Como algo ilógico catalogó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la decisión anunciada por el Consejo de Estado sobre el decreto reglamentario que obligaba al giro de recursos de los colombianos que aprovecharon la ventana de oportunidades abierta en la reforma pensional, para pasar sus ahorros para la vejez, de los fondos privados a Colpensiones.
“No tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privados conservan los recursos de los trabajadores. Los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema deben estar siempre por encima de los intereses del gran capital financiero”, indicó Sanguino.
Alto Tribunal sería responsable
El funcionario manifestó que sería responsabilidad del Alto Tribunal si se llegara a producir una eventual suspensión en el pago de pensiones ya consolidadas.
Todo, porque los ahorros que debieron pasar con los aportantes al sistema, a través del régimen privado, hacia el modelo público, “siguen atrapados para el usufructo de las AFP”, manifestó Sanguino.
El ministro de Trabajo enfatizó en que el derecho a una pensión es innegociable. Explicó que el auto del Consejo de Estado implica que se extiende la suspensión provisional a la totalidad del Decreto 415 de 2026, mientras que, hace apenas dos semanas, la decisión suspendía únicamente el traslado de recursos de afiliados que aún no consolidaban su derecho pensional.
De ahí que ahora no le vea lógica a que se afecte también a los pensionados, con derechos de retiro ya reconocidos.
Debe ser una alerta para el país
Para Sanguino, se trataría de una decisión preocupante que, a su juicio, “debe ser una alerta para el país”.
El funcionario que dirige la cartera de Trabajo expresó que hasta el momento, Colpensiones sigue asumiendo el pago de esas mesadas con cargo al sistema público.
En consecuencia, afirmó que: “se desconoce así un principio elemental: quien paga la pensión debe tener también los recursos para financiarla”, manifestó Sanguino.
Aunque mencionó que es respetuoso de las decisiones judiciales, enfatiza que “no se comprende que esta suspensión se extienda a personas cuyo derecho pensional ya fue reconocido y hoy es asumido por Colpensiones. No puede existir un sistema en el que el Estado asuma las obligaciones mientras los fondos privados conservan la plata de las y los trabajadores”.
El presidente Gustavo Petro también se refirió al asunto y hasta anunció demanda al magistrado involucrado en la decisión: Juan Enrique Bedoya Escobar.