Iván Cepeda: hacia un capitalismo productivo
El enfoque económico del candidato Iván Cepeda fue construido a partir del programa de gobierno que ha hecho público y que es una recopilación de sus intervenciones en distintos escenarios.
Un recorte de gasto. Su discurso parece aceptar la problemática actual de Colombia, que, además, es inocultable: falta de confianza institucional, gasto público más allá de los ingresos disponibles, avances débiles en reducción de pobreza y desigualdad. Es así como habla de una ley de austeridad republicana, que parte de la premisa según la cual “quien debe apretarse el cinturón es el Gobierno y no el pueblo”.
Con ese objetivo, Cepeda afirma que no creará nuevas instituciones, sino que utilizará las existentes, aplicando la estrategia de “depurar las clientelas en la administración. No habrá corbatas”.
En el frente tributario, en esta campaña consideran que el recaudo debe ser “una herramienta efectiva para la equidad”. Así, planean perseguir la evasión fiscal “con determinación, sin privilegios ni excepciones, porque los impuestos no son castigo; son aporte solidario que permite que el país avance”.
También buscarán combinar justicia fiscal con vigilancia popular, promoviendo las redes de veedurías ciudadanas y comunitarias, de manera que sea el pueblo el que vigile la inversión pública.
Un nuevo modelo energético. En línea con las ideas de su antecesor en el progresismo, Cepeda expresa que implementará fuentes de energía limpias y, en relación con la industria extractiva, no permitiría el fracking.
Paralelamente, dentro de su plan de moverse en lo que llama un “capitalismo productivo”, dice que “no va a atacar al sector productivo, es decir, a las empresas”. Su búsqueda será la de un Estado popular que “acompaña, no impone”.
En ese contexto, afirma que vinculará al sector privado en función del bien común, mediante mecanismos como el de obras por impuestos y alianzas justas.
Insistirá en la reforma a la salud. Partiendo de la idea según la cual la Ley 100 de 1993 privatizó la salud y convirtió en negocio lo que era un derecho, Cepeda se iría por la continuidad de la política del presidente Petro. Es más, asegura que insistirá en la reforma al sistema, por lo que propone “desarrollar de manera integral y comunitaria la salud como derecho, con atención domiciliaria”. Esto también abarcaría la atención de la salud mental.
En términos de financiación, incluye a la salud como una de las beneficiarias del llamado fondo de reparación de víctimas de la corrupción. Ello, con el argumento de que “si la corrupción golpea un sector, como la salud, los recursos recuperados se destinarán a fortalecer ese sistema y a reparar a sus víctimas. Cada peso recuperado debe convertirse en un derecho restituido”, dijo en general.
Foco en el agro. Con la convicción de que la superación de la pobreza exige otro modelo de desarrollo, que esté más allá de la “aporofobia”, es decir, rechazo a los pobres, Cepeda se inclina también –como Petro– por la economía campesina y popular.
La estrategia se centrará en fortalecer los vínculos con los mercados populares de las grandes ciudades y de las intermedias, buscando eliminar intermediarios. Este enfoque formará parte de una reforma agraria que no se limitará a la redistribución y formalización de tierras para el campesinado y las comunidades rurales empobrecidas, sino que también apuntará a otros objetivos, como abaratar los alimentos, garantizar la seguridad alimentaria y avanzar hacia la erradicación del hambre.
Puntualmente, estimulará la economía familiar y comunitaria, con medidas como la compra –por un tiempo– de un porcentaje de los alimentos de la producción campesina en los municipios del país que se encuentren en situación de mayor pobreza y exclusión.
Para fortalecer el campo, el programa de gobierno de Cepeda también considera necesario enfocarse en otros sectores, como la infraestructura, para lo cual propone una amplia vinculación comunitaria.
Abelardo de la Espriella: por la disciplina fiscal
El foco de las propuestas del equipo económico de Abelardo de la Espriella para las finanzas públicas parece estar en el reordenamiento tributario, de manera que se simplifique el sistema y se bajen impuestos que consideran “asfixiantes”.
Afirman que harán un plan para recomponer el Estado, pero de manera inteligente, lo que implicará reducir el gasto ineficiente, mejorar el foco del gasto social y fortalecer los ingresos, aunque sin castigar la actividad productiva.
En ese contexto, argumentan que eliminarán impuestos como el 4 × 1.000 y el del patrimonio, pues hay maneras de obtener recaudo por otras vías. “Colombia no puede seguir sosteniendo el hueco de 150 billones de pesos que dejan las exenciones tributarias. Tampoco es aguantable mantener una fuga de 100 billones en evasión y de 60 billones o más en corrupción, como si eso fuera normal”.
Confianza e inversión. Como herramienta transversal, en esta campaña proponen utilizar la gerencia y la disciplina fiscal, con lo cual recuperarán la confianza en el país, lo que a su vez atraerá inversión. “Colombia volvería a decirle al mundo que aquí habrá seriedad fiscal, respeto por la inversión y reglas claras, y políticas de crecimiento”, indicaron, al referirse a su propuesta de una “patria milagro”, que llevaría a un crecimiento por encima del 6 por ciento, impulsando sectores claves como infraestructura, vivienda, agroindustria, turismo, industrias creativas, nuevas tecnologías y el sector minero-energético.
A decir de los asesores económicos de De la Espriella, la inversión no se atrae con discursos ni propaganda, sino con seguridad jurídica y verdad económica.
Antes que llegue la crisis energética. Frente al escenario de crisis advertido por los expertos, la estrategia prevista será la de “una subasta de expansión inmediata, que será adjudicada en el segundo semestre de 2026 –o un mecanismo expedito equivalente– de adición de activos de confiabilidad, con obligaciones verificables para cubrir las necesidades a partir de 2028. No podemos esperar a que la crisis ocurra; debemos anticiparnos”.
En cuanto a problemas como los que enfrenta Air-e, hoy bajo control del Estado, los asesores de De la Espriella proponen crear una oficina de gestión de proyectos sectoriales, con un semáforo semanal y un tablero público de seguimiento. La iniciativa busca monitorear la situación financiera de la compañía, cuyo déficit de caja asciende a 280.000 millones de pesos mensuales.
Su planteamiento consiste en “un saneamiento financiero condicionado a un desempeño verificable. No más recursos públicos sin metas públicas por circuito. Gestión activa de compras de energía y reducción de la exposición a bolsa –que en 2024 llegó al 32 por ciento en el mercado regulado– mediante contratos de largo plazo a precios competitivos”.
En el frente del gas, en el que hay temores de desabastecimiento, la campaña plantea una estrategia para asegurar la oferta nacional mediante contratos de largo plazo con productores existentes mientras se desarrollan nuevos campos.
Asimismo, busca evitar un incremento promedio de hasta 53 por ciento en el precio del gas –como se prevé si se mantiene la dependencia de importaciones–. De materializarse ese escenario, los efectos recaerían sobre todos los colombianos, pero en especial sobre cerca de 250.000 que podrían caer en la pobreza monetaria. “Eso no es una estadística; son familias reales”, advierten.
No más ruleta rusa en salud. En salud, otro de los temas álgidos que tendrá que enfrentar el próximo Gobierno, los asesores de De la Espriella proponen “acabar con la ruleta rusa en la que está hoy la vida de los pacientes”.
Los planteamientos giran en torno a tomar decisiones con las EPS: “Tendrán futuro si son viables y cumplen su función de asegurar acceso y resultados; si no, se transforman o salen”. Sus propuestas de salud también tienen foco en la Colombia rural y dispersa, en la cual aplicarían una estrategia con doble propósito: “Donde no hay competencia real, se focalizará la operación de EPS reestructuradas para garantizar servicios en zonas aisladas con bajo nivel de acceso, con una lógica de suficiencia de recursos y continuidad (no de abandono)”.
Igualmente, abrirán la puerta a la capitalización privada o mixta de EPS estratégicas, con la debida supervisión.Para solucionar la desfinanciación de la salud, manifestaron que “la viabilidad no se promete, se construye con tres llaves que abren la puerta al mismo tiempo: liquidez inmediata, reglas técnicas para la UPC/presupuestos máximos y política anticorrupción basada en datos”.
Paloma Valencia: apuesta por bajar impuestos
La dupla conformada por la candidata del Centro Democrático y el economista independiente Juan Daniel Oviedo tiene varias propuestas que buscan redireccionar el rumbo de la economía.
Sí a las EPS. Uno de los principales dolores actuales de los colombianos está en el sistema de salud. En este frente, la campaña de Valencia aboga por mantener un modelo de aseguramiento con EPS, pero con más control y transparencia.
Asegura que el intento de desmontarlas por decreto implica un riesgo de estatización desordenada y pérdida de estabilidad. De hecho, la candidata ha sostenido que los ciudadanos deben mantener el derecho a elegir si se afilian a una EPS pública, privada o mixta. Por eso se opone radicalmente a que el Estado asigne obligatoriamente el lugar de atención.
Valencia ha manifestado que, pese a sus fallas, el sistema de salud colombiano logró una cobertura amplia y acceso relativo, que no se debe perder. Asimismo, para atender el grave desfinanciamiento del sector, propone un ajuste técnico de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para que refleje mejor los costos reales de la morbilidad y la población atendida, con criterios epidemiológicos y financieros.
Igualmente, ha hablado de titularizar la deuda del sistema, lo que implica convertir las cuentas por cobrar de hospitales y clínicas en títulos valores para que el sector financiero aporte liquidez inmediata y se eviten cierres de IPS.
Otra de sus ideas consiste en reforzar la atención en territorio mediante tecnología y modelos de referencia.
En contra del despilfarro. En foros sobre crecimiento y finanzas públicas, Valencia ha dicho que la crisis fiscal que vive el país no es por falta de ingresos, sino por exceso de gasto y “despilfarro”.
Así, ha defendido una política de “déficit cero”, orientada a reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia del gasto. Esta estrategia busca que el gasto corriente no supere los ingresos, sin aumentar la presión tributaria ni recurrir a mayor endeudamiento público.
La candidata del Centro Democrático, que ganó en la Gran Encuesta por Colombia, también plantea eliminar el impuesto al patrimonio y bajar “drásticamente” el impuesto de renta, como eje central para reactivar la economía y reducir la carga sobre las empresas y hogares.
Del mismo modo, ha planteado concertar con gobernadores y alcaldes una revisión de los impuestos locales con el fin de reducir la presión tributaria, especialmente sobre las empresas.
Paralelamente, propone actualizar la Ley de Escalera de la Formalidad y el régimen simple para que las mipymes y microempresas paguen un único impuesto de bajo costo, sin trámites adicionales, facilitando así la formalización y el acceso al crédito.
Otra de sus promesas consiste en acabar con esquemas “gota a gota” sustituyéndolos por alternativas formales accesibles y reforzando el control del Estado.
En energía, más juego para el sector privado. La situación energética del país, con mayores precios de combustibles, caída de reservas y riesgos de racionamiento eléctrico, es otro de los frentes de estudio de las campañas presidenciales. En la de Paloma Valencia prometen trabajar en diversificar la matriz con energía eólica, solar, hídrica, nuclear y geotérmica.
En publicaciones en redes sociales han anunciado que ese trabajo incluye la construcción o conclusión de grandes hidroeléctricas y parques solares, eso sí, sin abandonar los hidrocarburos.
Para combatir el actual déficit de gas natural, la propuesta consiste en flexibilizar las normas a fin de que el sector privado pueda importar gas y garantizar suministro, en especial para industrias y generación eléctrica.
Al mismo tiempo, plantea desarrollar más oferta nacional de gas (incluyendo proyectos de fracking costa afuera y aprovechamiento de gas asociado a carbón, por ejemplo, en el Cerrejón) con el objetivo de bajar costos y reducir la dependencia de importaciones.
Valencia también ha planteado un subsidio al gas de pipeta para llevar estufas a usuarios rurales que hoy cocinan con leña con el propósito de mejorar condiciones de vida y salud, pero sin renunciar al uso de gas como puente energético en la transición.
Para superar la crisis de las empresas de distribución de energía, en especial de Air-e en la costa caribe, plantea que el Estado asuma los costos de modernización de infraestructura obsoleta (redes, subestaciones) bajo un modelo de “resultados”: las empresas solo recibirían compensaciones si reducen pérdidas y mejoran la continuidad del servicio.
En el caso particular de Air-e, su plan consiste en reforzar la supervisión y la intervención, pero también corregir fallas estructurales de la costa: más inversión en transmisión, menos pérdidas y mayor disciplina tarifaria para evitar que la carga caiga solo sobre los usuarios de estratos bajos.
En esta campaña presidencial ha advertido, además, que la intervención estatal (como la ocurrida en Air-e) no soluciona el problema estructural y sí puede agravarlo si no se corrigen incentivos.
Sergio Fajardo: Tributaria solo si es necesaria
La campaña de Sergio Fajardo ha desarrollado su programa bajo tres grandes ejes. Uno, crisis: recuperación segura; dos, esperanza: Colombia adelante; y tres, dignidad: compromiso social en serio.
Justamente, frente a las tres bombas que estallarían en el próximo Gobierno, en materia fiscal, de energía (posible racionamiento) y de un mayor deterioro en el servicio de salud, los planteamientos se centran en el primer eje. “El uso sistemático de cifras no solo fortalece el diagnóstico, sino que permite dimensionar con precisión la magnitud de los retos que enfrenta el país.
También se presentan soluciones en cada área”, señala Juan José Echavarría, quien sería ministro de Hacienda en un Gobierno de Sergio Fajardo.
Puesto de mando en salud. Uno de cada cinco colombianos ha reportado barreras de acceso a servicios de salud, y las desigualdades territoriales son significativas, advierte Echavarría.
El mapa es complejo, al igual que los cálculos: según los estimativos de la campaña, Colombia tiene apenas 2,5 médicos y 1,9 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Se vislumbra una crisis financiera, con un déficit corriente que podría superar los 15 billones de pesos (0,8 por ciento del PIB).
Actualmente, nueve EPS intervenidas enfrentan un déficit financiero acumulado cercano a 9,7 billones de pesos, con pérdidas operacionales de 6,8 billones en 2024, 48 por ciento más que en 2023.
“Proponemos reformas consensuadas con todos los actores para ordenar el sistema, garantizar su sostenibilidad financiera y preservar los avances en cobertura, garantizando acceso y calidad.
En los primeros 100 días se instalará un puesto de mando presidencial para garantizar el derecho a la salud, con auditorías independientes a las EPS intervenidas, revisión de su situación financiera y medidas para restablecer la liquidez del sistema”, agrega Echavarría.
Asegura que se priorizará la eliminación de barreras en el acceso a medicamentos, citas especializadas y servicios críticos que hoy están cerrados o restringidos por problemas financieros. “La dignificación del talento humano en salud será central en nuestra propuesta”, reitera.
Transición energética gradual. Su plan en este frente consiste en garantizar la seguridad energética, mediante una transición gradual y sostenible hacia fuentes renovables, manteniendo la seguridad del suministro y recuperando la autosuficiencia.
La primera tarea, según la campaña, consiste en destrabar proyectos de generación eléctrica que hoy están “atrapados” por la ineficacia de los trámites de licencias ambientales y de consultas previas: entre 2021 y 2024 solo entró el 20 por ciento de la capacidad proyectada, y en 2025 apenas el 2 por ciento, con retrasos de más de 1.000 días en la instalación de granjas solares y de más de 13 años en las líneas de transmisión.
“Se propone el fortalecimiento de las comunidades energéticas, la medición inteligente y la digitalización del sistema eléctrico, incluyendo contadores inteligentes y esquemas prepago; se adecuarán viviendas con electrodomésticos eficientes que permitan un consumo más racional de la energía”, señala el exgerente del Emisor.
Para el Caribe se presenta un plan que reducirá en un 40 por ciento los cortes de energía eléctrica, la revisión tarifaria y de las facturas de servicios públicos, y la constitución de zonas energéticas especiales para comunidades vulnerables.
Además, se retomarán los pilotos de fracking y se reactivará la exploración de hidrocarburos.
A estabilizar la deuda. A juicio de Echavarría, el Gobierno del presidente Petro va a dejar una situación fiscal caótica. “El gasto se expande a un ritmo que dobla el de la economía, y los impuestos se reducen como proporción del PIB. El déficit es uno de los más altos de los últimos 100 años y uno de los más altos del mundo, y la deuda crece.
El actual ministro de Hacienda especula en favor del franco suizo con nuestros impuestos, sin la cobertura natural que tiene el dólar. Se gastan los mínimos recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y se limitan los dineros de los fondos de pensiones en el exterior para facilitar la financiación del gasto público en Colombia”. Por ello se requerirá un ajuste responsable orientado a estabilizar la deuda, mejorar la eficiencia del gasto y fortalecer el recaudo.
“Un Gobierno serio, con un plan de crecimiento estructurado, puede lograr que el país crezca 3,8 por ciento (hoy crecemos 2,8 por ciento), que las primas de riesgo para Colombia se reduzcan unos 100 puntos (hoy son unas de las más altas del mundo)”, explica Echavarría.
Añade que ambos resultados contribuyen a reducir la deuda pública en relación con el PIB y que una mayor confianza permitiría recuperar los bajos niveles de inversión.
En materia fiscal se propone reducir la elusión y perseguir la evasión –elementos centrales en la lucha contra la corrupción en el país–, mantener el gasto agregado constante en términos reales, con lo cual se reduce la deuda como porcentaje del PIB, y eliminar paulatinamente los subsidios regresivos a la gasolina y al diésel.
“Si es necesaria, se presentará una reforma tributaria progresiva para cubrir la precaria situación actual y las deudas escondidas en sectores en crisis, como seguridad, salud y energía”.