Infraestructura y ordenamiento territorial

Para poner a Colombia a trabajar, uno de nuestros cinco “sectores locomotora” que hemos identificado en nuestra economía es precisamente la infraestructura.
 
En mi gobierno vamos a completar 2.000 kilómetros de dobles calzadas, que saquen rápida y efectivamente nuestros productos a los puertos.

Vamos a reducir dramáticamente los costos de transporte, y tenemos claridad sobre cómo lograrlo, plasmada en el estudio de la Universidad de los Andes “El transporte como soporte al desarrollo de Colombia. Una visión al 2040”

Primero, integrar el mercado interno colombiano; segundo, conectar el interior de Colombia con el mundo para describir nuevas ventajas y afianzar las existentes en las regiones; tercero, dar el salto de la integración logística, carretero, aéreo, fluvial y férreo; y cuarto, solucionar los “puntos calientes” de aduanas y puertos.

Ordenamiento territorial

Promoveremos que municipios y departamentos adopten planes de ordenamiento territorial que incluyan la conservación de reservas boscosas, la protección de cuencas hídricas, el control de la erosión, los deslizamientos e inundaciones y el uso adecuado del suelo productivo.

Adicionalmente, vamos a seguir avanzando en el tema de vivienda en todo el país. Para esto, no podemos tener nueve entidades diferentes encargadas del tema. Crearemos el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dotándolo de los instrumentos necesarios para que la vivienda deje de ser una promesa política perpetua y se convierta en una realidad para todos, que dinamice el crecimiento de toda la economía.

Las políticas de vivienda diseñadas en Bogotá y para Bogotá, son muchas veces inaplicables en otras ciudades y en los pequeños municipios del país. Vamos a revisar las normas urbanísticas, a clasificarlas por tamaño de municipio, y a desarrollar iniciativas de planeación con este mismo criterio. Además tendremos ayudas de gestión a los municipios de menos de 100 mil habitantes.

Generación de recursos en los niveles regional y local

La autonomía es una condición necesaria para que la descentralización funcione adecuadamente. Propenderemos para que, especialmente los departamentos, logren una verdadera autonomía, ligada a competencias claras.

Necesitamos adecuar el marco institucional. La expedición del Estatuto tributario territorial y la Ley orgánica de ordenamiento territorial serán herramientas útiles para dar autonomía, pero con responsabilidades. La propuesta de la Federación Nacional de Departamentos con respecto al estatuto tributario es un buen comienzo.

Diseñaremos esquemas atractivos para que los municipios usen intensivamente el impuesto predial como fuente de recursos propios.

De esta manera, no sólo se aumentará el recaudo sino que además propiciaremos la legalización de predios y un uso más eficiente de la tierra.

Hoy los monopolios de licores y loterías generan más problemas que beneficios para las finanzas departamentales. Avanzaremos en su reducción e implantaremos una política competitiva en estos sectores que al final generen más recursos para los departamentos para gastar en salud.

Debemos modernizar y quitar de las garras de la corrupción a las fuentes de recursos territoriales como el Chance. Implementar el chance electrónico es una medida efectiva para fortalecer el control y aumentar la transparencia.

Vivienda popular

Mediante los Proyectos Especiales impulsaremos la construcción masiva de vivienda popular con excelente calidad urbana en las ciudades con mayor déficit habitacional que acepten el apoyo de la Nación.

Aumentaremos a un billón de pesos los recursos para subsidios a la tasa de interés y apoyos a la vivienda, de tal manera que los subsidios lleguen a todo el país.

Para lograrlo, estableceremos el subsidio a la tasa de interés de manera que las familias de menores ingresos puedan ser propietarias de su vivienda pagando muy bajos intereses.

Nuestra estrategia incluye un agresivo programa de promoción (directa e indirecta) de los instrumentos de gestión territorial vigentes -bancos de tierras, transferencia de derechos, derecho de preferencia, reajuste de tierras, planes parciales-, que permiten obtener tierras en el momento, lugar y precios adecuados para solucionar la demanda de vivienda prioritaria, social y de estratos medios; un programa de formación y capacitación para pobladores nuevos y existentes, sus organizaciones de representación y gestión, y las autoridades locales, en el uso de dichos instrumentos; un mecanismo sólido y sostenible de supervisión, de coordinación e incluso de actuación directa en la promoción y ejecución de proyectos especiales integrales -vivienda, espacio público, servicios complementarios, industria, servicios ambientales y otros-, en áreas de renovación urbana, de redesarrollo y/o en las grandes áreas de 'engorde' de las ciudades.