Esta campaña se habría originado con la publicación de un supuesto informe de inteligencia militar mexicana que vincularía al Banco con actividades del cartel de Sinaloa.
Sin embargo, la Fiscalía cuenta con evidencias de la falsedad de ese informe, entre las cuales destaca una certificación de la propia autoridad que lo habría expedido indicando que desconoce el documento publicado y hasta una sentencia de un juez mexicano que declaró la inexistencia del supuesto informe.