Gobiernos locales: ¿por el camino de la Unidad Nacional?

Cuando este primero de enero se posesionen los 32 gobernadores y los más de mil cien alcaldes municipales, se instalará un nuevo mapa político en el país. Un mapa que, salvo puntuales excepciones, estará muy vinculado con la coalición de la Unidad Nacional que el presidente Juan Manuel Santos ha puesto en marcha desde que llegó al poder.
 
Aunque cada departamento y cada ciudad tienen su propia realidad, sus propias preocupaciones y necesidades, la agenda de los mandatarios locales que inician una administración que se extenderá hasta el 2015, nunca antes ha estado tan vinculada con los propósitos nacionales en marcha.
 
Y es que a la agenda reformista que ha venido desarrollando el presidente Santos, y que hasta el momento sólo se ha concentrado en definir los instrumentos legales, aún le falta desarrollo.
 
Y ese desarrollo, sobre el papel, debe tener como aliados a quienes desde sus regiones tienen que aplicar novedosas disposiciones que buscan objetivos como el de la restitución de tierras y reparación a las víctimas, la seguridad ciudadana, la distribución equitativa de los recursos de la regalías y no menos la cruzada contra la corrupción.
 
Lo que sí está claro es que el nuevo mapa político que se instalará es muy favorable para el gobierno de Santos. Región por región se ve cómo los gobiernos locales guardan sintonía con la administración nacional.
Por ejemplo, entre las alcaldías capitales, pese a que un significativo número de alcaldes fue avalado por firmas y no por partidos políticos, la mayoría de ellos están sintonizados con el gobierno Santos.
 
De esas 32 administraciones, 19 corresponden a los partidos que integran la unidad nacional. Y hay casos, como el de Cali, con Rodrigo Guerrero, en que si bien éste llegó al poder gracias al respaldo de un grupo significativo de ciudadanos, tuvo el respaldo indirecto de Santos, quien denunció irregularidades que estaban impidiendo su inscripción, y de partidos políticos como el Liberal y La U que lo respaldaron en campaña.
 
En estas capitales, además, 7 son liberales, 6 de Cambio Radical, 5 de la U, 3 del Partido conservador, 2 del Partido Verde, y 2 de coaliciones entre estos mismos partidos.
El mapa político de las gobernaciones no difiere demasiado de ese panorama. 17 de los 32 gobernadores son de partidos de la coalición de la Unidad Nacional.
La sintonía con Santos
 
Y como prueba de que hay una línea entre el poder central y el local hay que señalar que el propio presidente de la República, en su primer encuentro formal con todos los alcaldes y gobernadores, el pasado 13 de diciembre en Bogotá, trazó parte de los derroteros.
 
La seguridad fue uno de los temas que Santos fijó como prioridad. "Hago un llamado a los nuevos alcaldes y gobernadores para que hagan de la seguridad un punto prioritario en sus presupuestos y sus programas de gobierno", dijo el presidente en ese momento.
 
En el primer semestre de 2011, el Congreso de la República aprobó un instrumento legal que pretende dar respuesta a los nuevos desafíos en materia de seguridad. La ley, que se bautizó como Ley de Seguridad Ciudadana, les otorga a alcaldes, especialmente, mayores compromisos en la materia, al subrayar su condición de primeros comandantes de policía.
 
Las nuevas administraciones también deberán tener como prioridad la recuperación de sus departamentos y municipios de los estragos generados por las más duras olas invernales que, en 2011, inundaron el país.
 
El gobierno trazó la agenda general, en principio, para atender las necesidades prioritarias y la atención humanitaria a los damnificados, pero ese plan tiene otras dos etapas, entre ellas la reconstrucción.
 
Aunque es una política nacional, los mandatarios locales, esperan los recursos que se giren desde la administración central.
 
Los elegidos gobernantes también tienen la responsabilidad de poner en marcha la política de reparación a las víctimas del conflicto y la restitución de tierras. La ley, sancionada en julio pasado y de la que ya se expidieron los decretos que la reglamentan, señala a alcaldes y gobernadores como los principales gestores de esta política en sus respectivos territorios.
La cruzada contra la corrupción es otro de los puntos. Santos fue enfático en sugerir que quien no cuide los recursos públicos, "mejor no se posesione".
 
En buena parte, la sintonía en esta materia se concentra en el capítulo de la contratación. Aunque el estatuto anticorrupción, ya sancionado por el propio presidente Santos, impedía que financiadores de campañas políticas hicieran parte de la contratación, falta ver si la ley se queda en el papel o existen vacíos que permitan ese tipo de infiltración.
Otra de las sugerencias de Santos en esta materia fue la transparencia en los procesos de licitación, en los que pidió que se hicieran públicos.
 
La reforma a la distribución de la regalías tendrá en este 2012 su aplicación. Recientemente el Congreso aprobó la ley estatutaria que la pone en marcha, aunque en la discusión del legislativo se cuestionó que el gobierno central no la hubiera diseñado con los alcaldes y gobernadores que empezarán su administración este primero de enero.
 
Esta política busca que los millonarios recursos producto de la explotación de los recursos naturales en el territorio sean repartidos de forma equitativa entre departamentos productores y los que no lo son.
 
Pero, además, el destino de esos recursos estará trazado por el gobierno central, no sólo por haber fijado porcentajes específicos y de obligado cumplimiento, como el 10 por ciento para ciencia y tecnología, sino que la autonomía de las regiones para el gasto estará supeditada al gobierno nacional.
 
Bogotá y Antioquia: agendas independientes
 
Entre los gobiernos de mayor trascendencia que se estrenarán el próximo domingo, sin duda la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Gustavo Petro, y la gobernación de Antioquia, de Sergio Fajardo, son los que se advierten que guardarán mayor independencia frente a la Unidad Nacional. Más aún cuando tanto Petro como Fajardo son dos figuras con proyectos políticos propios que no sólo miran a sus regiones, sino que apuntan a tener desarrollo nacional. No es casualidad que ambos hayan participado de la contienda presidencial de 2010.
 
Aunque Petro marcó distancia frente a la izquierda que desde el 2003 venía administrando la ciudad, su gobierno seguirá perteneciendo a ese espectro ideológico.

En su discurso de celebración, el alcalde electo dijo que Progresistas, el movimiento que lo apoyó, tendrá alcance nacional. Aunque muchos interpretaron que iría por la Presidencia en 2014, su círculo más cercano considera que sus palabras señalaron el renacimiento de una organización política parecida a las extintas Alianza Democrática M-19 y Vía Alterna.
 
Por eso, muchos analistas ven en la administración de Petro una oportunidad para el resurgimiento de la izquierda. Su futuro dependerá de cómo logre sortear el reto de gobernar a Bogotá. Por un lado, trabajar con el gobierno nacional sobre los temas de la ciudad que lo requieran, sin perder la identidad de su ideología.
 
Petro tendrá una agenda independiente, pero debe estar en permanente contacto con Santos. Temas en movilidad, seguridad y la construcción del Metro serán los más frecuentes entre gobiernos distrital y nacional.
 
En cuanto a la gobernación de Antioquia, la presencia de Sergio Fajardo también supone un proyecto independiente, concentrado en su departamento, pero sin renunciar a mirar de reojo su proyección nacional.
 
Esa independencia la ha mostrado desde el Partido Verde. De hecho, fajardo no sólo marcó distancia con la presencia del uribismo en la campaña de Enrique Peñalosa a la alcaldía de Bogotá, sino que fue muy crítico cuando el pleno del partido decidió, en julio pasado, integrar la Unidad Nacional liderada por Santos.
 
Fajardo plantea en su programa de gobierno reeditar a nivel departamental sus principales políticas instrumentadas en la Alcaldía de Medellín: fortalecer la educación, recuperar la seguridad y promover la transparencia en las entidades públicas. De hecho, su lema de campaña fue "Ya lo hicimos en Medellín y lo vamos a hacer en Antioquia".
 
Los principales puntos de su programa son: la transparencia, la seguridad y la educación. Con el "pacto por la transparencia" busca instrumentar medidas contra la corrupción. Con la iniciativa "Antioquia región segura" ampliará la presencia de la fuerza pública como fórmula contra la delincuencia. Y con "Antioquia la más educada" se propone potencializar el desarrollo educativo.
 
Así pues, todo está servido para las nuevas administraciones locales, pero nunca tanto como antes, de la mano del gobierno nacional. O al menos, ese es el panorama de arranque. El paso del tiempo dirá si esa previsión se cumplirá en los años por venir.