¿Por qué no crecemos?

Las estimaciones de las entidades que en Colombia efectúan proyecciones económicas a mediano plazo sugieren que el crecimiento económico será mediocre hasta el final de la década, y todavía más si se excluye el sector minero y petrolero.



Por ejemplo, Planeación Nacional proyecta para 1998 un aumento de 4,5% del Producto Interno Bruto, PIB, que sólo sería de 3,6% sin minería y petróleo. Y en sus proyecciones de balanza de pagos en el largo plazo supone un crecimiento del PIB a un promedio anual de 4,4% de aquí al año 2000. Por su parte, Fedesarrollo ha efectuado proyecciones todavía menos alentadoras: un crecimiento de 3,8% en 1998 y 3,2% en 1999.



Ese ritmo esperado de crecimiento, después de dos años de "recesión a la colombiana", es muy inferior al 5,1% que el país logró entre 1950 y 1980 -con o sin petróleo- y luce todavía más modesto en comparación con el que ha sido tradicional observar dos o tres años después de cada bache coyuntural. La perspectiva de tener hasta el final de la década un crecimiento mediocre genera ahora mayor frustración que nunca por dos razones.



La primera es que la apertura efectuada desde 1990 en materia de comercio exterior, inversión extranjera y privatizaciones, podía y debía haber acelerado el crecimiento mediante el aumento de la productividad, la reasignación de los recursos hacia usos más eficientes, un mejor acceso a la tecnología y un abaratamiento de bienes intermedios y de capital, cuya carencia o carestía había venido entrabando el desarrollo.



La experiencia de países como Chile, Argentina, Perú y ahora México, que va disparado, sugiere que los procesos de apertura económica y las políticas macreconómicas ortodoxas tienen una gran capacidad para acelerar el crecimiento una vez la economía ha efectuado los ajustes microeconómicos o sectoriales indispensables y encontrado su equilibrio macroeconómico.



Otra razón para la frustración es que en los últimos cinco años Colombia utilizó un gran monto de ahorro externo, sobre el cual tendrá que pagar intereses y dividendos. Si ese uso intensivo de ahorro externo permite acelerar el crecimiento en más de lo necesario para cubrir tales costos, no habrá nada de qué preocuparse. Pero si, después de haber echado mano de esos recursos, el crecimiento económico cae incluso por debajo de su tendencia histórica, el predicamento del país será comparable con el de cualquier empresa que se endeudara hasta el cuello y tuviera luego que servir una deuda elevada sin haber aumentado su generación de ingresos.



El superávit de capitales explotó de US$774 millones acumulados entre 1988 y 1992 a US$22.445 millones acumulados entre 1992 y1997 (ver gráfico 1). Planeación Nacional ha proyectado que, como resultado de ese aumento de los pasivos con el resto del mundo, los pagos netos anuales por concepto de servicios financieros saltarán de US$737 millones en 1993 a US$3.900 millones en 1998.



Como proporción del PIB, los pagos netos financieros al resto del mundo aumentarán de 1,3% en 1993 a 3,5% en 1998. Eso significa que, para que el ingreso neto de los residentes del país (el "Producto Nacional" en contraste con el PIB) pudiera crecer al mismo ritmo de antes de que se elevaran de esa forma los pasivos externos, el PIB tendría que aumentar cada año 2,2 puntos más rápido que antes.



Pero según las proyecciones de los expertos en el largo plazo, el crecimiento hasta el final de la década va a caer por debajo del promedio histórico, de manera que, por el aumento del pago a los factores externos, el Ingreso Nacional crecerá mucho menos que en el pasado.



Esas proyecciones desalentadoras no suponen un manejo económico menos competente de lo usual, o la ocurrencia de siniestros políticos o de seguridad que siempre pueden empeorar los resultados. Sencillamente, los expertos no consideran posible que, aun con un manejo responsable y ortodoxo, el crecimiento anual pueda superar 5% ni siquiera al final de la década, cuando la apertura económica ya estaría madura, cuando casi todo lo privatizable habría sido privatizado y cuando deberían estarse coschando los frutos del masivo uso de ahorro externo en los últimos años.



Hay quienes creen que las pobres perspectivas de crecimiento a mediano plazo podrían mejorarse con un nuevo revolcón que cambie drásticamente la legislación laboral, elimine hasta el último rezago de empresas estatales y descarte cualquier elemento de protección efectiva diferencial, como el que está implícito en un arancel escalonado, mayor para los bienes producidos localmente que para sus insumos.



Es comprensible el escepticismo acerca de la contribución económica de ese tipo de soluciones, entre otras cosas, porque no está muy claro cómo ayudarían a modificar tres circunstancias concretas que aparecen como importantes frenos al crecimiento en el resto de la década, adicionales a las conocidas plagas endémicas de la subversión, el narcotráfico y la corrupción. Estos son la restricción fiscal, la estabilización gradual y el ajuste a un proceso de revaluación. En contraste con las nuevas influencias, y a pesar de su inmensa capacidad de daño, en el pasado las plagas endémicas no han logrado impedir un crecimiento promedio aceptable.



La restricción fiscal



Una minoría de economistas colombianos ha cuestionado la nueva sabiduría convencional de conducir la política fiscal en forma procíclica o al menos independiente de la situación coyuntural, pero nadie puede discutir que desde hace varios años el gasto público ha venido creciendo a un ritmo exagerado, que no puede sostenerse.



Ya sea que el ajuste fiscal se efectúe en forma ordenada para evitar costosos hachazos de última hora, o que se llegue a la contención por el imperativo categórico de la falta de plata (porque en Colombia no hay ningún riesgo de emisión monetaria para el financiamiento del déficit), es claro que en el futuro el gasto público aumentará mucho menos que en el pasado y en la medida en que crezca por debajo del PIB ejercerá cierto efecto de freno.



Planeación Nacional está proyectando para 1998 una caída del gasto del sector público de 1,3%, y todos coinciden en que el verdadero ajuste fiscal apenas arrancaría ese año y tendría que prolongarse por el resto de la década.



La contención del gasto público a una tasa por debajo del crecimiento del PIB se ha vuelto necesaria debido a los excesos de los años anteriores, puesto que un deterioro fiscal sostenido empeoraría todavía más las perspectivas macroeconómicas. Pero sería poco realista suponer que una súbita reducción en la dinámica de la demanda del sector público como la que se ilustra en el gráfico no tendrá consecuencias sobre la demanda total y sobre las posibilidades de crecimiento. Ello incluso sin considerar el problema mencionado en el siguiente punto, esto es, la incompatibilidad del esquema de estabilización gradual con un crecimiento vigoroso de la demanda global, sea cual fuere su composición.



Demanda y estabilización



La experiencia local e internacional demuestra que la demanda agregada puede crecer vigorosamente en ciertos períodos sin que ello necesariamente se traduzca en una aceleración de la inflación. El crecimiento de la demanda real compatible con una inflación estable no es una constante absoluta sino que depende mucho de la situación cambiaria y de la disponibilidad de recursos para ampliar la producción de los bienes que no puedan importarse.



Pero mientras todo el mundo acepta que una vez alcanzado un equilibrio inflacionario, sea éste al 2% o al 20% de inflación anual, la demanda real puede crecer con vigor sin que ello implique una aceleración de la inflación, por lo menos mientras haya recursos desempleados, pocos dudan que para reducir la inflación es necesario moderar el crecimiento de la demanda, sobre todo cuando no se cuenta con instrumentos estabilizadores como un ancla cambiaria o el abaratamiento de las importaciones al inicio de un proceso de apertura económica.



Y aquí viene el enredo. Como elemento central de su política de estabilización gradual, y en menor grado para evitar que el déficit de la balanza comercial crezca más de la cuenta, la autoridad monetaria colombiana se propone mantener la rienda tensa sobre la demanda privada al menos hasta que Colombia alcance una inflación de un dígito, cosa que debido a la terrible inercia inflacionaria ni los más optimistas esperan antes de que termine la década.



Por supuesto, si el gasto público real debe crecer por debajo del PIB y si la política de estabilización opera por la vía de la contención de la demanda privada, la única manera de lograr un crecimiento vigoroso de la producción sería que la demanda externa neta (exportaciones menos importaciones) aumentara mucho más rápidamente que el PIB. Lo cual lleva al último freno al crecimiento que es conveniente mencionar, asociado con las perspectivas y las implicaciones de una revaluación real sostenida.



El marchitamiento de los transables



Según la medición más usada por el Banco de la República el tipo de cambio real con base 100 en diciembre de 1986 cayó de 117 en diciembre de 1990 a 93,3 en diciembre de 1994 y a 84 en junio de este año.



Durante la primera mitad de la década, los efectos de esa fuerte revaluación real sobre los sectores productores de bienes transables fueron atenuados e incluso más que compensados por una explosión de la demanda general, que produjo compras hasta de los más ineficientes. Pero a partir de 1995, cuando desapareció esa compensación, el proceso de reasignación de recursos se inició en forma tardía, con salida de firmas y marchitamiento de varios sectores exportadores o productores de bienes importables.



La experiencia de muchos otros países muestra que, una vez se ha completado el proceso de ajuste o reasignación de recursos, esto es, cuando se han abandonado las líneas de producción no competitivas y han salido del mercado las empresas no viables, la producción de transables puede volver a crecer con vigor, con una base competitiva firme.



Sin embargo, dos circunstancias hacen pensar que el proceso de ajuste dista de haber terminado. La primera es que, debido al disparo de la demanda entre 1992 y 1994, el proceso de ajuste se postergó y sólo se inició en firme a partir de 1995. La segunda es que el tipo de cambio real ha seguido cayendo durante los últimos años. Aún subsisten muchas líneas de producción y empresas que, aunque podrían haber sido viables en otro contexto cambiario, no tienen futuro con el actual tipo de cambio real.



En ausencia de una corrección en el tipo de cambio real que detenga el proceso de marchitamiento de los sectores productores de bienes transables, o de una demanda interna vigorosa que permita que los recursos expulsados de esos sectores no permanezcan desempleados sino que se utilicen en otras áreas, el proceso de ajuste a la apertura con revaluación implicará un menor crecimiento económico durante varios años.



Como eso de "completar el ajuste" puede ser bastante traumático, cada dirigente gremial de los sectores productores de transables ha anunciado que considera su misión luchar contra la revaluación, no sólo para evitar una nueva caída del tipo de cambio real sino para recuperar algo del terreno perdido.



Lo malo es que, al contrario de lo que sugieren los debates más frecuentes sobre este tema, el meollo del problema no radica en si lo que se requiere para elevar el tipo de cambio real es un superávit fiscal que le permita a la Tesorería acumular dólares en el exterior, una baja de la tasa de interés local que desestimule las entradas privadas de capitales, un depósito que sirva como barrera de contención del endeudamiento externo, o cualquier otro esquema para influir el equilibrio del mercado cambiario.



Escoja la combinación de medidas que más le guste y suponga que con ella logra disparar la devaluación, por ejemplo, hasta lograr que este año la cotización del dólar termine en el techo de la banda, lo que arrojaría una devaluación de casi 30%. Después échele un vistazo al último gráfico, que ilustra la forma como un aumento significativo del tipo real, que implica una devaluación mayor que la inflación doméstica, siempre ha estado acompañado de alguna aceleración de la inflación.



Un aumento sustancial del tipo de cambio real, sea cual sea el mecanismo que se conciba para alcanzarlo, difícilmente puede entrar en los planes de una autoridad monetaria comprometida con una baja sostenida de la inflación anual.



La trampa de la estabilización gradual



Después de haber usado y abusado durante años del gasto público para impulsar el crecimiento, y precisamente cuando más necesitaba compensar su indispensable moderación con un crecimiento vigoroso de la demanda privada y un mejoramiento de la competitividad cambiaria de los exportadores, el país parece haber caído en una "trampa" de estabilización gradual con lento crecimiento y revaluación secular, que amenaza impedirle cosechar los frutos de la apertura económica.



Por supuesto, uno puede conformarse con un crecimiento miserable hasta el próximo siglo (el plazo mínimo, si tiene suerte y la inflación continúa bajando), y ése es el camino más probable. Una alternativa que parecería bastante arriesgada en un país con un Estado tan débil e incompetente como el colombiano, y con una guerrilla tan fuerte, sería tratar de salir de la trampa de lento crecimiento de largo plazo y revaluación adicional mediante una recesión general de verdad, verdad (digamos, una caída de 3% del PIB anual, durante dos años consecutivos), que nos permitiera llegar a un nivel de inflación de un dígito, punto a partir del cual ese esfuerzo estabilizador sería sólo de conservación.



Otra alternativa sería aceptar la posibilidad de un aumento transitorio de la inflación, como costo de un ajuste cambiario "por una sola vez", para luego aplicar en forma concentrada todos los mecanismos estabilizadores: fijación del tipo de cambio nominal a la argentina, equilibrio o incluso superávit fiscal, congelamiento de precios administrados, congelamiento de salarios y, desde luego, un estricto control monetario.