Gremios de armas de baja letalidad están molestos con el gobierno de Gustavo Petro, estos son sus reclamos

En la Cámara Colombiana de Armas de Letalidad Reducida (CCA) hay molestia por un decreto que el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Defensa está implementando y por el que están viendo afectados. Reclaman que los están equiparando a las armas de fuego convencionales y que eso está impactando negativamente su empleo y actividades.

El líder de ese gremio, Lewis Jiménez, le contó a SEMANA la situación. Según dijo, desde hace varios años fueron certificados por el mismo Estado, sin embargo, un decreto que se firmó en la anterior administración estableció algunas restricciones al porte de estos elementos, pero ahora, en el nuevo Gobierno, les están cobrando permisos al igual que un arma convencional.

Jiménez explica que toda la cadena de producción y uso de estos elementos, desde importadores, comerciantes y empleados se están viendo afectados. Aseguró que cuentan con unos 8.000 usuarios en Bogotá y 75.000 a nivel nacional. Buscan que el Gobierno los escuche para que haya una regulación adecuada a sus actividades y no estén relacionados con la criminalidad.

“Nos hemos intentado acercar al Gobierno para demostrar que hemos llevado un registro y control de estos artículos y que no son armas de fuego. Eso quedó establecido en la solicitud de ingreso al país cuando se hizo la importación de estos artículos, en los que se determinó que no eran armas de fuego”, aseguró Lewis Jiménez.

Precisamente uno de los reclamos de Jiménez es que varios de esos artículos ya fueron importados y hasta comercializados, por lo que tanto comerciantes como usuarios han tenido que pagar un valor por esos elementos que ahora no pueden usar y hasta ocultar por temor a sanciones.

“Hay una afectación al derecho al trabajo, a la recreación. Lo que hicieron fue truncar el trabajo de las personas que estábamos tratando de sacar estas actividades adelante”, afirmó. La agremiación calcula que hay unos 10.000 trabajadores a nivel nacional.

Una de las consecuencias de que se haya equiparado a las armas convencionales a estas que comercializan es que las personas que deseen usarla para sus actividades deberán pagar los mismos permisos de un porte de tenencia de armas convencional.

Por ejemplo, una persona que quiera sacar el permiso tendrá que pagar una marcación de 90.000 pesos en el caso de Bogotá y 140.000 fuera del país, además de otros permisos de porte tenencia y registro que pueden elevar el costo hasta más de 1,5 millones de pesos. El problema es que una pistola convencional de las que comercializan cuesta algo menos de ese valor, alrededor de 1.450.000 pesos.

“Si le suben el precio con lo que está exigiendo el Gobierno, mandarlas a hacer permisos, cursos y todas las cosas como si fueran armas de fuego, las personas no van a registrarlas para guardarlas porque no están dando permisos”, alertó Jiménez.

A eso se le suma que los permisos son complicados, precisamente, porque no son armas de fuego convencionales. “Como no hay permisos la mayoría están guardadas o escondidas”, dijo.

El representante del gremio reclama que esta medida no ha servido para enfrentar la delincuencia, pero sí ha afectado a un gran sector de la población, especialmente pequeños comerciantes y personas de ingresos medios que realizan estas actividades.

“Los delincuentes nunca van a ir a registrar ningún arma. La delincuencia hasta ahora no se ha reducido, al contrario, se ha incrementado más”, afirmó.

En cambio, reclama que el primer requisito para que una persona compre un arma de estas se requiere que no tenga antecedentes. Dicen que este registro le serviría a las autoridades para evidenciar cuando es un ciudadano que actúa bajo la ley a un delincuente.

“Para beneficiar a la Policía se creó la CCA. A la persona se le da un carné con código QR y cada policía puede identificar que el arma que posee ese ciudadano es legal. La que no esté bajo esa documentación, la pueden incautar”, afirmó.

En ese sentido, lo que buscan es tener una sola base de datos para unificar la información, ya que cada pistola trae un serial desde el momento de la importación con el que se le puede hacer seguimiento.

Algunas de las diferencias de estas armas de letalidad reducida con las de fuego es que tienen una vida útil más corta, de alrededor 1.000 disparos. Jiménez aclara que no se podrá usar una bala convencional en estas armas porque no encaja. “Los mecanismos del arma explotarían”, explicó. Y que modificarlas con ese propósito conllevaría un delito.

Otra de las diferencias es que a las de fuego se les puede cambiar el cañón, mientras que estas vienen con un cañón fijo. “Tocaría fundir todo el arma”, dice. Además, no son de acero como las de fuego que deben ser de este material para resistir el calor.

Estas armas de menor letalidad disparan balas de goma o balines y pueden generar heridas graves o contusiones si son mal usadas, sin embargo, no atravesarán la piel como una bala de fuego.

Entre las modalidades que tienen de las armas que comercializan están las neumáticas -como las de balines- y las de CO2, que son las de actividades como paintball. “Todas esas armas son las que se utilizan para las actividades de recreación como paintball (CO2), las neumáticas (balines de plástico). Todas las actividades se están viendo afectadas porque nadie va a poder utilizar esos artículos para la recreación”, dijo Jiménez.

Aclaró que, por ejemplo, la caza está por fuera de lo que contemplan en sus actividades porque no están de acuerdo con ella y este deporte generalmente se lleva a cabo con armas convencionales.

Algunos deportes que practican además de paintball es el airsoft, en el que se disparan bolas de plástico; field target, en el que se practica un tiro de campo; speed target, parecido al polígono pero con estas armas no letales, entre otros.

“Como asociación o agremiación sin ánimo de lucro como Cámara Colombiana de Armas lo que estamos solicitando es que reconozca nuestra labor, las personas que están agremiadas y poder continuar de la mano con el Gobierno. No estamos diciendo que echen atrás el decreto, al contrario, era necesario que nos hubiesen prestado atención. A través de la Cámara Colombiana de Armas se le puede brindar los antecedentes a la Policía al momento de la revisión”, dijo.

Aclaró que les han solicitado que se integren con la Federación Nacional de Tiro sin embargo, tanto esa federación como ellos han aclarado que son actividades distintas y en contextos completamente diferentes.