La muerte de un perro llamado “Tigre” durante un procedimiento policial en Rionegro, Antioquia, desató indignación nacional, protestas ciudadanas y una investigación disciplinaria contra el uniformado que accionó su arma de fuego contra el animal.
El hecho ocurrió en el sector La Convención, en pleno casco urbano del municipio, cuando varios policías atendían un procedimiento relacionado con un hombre señalado de agredir a un servidor público y portar un arma cortopunzante. Según la versión oficial, el sujeto se habría negado a entregar el arma y tuvo que ser reducido por los uniformados.
En medio del operativo, el perro del hombre, que permanecía cerca de su dueño, mordió a uno de los policías. Fue entonces cuando un patrullero sacó su arma de dotación y disparó contra el animal, causándole la muerte en el lugar. El momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de rechazo.
Tras la polémica, la Policía Nacional confirmó que el uniformado fue apartado de su cargo mientras avanzan las investigaciones disciplinarias y penales para esclarecer si hubo un uso desproporcionado de la fuerza.
El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía Antioquia, aseguró que también se abrió una denuncia penal relacionada con el caso.
La Alcaldía de Rionegro pidió una investigación “transparente e imparcial” y rechazó cualquier acto de violencia contra los animales. A su vez, organizaciones animalistas y defensores de derechos de los animales exigieron sanciones ejemplares para el responsable.
La indignación fue tal que decenas de personas realizaron una velatón y protestas bajo la consigna “Justicia para Tigre”, exigiendo respuestas sobre el procedimiento policial y cuestionando el uso de armas de fuego frente a animales de compañía.
Según las autoridades, el uniformado podría enfrentar consecuencias disciplinarias e incluso penas judiciales bajo la Ley 1774 de 2016, conocida como la Ley Ángel, que castiga el maltrato animal en Colombia. Dependiendo de lo que determinen las autoridades, las sanciones podrían incluir prisión, multas económicas y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso sigue generando un fuerte debate en el país sobre el actuar de la fuerza pública, el manejo de procedimientos de alto riesgo y la protección de los animales en situaciones de tensión.