En una columna de opinión, la candidata Paloma Valencia hizo un “enfático y vehemente llamado a la Fiscalía General de la Nación para que reactive de manera inmediata las órdenes de captura en contra de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, suspendidas desde 2024 por decisión del ente acusador, previa solicitud del Gobierno nacional”.
Valencia recuerda que sí existe la arquitectura legal para realizar este procedimiento y, además, que la Corte Constitucional, cuando declaró exequible la ley que permitió esos beneficios, aclaró que “la suspensión de las órdenes de captura contra miembros o voceros de grupos armados organizados no opera de manera automática tras la solicitud del Poder Ejecutivo. Por el contrario, corresponde a la Rama Judicial valorar en detalle los supuestos que justifican dicha medida”.
Valencia recuerda que “el Gobierno no manda a la Rama Judicial”.
Calarcá no solo ha seguido delinquiendo, sino que es el protagonista del escándalo alrededor de la infiltración en el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia, revelado por Noticias Caracol.
“Pareciera que la estrategia del Gobierno nacional —y la pasividad de la Fiscalía— ha sido permitir que los criminales permanezcan en libertad. Bajo la denominada paz total, el Gobierno ha claudicado ante la criminalidad, ha permitido la expansión de los grupos armados —que hoy cuentan con 27.000 hombres en armas— y ha sido testigo de un deterioro alarmante en los indicadores de seguridad: el secuestro ha crecido 336 %, la extorsión 46 % y el terrorismo 119 %“.