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Héctor Fabio Useche, gobernador del Valle, fue suspendido por orden de la Contraloría. | Foto: SEMANA

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Valle del Cauca: el departamento interino

Con la reciente suspensión de Héctor Fabio Useche, el departamento completa seis gobernadores en menos de tres años. Dirigentes del Valle analizan los efectos de este “permanente estado de interinidad”.

31 de marzo de 2012

Aurelio Iragorri, actual consejero presidencial para asuntos políticos de Juan Manuel Santos, fue encargado de la gobernación del Valle. El gobierno acogió la solicitud de la Contraloría de suspender a Héctor Fabio Useche por haberlo encontrado responsable en un proceso fiscal por detrimento patrimonial del departamento.

Iragorri se convierte así en la sexta persona que ha desfilado por la gobernación en menos de tres años. Juan Carlos Abadía, Víctor Manuel Salcedo, Francisco Lourido y el propio Useche lo antecedieron, en calidad de encargados o en propiedad.

Es más, la incertidumbre en el departamento es tanta que ni el gobierno nacional sabe si los alcances del fallo de la Contraloría son de carácter temporal o absoluto. Por eso convocó a la Sala de Consulta del Consejo de Estado para establecer si debe proceder a elecciones atípicas, dentro de los próximos 55 días.

La inestabilidad en el poder Ejecutivo tiene graves consecuencias, dicen dirigentes políticos del Valle que coincidieron en que esta circunstancia es “la imagen más deplorable, penosa y horrorosa” del departamento, según las palabras del senador Alexander López (Polo).

Valle del Cauca es uno de los departamentos más ricos del país. Sus exportaciones concentran el 90,44 % del suroccidente del país. Según datos actualizados de Proexport, el departamento alcanzó a exportar cerca de 2.000 millones de dólares en el 2010, cuando el país alcanzó la cifra de 11 mil millones en exportaciones.

A pesar de esos indicadores, el Valle, dice a Alexander López, no ha podido definir sus políticas públicas en el sector social y económico, por culpa de su permanente estado de interinidad.

La senadora Dilián Francisca Toro (La U), la mayor electora del departamento dice que la interinidad del Valle afectará al diseño del Plan Nacional de Desarrollo que estaba definiendo el gobierno del suspendido Useche. Ese Plan no es más que la hoja de ruta del departamento, por lo que el Valle pederá su rumbo, dice el senador Mauricio Ospina (Polo). “No habrá timonel del tren”, sostiene. “El Valle puede quedar en una etapa de atraso y estancamiento”, considera el representante Heriberto Sanabria (Partido Conservador).

Sin desconocer los méritos de Aurelio Iragorri, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) insiste que el timonel del departamento debe ser una persona que conozca la realidad del Valle. Iragorri tiene otras funciones, igual de trascendentes, advierte.

Pero Motoa dice que más allá de la hoja de ruta del departamento, hay mayores preocupaciones, pues revela que la “frágil institucionalidad” del Valle tiene repercusiones en la inversión extranjera para el departamento.

La política en el Valle

Pero más allá de esta circunstancia, detrás del permanente estado de interinidad del departamento, dice Mauricio Ospina, lo que demuestra es que el Valle es uno de los departamentos con peor institucionalidad en el país.

Dice el representante Heriberto Sanabria que esa inestabilidad, en buena parte, ha sido provocada por la cultura política y electoral que siempre ha predominado en el Valle.

Votos amarrados a maquinarias, un alto porcentaje de los llamados ‘votos de estómago’ (votos comprados), y un bajo índice de voto de opinión, según Ospina.

En los años 90 la infiltración del narcotráfico en la política del departamento supuso el cambio.

De los partidos tradicionales emergieron dirigentes como Carlos Herney Abadía con un movimiento político alternativo, y Juan Carlos Martínez, con otra disidencia, y desarrollaron una elevada influencia en el departamento. La gobernación ha sido su principal botín.

Los partidos tradicionales han intentado recuperar el poder mediante las elecciones. Sin embargo dicen que algunos dirigentes han tenido que hacer acuerdos con la nueva fuerza política que ha tenido en Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche a sus mayores exponentes.

Abadía y Useche llegaron al poder por coaliciones políticas, pero en los últimos años lideradas por los partidos MIO (Movimiento de Inclusión y Oportunidades) y el PIN (Partido de Integración Nacional).

Dirigentes de estos partidos, como el representante Heriberto Escobar (PIN) dicen que más allá de las decisiones de los organismos de control “cierto interés político” en las decisiones de inhabilidad de Juan Carlos Abadía y esta reciente suspensión contra Héctor Fabio Useche.

Carlos Motoa dice que la condena fiscal de la Contraloría no deja de ser “extraña”. Pues considera que el organismo de control actuó con una “celeridad sospechosa”. La Contraloría tiene casos más graves, advierte, que no han tenido la misma diligencia.

Otro congresista que pidió reserva recuerda que la Contraloría lleva desde hace mucho tiempo un proceso fiscal en contra de Francisco José Lourido por unos predios que pertenecían al municipio de Cali pero que, según una denuncia, se habría apropiado el exgobernador. Un caso que lleva más de dos años y aún no ha tenido decisión.

Escobar recuerda que tras la destitución del gobernador Juan Carlos Abadía, en el 2010, el gobierno estaba en la obligación constitucional de convocar a elecciones atípicas y no lo hizo (por el elevado costo en plena tragedia invernal, según el presidente Santos).

Y en cambio nombró como gobernador encargado a Francisco José Lourido que no representaba al partido político, o la coalición que había avalado a Abadía. Heriberto Escobar dice que el gobierno les quitó la gobernación en el 2011 y se la entregó a “los amigos del vicepresidente Angelino Garzón”.
 
Lourido, precisamente, llegó a la gobernación y llegó a aciuerdos con contratistas para reversar las llamadas "vigencias futuras" que había implementado Juan Carlos Abadía.

Escobar cuestiona también el encargo que el gobierno Santos hizo a Aurelio Iragorri, a quien identifican más con el Partido de la U, y señala que según la Constitución ha debido nombrar a un gobernador que perteneciera al mismo partido de Useche, quien se presentó avalado por el MIO y el PIN.