Tijera a las exenciones

Las abultadas exenciones fiscales y el aumento en el costo de algunos programas sociales, de corte asistencialista, están agotando el margen de maniobra del Gobierno en el plano fiscal. Mantener este tipo de programas sociales o descuentos fiscales no tendría mayor problema para una economía en crecimiento, con altos ingresos y un sector productivo boyante; pero, en momentos en que la crisis internacional golpea las finanzas de la economía colombiana, afectada por una menor dinámica de las exportaciones y una reducción de la producción, vale la pena preguntarse si es hora de hacer una revisión a fondo y reducir o eliminar algunas exenciones que resultan perniciosas para la economía.

Una revisión del documento sobre Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado por el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga el pasado 16 de junio, indica que, solo en materia de exenciones en renta, su costo ascendió el año pasado a los $5,9 billones. Estos menores ingresos al fisco se originaron en el uso de una exención que permite a las empresas deducir el 40% de sus impuestos por la compra de activos productivos. Su uso se extiende, incluso, a las empresas que están ubicadas en Zonas Francas y que hoy solo pagan 15% de impuesto de renta, lo que significa que, en términos reales, tributan menos del 10%.

Este panorama se da en momentos en que se prevé un déficit fiscal para el Gobierno Nacional Central de 3,7% del PIB para 2009 y de 4,3% para 2010, mientras que el déficit consolidado del sector público se prevé en 2,4% para este año y 3,4% para el próximo, porcentajes que no se veían desde 2005.

El déficit se origina en los menores ingresos fiscales que se esperan por efectos de la crisis económica mundial, los cuales pasarán de 16,1% del PIB este año, a 14,1% en 2010. En esta coyuntura, el Gobierno ha anunciado que, para financiar el desequilibrio entre los ingresos y los gastos, tendrá que acudir a un mayor endeudamiento, tanto interno como externo -sin poner en riesgo la sostenibilidad económica del país, argumenta-.

Mauricio Santamaría, codirector de Fedesarrollo, cree que aunque el Gobierno está haciendo un ejercicio sano al revisar sus cifras y plantear alternativas para enfrentar el déficit, los correctivos deben ser más profundos. "Creo que lo malo de este marco fiscal es que volvemos a ver unos déficit grandes y que muy posiblemente el gobierno del presidente Álvaro Uribe terminará el año con una situación fiscal igual a la que encontró en 2002".

Ampliación de la base tributaria

El momento no podría ser más propicio para adoptar estos correctivos, ahora que el Gobierno habla de presentar una nueva reforma tributaria el próximo 20 de julio. Ya el presidente Álvaro Uribe ha dicho que una de las primeras medidas que incorporará la nueva reforma apunta a reducir del 40% al 30% las exenciones para las empresas por compras de activos y que habrá impuesto al patrimonio para las personas naturales con activos superiores a los $2.000 millones, lo que amplía a 9.000 el número de aportantes a este impuesto, con el cual se financian los programas de seguridad. Sin embargo, los expertos consideran que las decisiones deben ir más allá para lograr una reforma tributaria estructural.

Santamaría sugiere que esta vez se haga una reforma seria, que consulte la realidad del país. "Creo que se pueden obtener más recursos para el presupuesto nacional porque hay espacio en renta e IVA. En renta, debido a que hay excesivas exenciones y exclusiones y, en IVA, el espacio está por el lado de los bienes exentos y las tarifas", explica.

El ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, coincide en que hay que ponerle freno a las exenciones, pero rechaza nuevos impuestos para la clase media, por los efectos que pueda tener en el consumo. "Si por reforma tributaria se entienden unas medidas para salir a conseguir atropelladamente unos recursos y además cobrándoselos a la clase media, como se ha anunciado hasta ahora, es un despropósito y es el momento más inoportuno para tomar este tipo de decisiones, cuando lo que se necesita es moderar la tributación para que la gente consuma más", comenta el fuerte crítico de la actual estructura de exenciones para las empresas.

Para el director de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, Edgar Bejarano, si bien la reforma fiscal resulta inminente en estos momentos en que el Gobierno necesita aumentar sus ingresos, su instrumentación será difícil. "El margen es estrecho para crear nuevos gravámenes, porque al capital no se le pueden aumentar los impuestos y a la clase media tampoco, solo habrá unos temas marginales que se podrán trabajar. Al capital, porque si aumentan los impuestos, éste se puede ir para otros países que ofrezcan mejores condiciones y, para las personas, porque las cargas ya son altas y en este momento resultarían muy inconvenientes pues afectarían aún más el consumo", señala.

El codirector de Fedesarrollo cree que resulta inaplazable para el país dar un debate de fondo sobre temas que generan un costo fiscal elevado y que, hacia el futuro, podrían generar crisis. La bomba pensional; la nueva estructura de tratamientos y medicamentos que cubrirá el Plan Obligatorio en Salud (POS); los excesivos gastos en programas sociales de corte asistencialista y el hueco que están abriendo algunas exenciones tributarias no están contempladas en el Marco Fiscal y podrían llevar a las finanzas del país a una situación delicada. "Todo esto nos hace pensar que la situación no aguanta porque plata no hay", afirma.

Años duros

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, reconoce que serán dos años difíciles porque habrá un bache en el crecimiento económico mundial, que se sentirá en Colombia con la disminución en el recaudo de impuestos y la menor dinámica de la economía. Sin embargo, considera que la consistencia que ha tenido el país en el manejo de sus cuentas fiscales allana el camino para obtener recursos de crédito que financien los faltantes que podrían presentarse en los ingresos que requiere la Nación. Sin embargo, no solo en el crédito estará la salida, Zuluaga reconoce que es hora de recortar algunos gastos para disminuir las cargas fiscales.

El escenario planteado por el Ministerio de Hacienda indica que este año el crecimiento de la economía podría estar por el orden de 0,5% y el próximo se recuperaría hasta 2,5%; la inflación podría terminar este año por debajo de 4,5% y el año próximo en 4%; y la tasa de cambio se mantendrá en niveles máximos de $2.347 para este año y $2.365 pesos en 2010.

Aunque en general los expertos creen que las cifras macroeconómicas de las que parte el documento del Ministerio de Hacienda son sólidas, hay quienes encuentran un exceso de optimismo, en algunos casos, e inconsistencias en otros.

Francisco Chaves, analista de investigaciones económicas de Corredores Asociados, cree que el Gobierno calcula un superávit en las administraciones regionales de 0,6% para este año, cuando 2009 es el segundo año de los actuales mandatarios regionales y se caracteriza por un mayor esfuerzo en el gasto en inversiones.

Por otro lado, el analista asegura que, mientras en 2008 el déficit central estuvo compensado por el del sector descentralizado, este año el temor es que dicha situación no se dé, pues no habría suficiente soporte del sector descentralizado para compensar lo que se espera sea un aumento importante del déficit del gobierno central.

En cuanto a la financiación, Chaves ve con preocupación la abultada oferta de TES en el mercado local, que pudiera exceder la demanda. Para 2010, la oferta de TES se estima en $26 billones, aunque ya se habla de que podría aumentar $4 billones más, frente a los $17 billones de 2008.

La discusión sobre la nueva reforma tributaria apenas arranca. Por eso, este es un momento clave para abrir un gran debate en el país sobre su alcance y no dejar escapar, nuevamente, una oportunidad histórica para mejorar el desempeño fiscal.