Por qué el Gobierno tumbó el control natal gratuito para los más pobres

Un nuevo revés sufrió la relación del gobierno con los partidos minoritarios que pertenecen a la coalición uribista. Esta vez, la discrepancia surgió entre el senador Samuel Arrieta, de Convergencia Ciudadana y el Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zulaga. El motivo fue la objeción del gobierno al proyecto que pretende garantizar la gratuidad de la vasectomía y la ligadura de trompas para las personas que no tienen cobertura del sistema de salud.

La iniciativa se convirtió en un punto de honor que el senador Arrieta no está dispuesto a perder, y por eso le va a pedir a la comisión que revisará las objeciones al proyecto, que las rechace. Si su posición es acogida, al final, la Corte Constitucional deberá revisar si el proyecto se ajusta o no a lo que ordena la Carta Magna.

“Es un mensaje pésimo para quienes hemos apoyado al gobierno en todas sus iniciativas”, dijo el senador Arrieta a Semana.com sobre la posición asumida por el gobierno.

El proyecto, al cual le faltaba un paso para convertirse en Ley, comenzó a tramitarse desde el año 2006. En ese momento, la ligadura de las trompas de Falopio y la vasectomía, cirugías que podrían evitar el número de embarazos no deseados, no estaban incluidas en el Plan Obligatorio de Salud de las EPS. Sin embargo, la discusión alentó la inclusión de esta alternativa de planificación familiar en el régimen contributivo y subsidiado de salud, en 2007.

Hoy las personas que tienen EPS pueden solicitar la intervención quirúrgica de manera gratuita y las que están en el Sisbén solo deben pagar 30 mil pesos. Según las cifras de Profamilia, cualquiera de estas cirugías puede costar en promedio 300 mil pesos. Según datos del Instituto de Seguro Social, la ligadura de trompas cuesta 439 mil pesos y la vasectomía 103 mil pesos.

Por esta razón, el objetivo del proyecto de Arrieta cambió y se orientó garantizarles a las personas de los estratos más pobres, el acceso gratuito a las cirugías para evitar la concepción no deseada. Las EPS y ARS que serían obligadas a prestar ese servicio, podrían cobrar el costo de las operaciones al Fosyga.

Así, el proyecto cursó su trámite en el Congreso y fue aprobado, no sin varias enmiendas. Por ejemplo, fue retirado un inciso que pretendía darles estímulos a los hombres que optaran por este método de planificación.

El proyecto además tiene en su espíritu la intención de cambiar la mentalidad generalizada de que las mujeres son las únicas que deben planificar. También reza en su exposición de motivos que lo que busca es “fomentar la paternidad y maternidad responsable de los colombianos”.

¿Razones de Estado?

Durante los debates, el Ministerio de Hacienda solicitó en varias ocasiones que no se tramitara el proyecto por considerar que tenía vicios de constitucionalidad y porque era demasiado costoso para la Nación. En una comunicación enviada a la Presidencia del Senado, el Ministro Zuluaga hizo una presentación de los costos que tendría la iniciativa.

El número de personas no vinculadas al sistema de salud, calculado por el Ministerio de Hacienda, serían un poco más de 830 mil hombres (entre 40 y 55 años) y un poco más de 714 mil mujeres (entre 30 y 44 años). Con base en esto, el gobierno sostuvo que el costo de la futura Ley sería de casi 400 mil millones de pesos. El Ministro Zuluaga, además argumentó que este proyecto no incluyó de manera explícita un informe del impacto fiscal. Por esta razón lo calificó de inconstitucional.

“Eso no es cierto. Nosotros calculamos que los hombres que podrían acceder a la cirugía, nunca van a ser todos los que dice el gobierno”, dijo Arrieta. La razón: todavía en nuestra cultura no está generalizada la idea de que el hombre también debe planificar y de que esta no es una tarea solo de las mujeres. Este argumento lo corroboran las cifras de Profamilia de los dos últimos años: de la cantidad de cirugías hechas por las clínicas, solo una cuarta parta ha sido practicada en hombres. Además es improbable que una vez sea sancionada la Ley todos los potenciales interesados en hacerse la cirugía van a hacer fila en las clínicas.

Arrieta calificó la objeción del gobierno al proyecto como mezquina. En su criterio, no se entiende cómo el gobierno no apoya una iniciativa que busca poner en igualdad de condiciones a las personas que no tienen el amparo de una EPS o del Sisbén con las que sí lo tienen. "Es contradictorio que quienes tiene con qué pagar no lo hagan y quienes no tienen deban hacerlo”, dijo Arrieta.

Además, si se tiene en cuenta que la población con mayor índice de natalidad es la que tienen menores recursos, este proyecto habría servido para ayudar a mitigar el impacto fiscal de la Nación, a largo plazo, pues será más difícil para los padres mantenerlos y demandará mayores ayudas del Estado para ellos.

Según Profamilia, en el año 2008, la cifra de personas que acudieron a la cirugía fueron 61.605, entre casi 9 millones 400 mil personas afiliadas a los sistemas de salud (subsidiada y contribuyente) que tenían la edad para hacerlo. Es decir, el 0,65 por ciento de los potenciales operados decidió esterilizarse.

Si se hace una regla de tres simple, y se calcula el mismo porcentaje de personas entre la población que no tiene Sisbén ni EPS, al año acudirían a las clínicas un poco más de 10 mil personas para operarse. Entre ellas, lo más probable es que la cuarta parte sean hombres.

El costo, partiendo de las tarifas que el ISS tiene para cada operación sería de casi 6 mil millones de pesos. “Es una cifra ínfima, comparada con el gasto que podría acarrearle a la Nación la traída al mundo de hijos no deseados”, dijo Arrieta.

No está clara cuál fue la razón del gobierno para objetar la iniciativa. Pudo ser el hecho de que varios de los integrantes del gobierno están muy cerca de la posición más conservadora de la Iglesia Católica que está en contra de los métodos de planificación. Otra es que se trata de una retaliación del gobierno por el hecho de que Convergencia Ciudadana apoyó la actual conformación de las mesas directivas del Congreso contrariando sus intereses (el representante que fue elegido para presidir la Cámara es de ese partido).

Para el senador Arrieta otra posible explicación de la actitud del gobierno es que tiene “celos políticos de que sea el Congreso y no el Ejecutivo el que promueva una iniciativa benéfica para los ciudadanos”, según dijo.

En el fondo, no es clara la renuncia del gobierno a aprobar la esterilización con cirugía de manera gratuita. Menos, cuando el propio Ministro de la Protección Social, Diego Palacio planteó la posibilidad -en 2007 cuando se practicó la vasectomía- de que la esterilización masculina sea gratuita.

Por ahora, las personas de menos recursos deberán esperar para poder tener un control más eficiente de la concepción.