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Casi 10 años después de este escándalo de corrupción conocido como el cartel de la hemofilia, la Fiscalía incautó bienes de una IPS.
Casi 10 años después de este escándalo de corrupción conocido como el cartel de la hemofilia, la Fiscalía incautó bienes de una IPS. - Foto: Fiscalía

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¿Cuál es la ciudad con más casos de corrupción en Colombia?

La ONG Transparencia por Colombia publicó el informe Radiografía de Hechos de Corrupción, un análisis entre los años 2016 y 2020.

Hallazgos sorprendentes dejó la publicación del informe Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2020, elaborado por la ONG Transparencia por Colombia, y que se publicó este 2 de diciembre.

El Monitor Ciudadano de la Corrupción de esta organización identificó y sistematizó 967 hechos de corrupción reportados en 2.026 notas de prensa escrita, entre el 2016 y 2020. De acuerdo con la información disponible en este documento público se vieron comprometidos $92,77 billones de pesos en hechos de corrupción, se perdieron $13,67 billones de pesos y se recuperaron $4,94 billones de pesos.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, explicó que este informe refleja nuevamente el carácter sistemático y estructural de la corrupción en el país. “Quienes aspiran a la Presidencia de la República deberán plantear propuestas ambiciosas, decididas y coherentes para enfrentar de manera integral este problema”, recomendó.

El investigador agregó que como sociedad se debe hacer una revisión de fondo sobre la profunda afectación que genera la corrupción en todo el sistema colombiano.

En relación con el lugar geográfico donde ocurren más hechos de corrupción, la ONG Transparencia precisa que se identificaron casos en los 32 departamentos del país y Bogotá como Distrito Capital. Sin embargo, aclaran que el 53 % de estos se concentran en cinco departamentos: Bogotá (200 hechos), Atlántico (88 hechos), Antioquia (76 hechos), Santander (75 hechos) y Valle del Cauca (74 hechos).

El informe señala que el 73 % de los hechos de corrupción afecta a entidades de la Rama Ejecutiva, y que las principales víctimas de la corrupción son niños, niñas y adolescentes, seguidos por los estudiantes y la población en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

Este documento se publicó previo a la conmemoración del 9 de diciembre, Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, una efeméride creada para reflexionar acerca de la gravedad de esta problemática que tanto afecta a los países de América Latina.

El Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia basa su trabajo en una documentación diaria en prensa escrita de 25 medios de comunicación del país.

¿Qué tipo de corrupción fue la más recurrente?

Según indicó el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, la corrupción administrativa se presentó en el 44 % de los casos. La mayoría de estos casos tienen que ver con procesos de contratación pública, asociados a prácticas como el direccionamiento irregular de contratos y el pago de servicios no entregados. Le sigue la prestación de servicios de seguridad, que incluye acciones como la venta de información reservada y armas por miembros de las fuerzas militares y policiales. Y en tercer lugar la corrupción en trámites, como el favorecimiento en permisos de construcción, expedición de cédulas falsas, evasión de impuestos, e irregularidades en licencias ambientales o transporte de fauna.

La corrupción política se identifica en el 27 % de los reportes. Los casos asociados a este tipo de corrupción incluyen el desvío de recursos destinadas a la salvaguarda de la vida y la integridad de las personas, el uso de recursos públicos para la financiación de campañas políticas, entre otros. La corrupción privada se reporta en el 19 % de hechos, y la corrupción judicial representa el 10 %. Se pueden encontrar casos asociados a cada tipo de corrupción en el informe completo.

Al analizar los sectores en los cuales se presenta la corrupción, la ONG identificó que el 62 % de los hechos se concentran en seis sectores: el 21 % en el sector defensa; el 11 % en el sector judicial, y 30 % de los casos en los sectores de educación, ciencia y tecnología; de vivienda, ordenamiento territorial y servicios públicos; de salud, y de transporte.