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Gobierno volvió a presentar proyecto de Acuerdo de Escazú, pero sin mensaje de urgencia

En plena Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, el ministro de Ambiente confirmó que el proyecto fue radicado el 29 de octubre en el Congreso de la República.


El Gobierno nacional dio a conocer que, por segunda vez, radicó el proyecto de ley del Acuerdo de Escazú. No obstante, lo hizo sin mensaje de urgencia, a diferencia de como lo hizo en la legislatura pasada, cuando se hundió.

Según confirmó Carlos Correa, ministro de ambiente, desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), el proyecto de ley fue radicado por el viceministro Francisco Cruz, el pasado 29 de octubre a última hora. El Gobierno se había comprometido a presentar la iniciativa antes del final del mes.

“Hemos estado acá haciendo presencia en la COP y por eso lo hizo el viceministro, que está como ministro encargado (...) hay una agenda legislativa, tiene que cumplir su curso”, dijo.

El jefe de la cartera señaló que en ningún momento se le ha hecho “conejo” al proyecto de ley, a pesar de las críticas que ha recibido el Gobierno por parte de ambientalistas, que resaltan una supuesta falta de voluntad política. Según explicó, en la legislatura pasada el proyecto no pasó, porque no se pudo consolidar en la agenda legislativa.

Correa agregó que “ya está en manos del Congreso” y agregó que desde el Ministerio de Ambiente estarán en los debates para resolver las dudas y defendiendo la ratificación del acuerdo.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Es un acuerdo que reúne a 33 países de América Latina y el Caribe, para fortalecer cinco aspectos medioambientales en los que deben trabajar en conjunto: proteger a los defensores del medioambiente; garantizar los mecanismos para evitar vulneraciones de derechos en materia medioambiental o para exigir justicia si suceden; participación de las comunidades en asuntos ambientales que generan afectaciones en los territorios: acceso gratuito y público a la información medioambiental, para que las personas conozcan sobre la calidad del aire, el agua, etc.

En otras palabras, pretende que la sociedad civil sea más fuerte en la política ambiental, haciéndola más participativa y participativa.

En abril de 2021, entró en vigor este proyecto, durante el Día Internacional de la Tierra, celebrado el 22. Colombia sigue en deuda con ese tema, a pesar de la firma que hizo el presidente Iván Duque del documento, que requiere de una ley para hacerse real en cada país.

Según explicó a SEMANA hace un tiempo Lina Muñoz, profesora de la Universidad del Rosario y experta en temas medioambientales, esta es la primera vez que la región se une en un instrumento con fuerza de ley internacional en temas de derechos humanos y medioambiente.

Ella cree que si en esta legislatura el Congreso no aprueba el proyecto, el próximo período podrá presentarse y también durante el otro Gobierno.

Los opositores del acuerdo aseguran que este les da agencia a organizaciones internacionales para entrometerse en asuntos ambientales internos del país, que según ellos son del orden nacional.

Todo esto, sucede mientras Colombia sigue siendo clasificado como uno de los países más peligroso del mundo para ejercer la protección de la naturaleza. Solo en 2020, se reportaron 65 asesinatos de líderes defensores del ambiente, mientras el acuerdo no ratificado pretenden brindarles mayor seguridad.