Ocho de cada diez pequeñas y medianas empresas colombianas no estarían preparadas para enfrentar las nuevas exigencias de la legislación laboral. La advertencia cobra relevancia tras la entrada en vigor de la jornada laboral de 42 horas semanales y el fortalecimiento de las inspecciones del Ministerio del Trabajo.
La cifra corresponde a una estimación realizada por Grupo Soluciones Legales, que explica el nivel de exposición de las pymes que no cuentan con acompañamiento jurídico permanente para revisar y actualizar sus obligaciones laborales.
“Una inspección hoy puede encontrar hallazgos en prácticamente cualquier pyme que no haya actualizado su estructura legal en los últimos doce meses”, explicó Alexander Grajales, director ejecutivo.
El riesgo aumenta en un momento en que las autoridades laborales pueden realizar inspecciones sin previo aviso. Bajo la Resolución 4179 de 2025, el Ministerio del Trabajo reforzó sus mecanismos de inspección y vigilancia, mientras que el Código Sustantivo del Trabajo contempla sanciones económicas para los empleadores que incumplan las disposiciones laborales.
A este escenario se suma un cambio que impacta directamente la operación de las empresas: desde el 15 de julio de 2026, la jornada máxima quedó establecida en 42 horas semanales, como parte del proceso de reducción gradual dispuesto por la Ley 2101 de 2021.
Para las pymes, que representan el 99,5% de las más de 1,5 millones de empresas formales activas que registra Colombia, estos cambios implican revisar aspectos como horarios, contratos laborales, reglamentos internos y políticas relacionadas con los trabajadores.
La situación también puede trascender el ámbito estrictamente laboral. Las empresas pueden enfrentar procesos judiciales por conflictos con trabajadores y revisiones relacionadas con sus aportes a seguridad social y parafiscales.