Buenas intenciones

El gobierno nacional sigue empecinado en llevar al país al exclusivo club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

El objetivo es claro, pues pertenecer a esa organización le imprimiría un nuevo aire a la imagen de Colombia y mejoraría el ambiente para la llegada de más inversión extranjera y el acceso a nuevos mercados. Sin embargo, el país está muy lejos de cumplir con el largo listado de buenas prácticas que promulga dicha organización de la cual ya hacen parte Chile y México en América Latina.

La preocupación para los países miembros es promover políticas que beneficien directamente la vida de las personas. Para ello, se tienen en cuenta temas claves como cuánto pagan de impuestos los ciudadanos de un país, cuáles son sus reglas de seguridad social y hasta con cuánto tiempo libre puede contar una persona. La Ocde pone su lupa sobre los sistemas escolares, de salud y de pensiones y, en general, la administración pública. Es un prisma que sirve para mirar integralmente todas las facetas del desarrollo.

Justamente por eso el ingreso de Colombia está enredado todavía. Solo con dar una mirada a algunos casos específicos, queda en evidencia que el reto es gigante, pues el país sigue mostrando una enorme ineficiencia administrativa, que es el principal obstáculo para avanzar.

“Para ser miembro pleno de la Ocde se exigen bajos niveles de informalidad. En Colombia esto implicaría revisar los elevados gravámenes a la nómina y la manera como se establece el salario mínimo, temas que el actual gobierno no pareciera tener urgencia por confrontar”, explicó el director de Fedesarrollo, Roberto Steiner.

En esa misma línea de opinión está Carlos Mario Sandoval, gerente de human capital en Ernst & Young, quien recordó que el país debe mejorar las tasas de sindicalización y la negociación colectiva.

Problemas de infraestructura

Las otras dificultades quedan en evidencia en asuntos de trámite y contratación. Así ha ocurrido con la compra de los escáneres no intrusivos para los puertos de la Región Caribe y Pacífica. Esto permitiría ofrecer mayor agilidad en los procesos de comercio exterior.

Según el gerente de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, Mauricio Suárez, han pasado cinco años sin que el Gobierno se ponga de acuerdo sobre la tecnología idónea para este tipo de equipos.

Estos escáneres permitirían la revisión de los bienes importados o exportados sin la necesidad de abrir los contenedores. Una ayuda que facilitará el trabajo de las autoridades y reduciría los tiempos de embarque y desembarque. Ni siquiera se trata de un problema de recursos, pues las sociedades portuarias han expresado su intención de comprar los equipos, el asunto se limita a trámites burocráticos y demoras en los estudios.

Otro ejemplo fue expuesto por el presidente de Analdex, Javier Díaz, al mencionar que desde agosto de 2010 le viene pidiendo al actual ministro de Transporte, Germán Cardona, acciones concretas para recuperar el calado del puerto de Buenaventura.

“Cuando lo llamé (al Ministro) el puerto tenía 13,5 metros de calado y ahora solo 8,5 metros. Incluso, la Sociedad Portuaria de Buenaventura presentó una oferta para poner la plata, pero un año más tarde no hemos podido arrancar”, dijo Díaz.

Los asuntos por corregir también tocan la delicada esfera laboral y las relaciones entre trabajadores y empleadores.

Por ejemplo, hace un par de semanas, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario anunció que la Ocde aceptó una demanda contra Sodexho por presuntos incumplimientos de las normas laborales en Colombia, específicamente por la supuesta exigencia a candidatos a vacantes de presentar pruebas de sangre.

Estos casos puntuales demuestran que el Gobierno debe mostrar mayores resultados. Otros temas laborales menos coyunturales también exigen pronta atención.

Reformas de fondo

El ingreso de Colombia a esta organización o a otras multilaterales, como la Apec, implicaría no solo mejorar el prestigio y la imagen del país sino mayores oportunidades de acceso comercial a los empresarios, tanto así que este asunto será el tema central en la 67 Asamblea de la Andi que se llevará a cabo entre el 11 y 12 de agosto en Cartagena.

Luis Carlos Villegas, presidente del gremio, le contó a Dinero la lista de tareas pendientes que, a juicio de los empresarios, son necesarias para poner la casa en orden.

Villegas expresó la necesidad de mantener los bajos niveles de inflación, tasas de interés y déficit fiscal y de cuenta corriente. “También hay que trabajar en otros frentes, como la solución pacífica de los conflictos, la eliminación de las prácticas corruptas, la consolidación de partidos comprometidos con el desarrollo económico del país, antes que con el clientelismo, y la mejoría en materia de promoción de derechos humanos”.

Otro asunto por resolver tiene que ver con la resolución de conflictos entre empresas y Estado. Un tema en el que el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, ha hecho especial énfasis, debido a que este inconveniente puede espantar la inversión extranjera.

Caicedo basa sus reclamos en la clasificación del Doing Business que elabora cada año el Banco Mundial y que este año ubicó a Colombia en el puesto 150 entre 183 naciones en lo que tiene que ver con el tiempo promedio para resolver este tipo de controversias.

No es un secreto que la entrada a este grupo de 34 naciones no es una tarea fácil. Chile, uno de los ejemplos para mostrar en la región, tardó más de cuatro años en lograr el objetivo y ahora Brasil le quiere seguir los pasos. Una frase de la misma organización nos puede dar una idea de la dimensión del reto: “Fijamos estándares internacionales en todo tipo de asuntos, desde la seguridad en productos químicos y plantas nucleares hasta la calidad de los pepinos”.