El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se enfrenta a una guerra jurídica que ha desatado una cascada de decisiones que tratan de impedir algunas acciones militares. Independientemente de las razones que esgrimen los denunciantes, al final los beneficiados son los narcotraficantes, que están felices. Por ejemplo, ya ha habido cuatro fallos que pretenden frenar las operaciones aéreas en las que haya presencia de menores de edad.
Otra decisión de un juez quiere evitar que se muestren los cadáveres embolsados de los criminales cuando se presentan los resultados. En las últimas horas, un juez de Puerto Asís suspendió los efectos de una resolución que fijaba un plan piloto para reiniciar la suspensión de los cultivos de coca con glufosinato de amonio. El equipo jurídico de la Casa de Nariño examina salidas ante esta arremetida jurídica. En el Gobierno Petro quedó claro qué pasa cuando los narcotraficantes no son perseguidos.