Más de 3.000 proyectos de ley llegaron al Congreso de la República durante el cuatrienio del presidente Gustavo Petro, y 147 de ellos los radicó el Gobierno, según el portal legislativo Congreso Visible, de la Universidad de los Andes.
La evolución del paquete de propuestas de leyes gubernamentales en los estrados de decisión no ha sido fácil, y algunos expertos expresan que hay responsabilidad de ambas partes en ello.
Después de la llamada luna de miel entre el Ejecutivo y el Legislativo, empezó a menguar el respaldo parlamentario y la consecuencia fue el hundimiento de propuestas de grueso calibre, que ahora el ministro de Hacienda, Germán Ávila, saca a relucir porque, a su juicio, eran claves para enfrentar la crisis fiscal que le entregará la actual administración a su sucesor en la Casa de Nariño.
En la etapa inicial de la relación política entre los dos poderes, todo parecía ir sobre ruedas. Muestra de ello fue que salió adelante la primera reforma tributaria, pese a que este tipo de proyectos suelen encontrar altos niveles de resistencia legislativa. Planteaba impuestos polémicos e incrementos tributarios que, al final, fueron aceptados, y aportaron alrededor de 20 billones de pesos. Los apoyos de congresistas superaron el 60 por ciento, tanto en las Comisiones Económicas como en plenarias, según registra el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que hizo una revisión al comportamiento de la votación para medir qué tanto se disolvieron las coaliciones que inicialmente había conformado el Gobierno.
El Plan Nacional de Desarrollo también pasó la prueba en el Congreso, lo que mostró las posibilidades que permiten las concertaciones, no solo con las regiones, sino con los legisladores.
Con salvavidas
Otras reformas controversiales, como la de pensiones y la laboral, aunque con múltiples tropiezos, lograron el aval para ser ley. No obstante, poco a poco el camino se fue volviendo escabroso a medida que se avivaban las tensiones sobre las finanzas públicas y salían al ruedo los cuestionamientos acerca de la sostenibilidad fiscal.
Las cuentas descuadradas, por sobreestimaciones del recaudo tributario, empezaron a hacer mella, mientras el gasto público mostraba números incrementales, que el Gobierno defendía con el mantra de las inflexibilidades: no es posible dejar de pagar nómina, pensiones, transferencias a las regiones y los intereses de la deuda, se argumentaba desde Hacienda.
¿Qué pasó con el golpe blando?
El otro paso cuestionado que dio el Gobierno, según el Observatorio, y que encendió alertas en el Legislativo, fue el de la activación de la llamada cláusula de escape de la regla fiscal ante el elevado déficit fiscal y las dificultades de caja. En la trinchera del Ejecutivo se empezó a hablar de un “golpe blando” ante la no aprobación ni siquiera del presupuesto general, como pasó con el de 2025, cuando tuvo que ser emitido por decreto unilateral en la Presidencia de la República; el apoyo en Comisiones Económicas cayó a 6,3 por ciento y el voto negativo alcanzó el 71,9 por ciento, según registra el Observatorio Fiscal.
La relación Gobierno-Congreso se iba resquebrajando, lo que, al decir de Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, tuvo otro motor: la corrupción. “En particular, el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que evidenció el desvío multimillonario de dineros públicos para sobornar congresistas y asegurar votos para pasar las reformas del Gobierno, volviendo más compleja una relación que ya venía tensa”, sostuvo.
A medida que se incrementaba la polarización política, no hubo poder humano que lograra que el Gobierno pasara una nueva reforma tributaria, pese a que se radicó como ley de financiamiento en 2025 para enfrentar el déficit presupuestal. “Solo obtuvo 36,2 por ciento de votos favorables en las Comisiones Económicas”, señala el estudio del Observatorio, cuyo director, Mauricio Salazar, confirmó que “la caída en el respaldo no ocurrió en el vacío. Coincide con un periodo en el que el deterioro de las finanzas públicas se hizo más evidente. Aumentaron las dudas sobre la sostenibilidad fiscal y se profundizó la desconfianza frente a los supuestos de ingresos y gastos presentados por el Gobierno”.
Esta semana, ya en la recta final de la administración Petro, la Contraloría General volvió a cuestionar la política económica. Insistió en el rezago en la ejecución del presupuesto, lo que indica que el problema no es de recursos, sino también “de eficiencia administrativa”, señaló el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
Inclusive, el organismo de control le abrió un expediente a Ávila por presunta incidencia disciplinaria debido al riesgo fiscal que tiene el país, lo que atribuye al manejo de la deuda, en particular, por el encarecimiento de los intereses. “Colombia está emitiendo deuda con intereses cercanos al 15 por ciento, como ocurrió en la más reciente subasta de TES”, recordó César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
“Todo fue por contradicción política”
En respuesta a las críticas, Ávila, quien defiende la gestión del Gobierno con cifras, como la disminución de la pobreza monetaria en 4 puntos porcentuales y del desempleo (11,2 por ciento en 2022 a 8,5 por ciento en la actualidad), habla de un bloqueo político. “Al Gobierno le han cerrado todas las puertas por una contradicción política desde el Congreso de la República”, sostuvo.
Reclamó que la Contraloría no se haya pronunciado sobre el impacto de las decisiones del Banco de la República al incrementar las tasas de interés, lo que, indicó, también eleva el costo del endeudamiento público. “El cálculo nos dio que el impacto en la deuda por la decisión del Banco de la República fue de 1,8 billones de pesos”.
Entre ataques y defensas sigue la relación entre el Gobierno y las entidades que intentan ejercer pesos y contrapesos, lo que lleva a Hernández a sustentar que “el freno de mano en la relación con el Legislativo lo puso el mismo Gobierno, especialmente con la reforma a la salud.
El Ejecutivo se mostró soberbio al no querer ceder en nada y ni siquiera aceptar discutir, y, a cambio, emitir lo que se llamó el decretazo para convocar a consulta popular después de que el Senado le negara (en principio) la reforma laboral”.
La gran conclusión
Salazar afirmó que los datos de las votaciones “no respaldan la narrativa de que las reformas fiscales del Gobierno Petro se cayeron principalmente por razones políticas. El caso colombiano ilustra cómo las coaliciones legislativas alrededor de las políticas fiscales son sensibles a cambios en la percepción de sostenibilidad de las finanzas públicas”.
Los efectos de ese deterioro en las relaciones no se desvanecen con facilidad. En la actualidad, la reforma a la salud se encuentra en discusión, con un futuro incierto, ya casi ad portas del cierre del Gobierno.
El proyecto de ley del régimen sancionatorio aduanero duró meses sin ser debatido en el Congreso y solo recientemente avanzó. Le quedan pocos días antes de que venza el plazo que estableció la Corte Constitucional para que sea aprobado, luego de haber tumbado el decreto emitido para implementarlo, pero el alto tribunal consideró que tenía que ser tramitado en el Legislativo. La propuesta de ley sobre jurisdicción agraria también requirió un llamado urgente de la ministra de Agricultura para que fuera incluida en la agenda parlamentaria.
Así las cosas, para cualquiera que llegue a ocupar la presidencia después del 7 de agosto, la lección será la misma: “El Congreso, en su tarea de legislar, tiene el rol de ejercer control. Cualquier Gobierno que llegue tiene que enfrentar esa realidad”, sugirió Hernández.
La administración Petro eligió los choques en vez de la conversación y la negociación. De ahí que la conclusión del Observatorio Fiscal sea tener a la vista que, en contextos de creciente presión sobre las finanzas públicas, como los registrados en Colombia, la confianza en las cifras fiscales se convierte en un elemento central para la viabilidad legislativa de las propuestas económicas. Algo que debe anotar en letras grandes el nuevo Gobierno.