La Procuraduría y la Fiscalía tienen la lupa puesta sobre un multimillonario contrato de alumbrado público en Cali que ya está siendo investigado.
Por esa razón, se pidió a la Fiscalía que se sume a las indagaciones que se están adelantando a la Junta Directiva de Emcali al considerar que existen supuestos indicios de direccionamiento contractual.
La petición la hizo la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia a través de un oficio que se radicó en el ente acusador. El documento se radicó ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Allí se argumenta que la Junta Directiva es el máximo órgano de Emcali y debe responder por lo que está pasando.
“La Junta Directiva tiene responsabilidad directa en la aprobación de decisiones estratégicas, la supervisión de los procesos contractuales y la garantía de que la gestión administrativa se ajuste a los principios de legalidad, transparencia, moralidad y defensa del patrimonio público”, dice el documento.
Por ello, se pretende que la Fiscalía determine si la Junta Directiva conoció o no las acciones contractuales que se adelantaron en dicho contrato que ha generado polémica.
“El contrato de alumbrado público, por su cuantía, alcance y duración, exigía una planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva”, afirmó Luis Miguel Marimón Reyes, presidente de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia.