaban en una moto asesinaron de ocho balazos al consejero Otero en la carrera 38 con avenida circunvalar cuando iba en su carro rumbo a la población de Tubará a reunirse con el alcalde de esa población Cristian Coll, también miembro del consejo directivo. Los dos habían asistido el viernes a una acalorada reunión de junta directiva, que según testigos, terminó tensa. Tanto es así, que dicen que uno de los alcaldes recibió una llamada en la que lo increpaban y él sólo dijo: “Nací para morir”, y colgó.

El viernes 23 de enero fue la última reunión del Consejo Directivo de la CRA. En ella, los doce consejeros discutieron si prorrogaban el encargo del actual director, Beny Daníes Echeverría, o si encargaban a otra persona de la dirección que se encuentra acéfala desde octubre cuando fue separado del cargo Rafael Pérez Jubiz, el director titular de la corporación que se encuentra detenido en la seccional del DAS acusado de concierto para delinquir, peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Rafael Pérez Jubiz fue separado del cargo por la Procuraduría General de la Nación en medio de un escándalo por la celebración de 22 convenios con ONG´s, para la arborización en igual número de municipios del departamento por valor de 600 millones de pesos. El Heraldo hizo una investigación y pudo demostrar que los árboles no se sembraron y la única explicación de Jubiz y sus asesores fue que las plantas sembradas se las habían comido los burros, los cerdos y las vacas. Respuesta que fue recibida como un acto de desfachatez que el departamento no estaba dispuesto a tolerar.

Luego de investigar el caso, el 4 de diciembre de 2008 la Fiscalía dictó una medida de aseguramiento contra varios funcionarios de la CRA: el director Rafael Pérez Jubiz; Ricardo de Jesús Haad Carreño, coordinador forestal; Fidel Oñoro Retamozo, secretario general y contra los representantes legales de 14 ONG´s que se habrían prestado para firmar unos convenios pero las siembras no se hicieron.

Los últimos meses de Pérez Jubiz fueron una tortura para la entidad que regula el medio ambiente del departamento del Atlántico, pues las disputas y acusaciones eran pan de cada día. Incluso, su elección como director en noviembre de 2006, primero como encargado y luego como titular, se hizo en medio de una feroz confrontación con el ex gobernador Carlos Rodado, quien se oponía a su elección y se quedó solo ante los demás miembros, incluidos el delegado del Presidente y el del ministerio de Medio Ambiente que sí lo apoyaron.

A la postre ha resultado que Rodado tenía razón, pues la gestión de Pérez resultó un gran descalabro. Por eso, en forma tardía, el gobierno nacional, a través del ministerio del Medio Ambiente decidió intervenir la CRA y encargó a la viceministra mientras se reunía el consejo directivo y se elegía a un encargado ante la separación y detención del director titular.

Es pertinente aclarar que según diversas fuentes consultadas por Semana, la mayor tajada burocrática de la entidad la tiene el grupo político Voluntad Popular, cuyo máximo dirigente en el departamento es el senador Arturo Char y la candidatura de Pérez Jubiz fue patrocinada o auspiciada por el ex diputado Luis Eduardo Diazgranados y el ex contralor Roberto Solano Navarra.

Tanto es así, que Pérez Jubiz venía de ser subcontralor departamental. La alianza para imponerlo fue sellada con los cuatros alcaldes que hacen parte del consejo directivo, los dos representantes de las ONG ambientalistas, los dos representantes del sector privado, entre ellos Cesar Otero Otero, asesinado el sábado. Estos ocho tenían la mayoría a la que se sumó el representante de las negritudes y los dos votos de los delegados del Presidente y del Ministro. En las dos últimas elecciones el ex gobernador Rodado y el actual gobernador Eduardo Verano han sido prácticamente convidados de piedra.

Y la situación está tensa porque la contaminación que más afecta el ambiente de la CRA es la política. Pérez Jubiz era de Cambio Radical y el actual director, Beny Daníes Echavarría, es conservador gerleinista, hijo de la diputada Betty Echavarría de Daníes. Los alcaldes y representantes de las ONG´s y sector privado, así como antes votaron por Pérez, después lo hicieron por Daníes y quienes tenían el control de la entidad quieren retomarlo.

La CRA se financia con la sobretasa ambiental y con la gestión que hagan sus directivos para adelantar programas de recuperación de cuencas, saneamiento ambiental, repoblación de bosques y licencias ambientales entre otras funciones.

Pero los malos manejos y el clientelismo han predominado por encima de la misión de la corporación. En los dos últimos años la entidad gastó en órdenes de prestación de servicios 1200 millones de pesos.

Una nómina abultada, contratos leoninos y un creciente problema ambiental dejado de lado por las ambiciones de poder, y ahora, el asesinato de uno de los consejeros tienen a la Corporación Regional del Atlántico, en la peor crisis de su corta historia.

La crisis de la CVC

Hasta hace un par de años la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC. era modelo en gestión pública, pero esto cambió en los últimos años. La politiquería puso en la mira esta apetecida institución que tiene un jugoso presupuesto de 206.000 millones de pesos y una nómina de 600 empleados.

Los políticos lograron metérsele al consejo directivo de la CVC que debería representar únicamente a gremios y a comunidad, a pesar de que, como las demás corporaciones del país, tiene representantes del gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, hoy el representante de las comunidades negras, Néstor Córdoba abiertamente admite ser amigo del senador Juan Carlos Martínez Sinisterra de Convergencia Ciudadana, y según varias denuncias ciudadanas, Córdoba no es su única cuota en la Corporación. Martínez tiene una investigación preliminar de la Corte Suprema de Justicia por posible parapolítica.

El pasado 8 de enero el consejo directivo de la CVC expulsó al actual director, José William Garzón, elegido por meritocracia para un periodo de tres años en mayo de 2008. En esa decisión estuvieron de acuerdo diez de los once consejeros que representan a la Gobernación, los gremios, las ONG´s ambientalistas, municipios y el gobierno. “De acuerdo a un informe se concluyó que había deficiencias en la ejecución de los planes de acción de la entidad”, dijo a Semana, la vice ministra del Medio Ambiente, Claudia Mora, consejera ante la junta de la CVC en representación del Gobierno, al explicar su voto.

La Procuraduría sin embargo decidió investigar y por ahora, Garzón siguen en su puesto. El director está convencido de que tras su revocatoria existen intereses políticos, “Esa maniobra tiene nombre propio; el senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, con el apoyo del gobernador Juan Carlos Abadía”, aseguró a este medio y agregó que ambos le sacaron cuentas de cobro porque desde el año anterior “Saqué de sus puestos cuotas de Martínez y no se contrató con ONG´s recomendadas por consejeros de sus afectos”.

El récord de Garzón, que ya había sido director en una anterior ocasión, también ha sido cuestionado por algunos directivos y por autoridades locales. Por ejemplo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, lo cuestionó cuando se enteró que Garzón firmó antes de finalizar 2007, contratos por once mil millones de pesos para obras ambientales y que no fueron consultadas con su administración. Este año surgió una denuncia similar de contratitis de fin de año, pero esta vez por 40.000 millones de pesos.

Últimamente Semana conoció documentos de maniobras escandalosas realizadas por los propios funcionarios de la entidad.

La primera presunta irregularidad, efectuada un día antes de la revocatoria de Garzón, o sea el 7 de enero pasado, no se concretó y consistió en que subalternos de Garzón intentaron apoderarse de las acciones que tiene la CVC en la TCBuen, una terminal de carga de Buenaventura y que tienen un valor de 5 mil millones de pesos. Como sólo llevaba la firma de subalternos, entre ellos la de Mariella Hinostroza, cercana a Martínez desde que éste fundó su propio movimiento político en Buenaventura, la maniobra fracasó.

Pero la que sí se concretó, fue cuando Óscar Murillo, de quien también se dice es cuota del senador, siendo director encargado de la CVC en 2008, cedió irregularmente al municipio de Buenaventura, un lote industrial de 11.130 metros cuadrados que era de la CVC.

Dos meses más tarde, el alcalde de esa localidad, José Félix Ocoró, también de Convergencia Ciudadana, permutó el mismo lote que recibió de la CVC, por otro privado y de apenas 761 metros cuadrados. Ocoró hizo la transacción con la empresa Ecofértil S.A. La transacción aparece por el mismo valor, pero como un lote es mucho más grande que el otro, Buenaventura entregó el suyo (cedido irregularmente por la CVC) a 296.000 pesos el metro cuadrado, recibió de Ecofértil otro que se valoró en 2´233.000 el metro cuadrado. (ver certificado de tradición). Las transacciones ya están denunciadas ante la Fiscalía.

Además de los escándalos y pujas jurídicas, el gobierno ha contribuido a la confusión. El 15 de enero, cambió al consejero que representaba al presidente Uribe ante la CVC, el ex alcalde de Cali, Ramiro Tafur por el ex viceministro de Defensa Jorge Mario Eastman. Pero la decisión duró sólo cinco días, ya que el 20 del mismo mes salió el Decreto 129 que derogaba el anterior y restituía a Tafur. Tafur dijo que “todo fue un error de una secretaria que se confundió”.

La cuestionada revocatoria del director, justo en momentos en que éste había resuelto sacar a algunos de los apadrinados por el senador Martínez, hace pensar si los consejeros de la CVC actuaron objetivamente o fue más fruto de presiones políticas.

Y lo que torna este caso en oscuro, es que la pelea política por esta enorme fuente de empleo e ingresos, la CVC, se volvió ahora peligrosa y el director Garzón asegura que ha sido amenazado de muerte.