El contrabando en Colombia no solo es una ventana rota para la bolsa pública, sino un serio problema para la competitividad. Cada vez que surge una propuesta de reforma tributaria, el primer reclamo es que se logre recaudo quitando beneficios y cerrando las trochas que permiten el contrabando, en vez de poner nuevos impuestos a los que siempre los han pagado.
Las aduanas, que son los puntos de control del contrabando, en múltiples ocasiones han estado en la mira para ser fortalecidas. Pero lo importante parece ser construir e implementar un nuevo régimen sancionatorio, de lo contrario, de nada vale detener mercancías si no hay manera de torcerle el cuello a ese flagelo que afecta la economía.
En ese contexto, desde tiempo atrás se intenta establecer el paquete de medidas para impactar el contrabando, pero el camino ha sido tortuoso, aunque en los últimos días, de cara a la proximidad de la fecha límite que impuso la Corte Constitucional para que el Congreso de la República expida una ley formal que reemplace el régimen existente.
Mientras tanto, según refiere Analdex, gremio de exportadores y usuarios permanentes de las aduanas, “se ha logrado avanzar en un proceso de concertación con la Dian”, dijo Javier Díaz, directivo de la agremiación.
Por su parte, la Dian también aclaró interrogantes, luego de la ola de críticas que ha tenido el proyecto del régimen sancionatorio aduanero, que hasta ha sido tildado de concentrarse en castigar en vez de incentivar las buenas prácticas, y de ser muy complejo y con exceso de sanciones. Inclusive, se habló de que buscaba más lograr recaudo que ordenar el sistema para que fluya el comercio exterior.
Al respecto la Dian explicó: “Todas las críticas constructivas son siempre bienvenidas. Entendemos las necesidades de los diferentes actores y por eso hemos realizado más de 27 mesas de diálogo con el sector privado que nos han permitido encontrar puntos en común".
No se podrían aprender mercancías
La entidad encargada de los impuestos asegura que lo logrado hasta ahora permitirá entregar al Congreso de la República “un insumo equilibrado, técnico y concertado, que, en el marco de su autonomía, le permita adelantar el respectivo estudio y avanzar en un trámite legislativo exitoso, de un régimen sancionatorio aduanero que cumpla las expectativas y necesidades del país”.
Acerca de la urgencia para que se apruebe el régimen sancionatorio aduanero antes de que termine la legislatura de este primer semestre de 2026, la Dian recordó que se debe a una sentencia de la Corte Constitucional, en la que estableció un término expreso y perentorio, que vence el 20 de junio de este año.
“En esa fecha ya debe estar expedida, sancionada y vigente la ley que establezca este régimen sancionatorio aduanero, de decomiso y sus procedimientos aplicables”, manifestó la Dian.
En un eventual incumplimiento de dicho plazo, el efecto sería grave, “supondría un vacío jurídico de graves consecuencias para el país”, dijo la entidad, al tiempo que aclaró que se imposibilitaría al Estado para imponer sanciones administrativas y no se podrían aprehender mercancías, entre otras consecuencias que evitarían el ataque frontal al comercio ilegal.