Una cirugía, un diagnóstico o un procedimiento médico pueden durar horas, pero sus consecuencias jurídicas y financieras pueden extenderse durante años. En Colombia, la responsabilidad médica tiene un componente de largo plazo, debido a que determinadas acciones de indemnización por falla médica pueden tener términos de prescripción de hasta diez años contados desde el hecho dañoso, según la naturaleza de la acción y decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

Ante esta realidad, Félix Ricardo Garzón, directivo de TUT RE, plantea un modelo de gestión integral del riesgo para instituciones de salud que combina aseguramiento especializado, análisis temprano de reclamaciones, prevención y capacidad de reaseguro.

El modelo parte de un diagnóstico de cada institución, debido a que los riesgos pueden variar según el nivel de complejidad, las especialidades, el volumen de procedimientos, el historial de reclamaciones, los límites, la retroactividad y posibles vacíos de cobertura.

Con esta información se estructura la alternativa de aseguramiento y el respaldo de reaseguro. El proceso también contempla el seguimiento de PQRS, tutelas, eventos adversos y reclamaciones, acompañado de análisis médico-jurídico para identificar señales de riesgo y oportunidades de mejora.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se presentaron más de 312.500 tutelas en salud en Colombia, un aumento del 17,92 % frente a 2024.

“La lógica es que la información generada por cada caso también sirva para prevenir nuevos eventos. Una reclamación puede convertirse en un insumo para revisar procesos, fortalecer protocolos y disminuir la posibilidad de recurrencia”, explica Garzón.

Otro componente está relacionado con las coberturas con base en ocurrencia, en las que un hecho ocurrido durante la vigencia puede seguir protegido frente a una reclamación posterior, según los términos y límites contratados. Esto permite revisar aspectos como continuidad, retroactividad y capacidad de respuesta.

En este proceso, los brokers y corredores acompañan a las instituciones en la estructuración de sus programas de seguros. “El broker conoce la operación y las necesidades de los hospitales. Nuestro papel es aportar una capacidad técnica especializada en riesgos de salud, para construir conjuntamente una estructura de protección que responda a la realidad de cada institución”, concluye Garzón.