Este martes, ante organismos de vigilancia y control, el presidente Abelardo De La Espriella presentó El libro de la verdad, en el que, como explica en su introducción, “no pretende constituirse en una sentencia sobre el pasado. Busca, en cambio, cumplir un deber frente al presente y frente al futuro: que ningún hecho que haya lesionado los intereses de la Patria quede oculto por temor, complicidad o negligencia”.
En medio de la campaña sobre dos sectores se ubicaron los reflectores por la importancia crítica que tienen en la economía nacional: Hacienda y Minas y Energía. En el primero, por la difícil situación fiscal, un alto déficit y una deuda que bordea el 60 % del PIB, frente a unos cálculos y proyecciones muy optimistas en materia de ingresos.
En el segundo, la amenaza de un apagón revive los fantasmas de inicios de la década de los 90 en el país, con racionamientos programados, mientras que se viene perdiendo la autosuficiencia energética, con la necesidad de importar el 30 % de gas que demanda el país y ad portas de un fenómeno de El Niño que, como se anticipa, podría ser uno de los más intensos de los últimos años.
En El libro de la verdad, los ministros de Hacienda, Miguel Gómez, y de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, hacen un corte de cuentas de lo que reciben en sus despachos y las dificultades que enfrentan.
Gómez inicia su radiografía con dos preguntas: cuánta caja hay y cuál es el precio de la deuda. Sus cuentas alarman: la caja en pesos del Ministerio de Hacienda se reportó en 16 billones al 31 de mayo de 2026, frente a un rango histórico de entre 30 y 40 billones, con una proyección de 7,1 billones al cierre del año. El déficit del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6,4 % del PIB en 2025 y hubo que activar la cláusula de escape de la regla fiscal para 2025-2027. “No es un punto de partida cómodo: es una restricción que condiciona cada decisión de los próximos meses”.
Agrega que la deuda explica buena parte del problema. La auditoría de la Contraloría General encontró que el límite de adjudicación por emisión de TES se elevó del 50 % al 100 %, lo que permitió concentrar la deuda pública en pocos tenedores; que las tasas de colocación llegaron a niveles entre el 13 % y el 15 %, los más altos de la historia reciente; y que los vencimientos de esa deuda cara quedaron concentrados en 2026, 2029 y 2030, es decir, en los años de este Gobierno.
“Obligaciones antiguas a tasas bajas fueron reemplazadas por obligaciones casi al doble de costo, que pagarán los colombianos con sus impuestos durante años. La Contraloría advirtió un posible detrimento patrimonial y remitió el caso a la Procuraduría. En paralelo, identificó encargos fiduciarios por $113 billones que podrían estar sobreestimando la ejecución presupuestal frente a la caja realmente disponible”, asegura Gómez.
Del otro lado de la ecuación está el recaudo, y ahí la capacidad del Estado se dejó debilitar. La Dian recaudó 294,5 billones de pesos brutos en 2025 y enfrenta una meta neta de 292,9 billones de pesos para 2026, con un contrabando estimado por encima del 1 % del PIB y una productividad por funcionario que cayó el 3,5 %. Mientras tanto, el Fondo Dian suscribió dos contratos tecnológicos por más de $310.000 millones que hoy no funcionan y cuya entrega está proyectada hasta 2028, después de un Plan de Modernización con $333.853 millones ejecutados entre 2019 y 2024 y un avance declarado del 95 % que no modernizó los sistemas misionales. En la misma entidad, un contrato de arrendamiento de 3.064 puestos de trabajo por $19.996 millones terminó con solo 1.890 ocupados y un daño patrimonial establecido en $17.287 millones, el 86 % del contrato.
Advierte que el deterioro se repite en las entidades del sector. Pone como ejemplo el Fondo Nacional del Ahorro, que administra las cesantías de más de 800 mil trabajadores, presenta un descalce estructural de 3,7 billones de pesos entre activos y pasivos, un deterioro de cartera que creció un 260,9 % entre 2024 y 2025 hasta 613.853 millones de pesos y unos costos de personal que aumentaron un 434 % entre 2020 y 2025. Findeter prestó 328.000 millones de pesos a Air-e con inconsistencias documentales y sin soporte en los supuestos del modelo de riesgo; la empresa fue intervenida y hoy está en liquidación, y la cartera comercial improductiva de la entidad pasó de 2.119 millones de pesos en 2024 a 367.256 millones en 2025. En el Fomag, las auditorías de la Contraloría dejaron hallazgos fiscales por 81.593 millones de pesos en 2024 y 176.795 millones en 2025.
Además, Coljuegos dejó prescribir cobros por 34.023 millones y el juego ilegal deja de transferir cerca de 1,5 billones de pesos al año que estaban destinados a la salud de los colombianos. “Cuando la Dian no cobra, cuando una entidad pública presta mal y cuando los recursos de la salud se pierden en la ilegalidad, el ajuste no lo asume una hoja de cálculo: lo asume el ciudadano, en impuestos más altos, servicios más escasos o deuda más cara”, sentencia Gómez.
Por su parte, Arboleda advierte que el Gobierno recibe el sector de Minas y Energía con la estabilidad institucional, la credibilidad regulatoria y las señales de inversión debilitadas, justo cuando el país más necesita certidumbre en su matriz energética y seguridad jurídica para viabilizar la minería responsable. “Decirlo con claridad no es alarmismo: es la condición para actuar a tiempo”, afirma.
En energía eléctrica, el país pasó de un superávit de energía firme cercano al 2 % en 2022 a un déficit del 4,4 % en 2026, con riesgo de déficit de potencia para 2026-2027, justo cuando el sistema debe prepararse para el fenómeno de El Niño. Detrás de ese giro hay tres hechos concretos, explica la ministra: de los 4.475 MW de nueva generación esperados para 2026, solo ha entrado en operación el 15,5 %; cerca del 60 % de los proyectos de transmisión presenta atrasos; y entre abril y julio de 2026 se registraron 216 desconexiones por sobrecarga. La vulnerabilidad del sistema aumentó de forma significativa.
A ello se suma un desafío urgente: el abastecimiento de gas natural. De acuerdo con el informe de Arboleda, en el primer trimestre de 2026 Colombia importó el 23 % de su demanda nacional y, lo que va corrido del segundo semestre, esa proporción llegó al 30 %. Al mismo tiempo, las reservas probadas han venido disminuyendo y hoy representan aproximadamente 5,9 años de autonomía. El balance de oferta y demanda muestra una estrechez creciente: bajo los supuestos analizados, podría presentarse un déficit nacional cercano a 19 GBTUD desde febrero de 2027, situación que se agravaría ante una mayor generación térmica durante el fenómeno de El Niño. A ello se suma la reducción de la producción de Canacol a menos de la mitad de sus contratos, que representa hoy aproximadamente el 10 % de la oferta nacional y cuya caída incrementa el riesgo, especialmente en la Costa Caribe.
De acuerdo con los estimativos de Arboleda, ante un escenario severo de El Niño, los requerimientos térmicos podrían elevar considerablemente la demanda de gas. Los análisis disponibles estiman un déficit potencial superior a 100 GBTUD, aun considerando la ampliación de SPEC (la única regasificadora que hoy opera en el país, ubicada en el Caribe).
“En un escenario de escasez, además, la prioridad de suministro a la generación térmica desplazaría consumo industrial y vehicular, afectando directamente la actividad económica. Colombia necesita, por tanto, una estrategia de portafolio de gas que permita atravesar el periodo crítico hasta la entrada de nuevas fuentes de producción. Esto implica acelerar la ampliación de SPEC, aprovechar la bidireccionalidad de la infraestructura de transporte, habilitar nueva oferta onshore, avanzar en proyectos de importación y regasificación, evaluar alternativas de reconversión de infraestructura y acelerar la entrada del gas offshore. Ninguna fuente, por sí sola, resolverá el problema”.
Pero no es solo un tema operativo: la situación financiera del sector es crítica. El atraso en el pago de subsidios y las obligaciones acumuladas con agentes del sistema han generado una presión de caja que amenaza con propagarse por toda la cadena energética.
El caso más crítico es Air-e. La empresa que presta el servicio a más de 1,3 millones de familias en Atlántico, Magdalena y La Guajira pasó de un patrimonio positivo de 2,22 billones de pesos en 2023 a uno negativo, con una pérdida neta en 2025 de 1,15 billones de pesos. “Su exposición a bolsa, sus altos niveles de pérdidas de energía y recaudo insuficiente agravan una situación que ya constituye un riesgo sistémico para generadores, transmisores y demás agentes del mercado”, advierte el análisis de la ministra.
Agrega: “Air-e requiere simultáneamente una solución de liquidez inmediata y la definición de un modelo estructural de prestación. No basta con financiar las obligaciones existentes si cada mes se continúa generando nueva deuda. El Estado debe estabilizar la operación, garantizar transparencia y eficiencia en el gasto y la contratación, reducir la exposición a bolsa y definir una solución empresarial sostenible para el mercado atendido”.
Pero va más allá. Arboleda asegura que Colombia necesita una solución estructural para la prestación del servicio eléctrico en el Caribe, que distribuya con claridad las responsabilidades entre Nación, territorios, prestadores y usuarios, y que reconozca las particularidades sociales, económicas y técnicas de la región.
En el frente minero, el informe destacó un volumen inusual de reglamentación dirigido a restringir la actividad. Entre 2022 y 2026 se expidieron 333 normas con ese propósito, y a ellas se sumaron la declaratoria de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), los Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam), las reservas temporales y la delimitación de distritos mineros, figuras que en la práctica suspendieron proyectos focalizados. El resultado es una inestabilidad jurídica que ya se refleja en la caída de la inversión.
Además, la extracción ilícita de oro por parte de grupos criminales mueve en Colombia más de 3.000 millones de dólares al año y, al cierre de 2025, el pasivo ambiental acumulado por la extracción ilícita de minerales en Colombia ascendía a 6,02 billones de pesos, según la información recogida durante el empalme.
“Los problemas que recibimos no pueden seguir aplazándose. Nuestra prioridad será evitar que la falta de energía, de gas o de liquidez termine convirtiéndose en una crisis para los hogares y para la economía (…) La soberanía energética debe ser una política de Estado, no una consigna de gobierno. Se construye con planeación seria, cuentas claras, instituciones fuertes, inversión y decisiones oportunas; nunca debilitando la seguridad del suministro”, concluye la ministra Arboleda.