En medio del ejercicio legítimo de la oposición, este domingo, a través de su cuenta oficial de Twitter, la senadora y figura reconocida del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal , elevó una fuerte crítica en contra de la ministra de Trabajo del Gobierno Petro, la también excongresista Gloria Inés Ramírez, quien, recientemente, en el marco de un viaje a la ciudad de Cali, se tomó una fotografía en un sitio icónico de las protestas de 2020: Puerto Rellena.

Para Cabal, según expresó en su trino, resulta incorrecto que la ministra ‘aproveche’ un viaje oficial a la ciudad, ejerciendo ‘funciones delegatarias’ para hacer turismo, aprovechando para cuestionar a su vez, cómo en el lugar, bautizado por en ese momento como ‘puerto resistencia’, sigue en pie, refiriéndose a un ‘monumento’ allí erigido, como un “esperpento ilegal”.

Puerto rellena, se convirtió en un sitio emblemático que concentró a diversos grupos de manifestantes durante las difíciles semanas que vivió Cali en medio del denominado ‘estallido social’; escenario de protestas que a su vez se vio empañado en su momento por el aumento desmesurado de violencia entre las partes, y que también se vio deslegitimado por la infiltración u operación de grupos ilegales que aprovecharon el escenario para delinquir, y sembrar el pánico en diversos sectores de la capital del Valle del Cauca.

El llamado por Cabal como “esperpento ilegal”, consiste en un monumento que simboliza un brazo en alto que sostiene un letrero que dice ‘resiste’, que representa el descontento social del momento, y que está coronado por un pabellón nacional.

Desde su nombramiento, la actual ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha despertado rechazo al interior de los sectores de oposición al gobierno de Gustavo Petro Urrego, recordando la manifiesta militancia de la funcionaria pública en el Partido Comunista de Colombia.

Este fin de semana, también a través de las redes sociales, se ha conocido una una delicada situación que se vive en la ciudad de Cali, luego de una serie de amenazas en contra de los miembros de la fuerza pública, policías que toman lugar en las labores de desalojo a predios invadidos en la capital del Valle.

Dichas amenazas consisten en el envío de una carta firmada por una agrupación que se hace llamar Villa Victoria Unida, en la que rechazan los operativos de desalojo, afirmando que ello vulnera su derecho a contar con una vivienda digna; no obstante, en la que ellos hacen llamar una “advertencia pacífica”, se adjuntan cuatro balas marcadas con los nombres de los que serían los funcionarios públicos que toman lugar de dicho operativo.

Los ‘violentos’ aseguran que si no se cambia el ‘proceso’ adelantado para su desalojo se verán “en la obligación de proceder de una manera más contundente”.