El Consejo de Estado admitió una acción de tutela contra la Sección Primera de la misma corporación por la presunta mora en resolver una solicitud de suspensión provisional contra la resolución con la que se implementarán las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
En estas zonas, en medio de diálogos de paz, se trasladarán a grupos armados, suspendiendo sus órdenes de captura, con el fin de acelerar acuerdos.
De no ser suspendidas, las ZUT entran en vigencia el próximo 25 de junio, trasladando grupos como el Clan del Golfo a dichas zonas.
Mauricio Pava, abogado demandante, aseguró que la resolución del Gobierno Petro impacta directamente las instituciones en el país.
“Esto va a permitir que el Consejo de Estado tome decisiones inmediatas. El 25 de junio se van a trasladar los grupos al margen de la ley a estos territorios y no hay claridad sobre aspectos fundamentales como la entrega de armas, los mecanismos de monitoreo, el control gubernamental o las garantías para las comunidades que habitan esas zonas”, dijo el abogado.
Y agregó: “El 8 de agosto habrá un nuevo gobierno. Es indispensable que exista control territorial, gobernabilidad y, sobre todo, que el Consejo de Estado proteja la Constitución y adopte una decisión inmediata frente a un asunto que puede generar consecuencias irreversibles para el país”.
Detrás de la tutela está la intención de que se revise la legalidad, alcance y controles institucionales sobre lo que se considera el salvavidas a la paz total.