Izquierda y derecha ponen en aprietos el ‘marco legal para la paz’

La plenaria de la Cámara de Representantes se ha desgastado dos días para tratar de resolver la suerte del marco jurídico para la paz. El proyecto que para sus autores y ponentes es la llave que el presidente Juan Manuel Santos le ha reclamado al Congreso para hacer la paz.

Pero en ese intento se ha descubierto un ambiente enrarecido y en contra del proyecto.

Dos sectores ideológicos contradictorios, la izquierda y la derecha, por primera vez coinciden. Y lo hacen para oponerse a la iniciativa porque ambas posturas consideran que se podría convertir en "una puerta a la impunidad".

Pero aunque izquierda y derecha coinciden en hablar de impunidad, definen el término de forma distinta.

Para la derecha, la impunidad se relaciona con que el proyecto, al establecer priorización y selección de los casos que deben ser condenables por la justicia, dejaría sin sanción a los miembros de grupos armados ilegales.

La izquierda considera que la impunidad en este proyecto se puede configurar también en que agentes estatales que estén comprometidos en delitos de lesa humanidad puedan estar por fuera de la persecución penal.

El marco legal para la paz pretende establecer mecanismos de justicia transicional, entre ellos la suspensión de la acción penal para aquellos actores del conflicto que se desmovilicen y que se comprometan a los propósitos de verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Para ello, se faculta a la Fiscalía a dar prioridad a los casos a investigar, los cuales nunca cesarían de acción penal. Y al Congreso a que imparta los criterios para que la Fiscalía seleccione quiénes (desmovilizados) podrían beneficiarse de la suspensión de la acción penal.

La impunidad, según la derecha

El representante Miguel Gómez (la U), quien encarna la visión del sector de la derecha, dice que no se opone a que el país alcance la paz. Pero considera que el camino escogido por el Gobierno "es equivocado".

Gómez dice que la ley de Justicia y Paz, que también ofrecía mecanismos de justicia transicional y que se aplicó para la desmovilización de las estructuras paramilitares, "ha fracasado y ha generado impunidad". Por eso considera que este camino, escogido por el Gobierno, no es el indicado.

En criterio de Gómez, "no hemos aprendido de los errores del pasado" y por eso considera que Colombia debería explorar el camino que nunca ha utilizado para alcanzar la paz: "la aplicación de la ley". De lo contrario, dice el congresista, se seguirá enviando el mensaje de que "quien se porta mal, le va bien".

La impunidad, según la izquierda

Iván Cepeda (Polo), uno de los que representan la voz de la izquierda en este debate, tampoco se opone a que el Congreso expida un marco jurídico que permita la paz. "No somos enemigos de la paz, estamos interesados en una paz negociada".  

Pero considera que el actual proyecto es peligroso porque podría dejar por fuera de la acción penal a muchos autores de crímenes de lesa humanidad. Dice Cepeda que si se adopta este mecanismo, Colombia podría estar expuesta a la acción de la Corte Penal Internacional.

La preocupación de Cepeda, entre otras, es que este proyecto, al contemplar como actores del conflicto a miembros de las fuerzas militares, pueda beneficiar de la suspensión de la acción penal a aquellos agentes estatales que hayan incurrido en delitos de lesa humanidad o crímenes atroces.  

En ese sentido, la representante Ángela Robledo (Partido Verde), quien también se declaró en oposición al proyecto, se atreve a afirmar que este marco para la paz puede convertirse en una ampliación de los alcances del fuero militar.

Robledo, además, considera que el actual gobierno "no ha dado señales claras" hacia la paz como para que el Congreso legisle para darle un instrumento para ese propósito.

"No habrá impunidad"

Carlos Edward Osorio (la U) es el ponente del proyecto en la Cámara. Admite que el texto está sujeto a ser mejorado, pero lo defiende y controvierte las posturas de la izquierda y la derecha.

Osorio dice es preferible un marco de justicia transicional donde se juzgue "a los más responsables", que un marco como el de la ley de Justicia y Paz, en donde hay más de 400.000 hechos delictivos y crímenes denunciados, pero solo ha producido cuatro sentencias. "Ese no es el marco de justicia que esperamos los colombianos".

El ponente del proyecto insiste en que la prioridad en los mecanismos de justicia transicional son las víctimas, y por eso, las víctimas de los militares también deben conocer la verdad y ser reparadas. Por eso defiende la tesis de incluir a miembros de las fuerzas militares en este proyecto.